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Taxis vs. Uber: tres años de conflicto
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Taxis vs. Uber: tres años de conflicto

La Justicia europea da la razón al colectivo de taxistas y exige a la 'app' que cumpla con los mismos requisitos que se imponen a cualquier compañía de transporte

Foto: Huelga de taxis en Barcelona en noviembre | Foto: EFE
Huelga de taxis en Barcelona en noviembre | Foto: EFE

Han sido más de tres años cargados de polémica lo que ha durado el conflicto entre el colectivo de taxis español y la aplicación de servicio de transporte Uber hasta que la Unión Europea ha tomado una decisión: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hablado y ha asegurado que la 'app' es un servicio de transporte y, como tal, debe cumplir con los mismos requisitos que cualquier compañía de transporte. La guerra con el taxi español arrancó en abril de 2014, cuando la empresa aterrizó en Barcelona. Meses después, en septiembre, lo hizo en la capital, donde la Comunidad de Madrid, en colaboración con Guardia Civil y Policía Local, adelantó que sancionaría a sus conductores en caso de no aportar la documentación requerida.

Desde antes incluso de la aparición de la compañía en España, el sector del taxi comenzó a advertir: no toleraría de ningún modo la competencia desleal que supone la irrupción de un sistema de servicios de transporte que no cumple con las mismas exigencias que tiene el histórico colectivo. En El Confidencial hacemos un repaso por las fechas más importantes del conflicto y los temas clave para entender lo que ha ocurrido durante los tres años de guerra con la aplicación móvil.

Primer cierre de Uber: diciembre de 2014

Después de varias huelgas a nivel nacional, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ordenó el cese y prohibición en toda España del sistema Uber, al considerar que sus conductores carecían de toda autorización administrativa para desarrollar la labor y que su actividad suponía esa competencia desleal que ha venido denunciando el sector del taxi. Esto fue una primera victoria para el taxi, aunque no definitiva.

Foto: quince-claves-para-entender-el-cerrojazo-a-uber-espana

En un principio, Uber aseguró que se trataba de una decisión judicial desproporcionada y discriminatoria, razón por la cual optó por continuar ofreciendo sus servicios a los usuarios españoles, a pesar de que su página web, ya entonces, estaba caída. Sin embargo, a final de mes, antes de arrancar el nuevo año, Uber dejó de operar en España, eso sí, advirtiendo de que era momento de apelar la sentencia judicial y buscar alternativas para seguir dando opción a los españoles para acceder a sus servicios de transporte.

El año 2015 empieza para los taxistas españoles con una victoria que quieren extender por el resto de Europa. Por eso, las entidades representantes de taxistas españoles se lanzaron en una campaña de presión en la Unión Europea para tratar de frenar cualquier intento por parte de 'apps' como Uber o Cabify de operar en el mercado de modo "desleal y haciendo 'dumping' social y fiscal".

Uber denuncia a España: marzo de 2015

No pasan ni tres meses hasta que la compañía empieza a tomar medidas: a finales de marzo la 'app' presentó una queja formal contra España ante la Comisión Europea, alegando que la decisión de la Justicia española que ordena el cese de Uber en el país viola "el principio del mercado interno de la Unión Europea" y que "contraviene la legislación comunitaria". Así, Uber solicitó a la Comisión el inicio de un procedimiento de infracción contra España y que, en caso necesario, se eleve hasta el TJUE.

placeholder Manifestaciones de taxis en Madrid en 2014 | Foto: EFE
Manifestaciones de taxis en Madrid en 2014 | Foto: EFE

El año 2015 la compañía estadounidense se embarca en una estrategia para alcanzar la legalidad en España que parte en el momento en el que presenta el recurso al auto que ordena su cese de actividad en España. Desde entonces surgen las discusiones sobre su modelo, más conflictos políticos con el Gobierno y el juicio de Barcelona, que se celebra ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de la Ciudad Condal y donde Uber se defiende asegurando que es una empresa de servicios a la sociedad de la información, razón por la cual no debe aplicársele la normativa de empresas de transporte.

Nueva estrategia: noviembre de 2015

Sin embargo, la compañía sigue dándole vueltas. ¿Cómo seguir operando (legalmente) en España? Es entonces cuando comienza su apuesta por operar con licencias VTC (Vehículo de Turismo con Conductor) que en virtud de la legislación actual son completamente legales. Esto supone un cambio en el funcionamiento de la 'app', que pasaría a operar con alquier de coches con conductores privados pero regulado por la ley de transporte actual.

Según la compañía, España es uno de los pocos países europeos que pone un límite al número de licencias VTC que se pueden otorgar. Y pone un ejemplo: en Londres operan 10 taxis con licencia VTC ('private hire') por cada 1.000 habitantes. En España la media de las principales ciudades se sitúa en cinco taxis por cada 1.000 habitatantes. Aquí empieza un periplo paralelo con la Justicia española.

Ante esta vuelta de tuerca, el colectivo anuncia nuevas huelgas con el objetivo de reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy que apruebe el proyecto de Real Decreto por el que se modificaría el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), un "compromiso personal" del jefe del Ejecutivo con el taxi español.

placeholder Protesta a favor del taxi en Madrid | Foto: Reuters
Protesta a favor del taxi en Madrid | Foto: Reuters

Uber regresa a España: inicios de 2016

La aplicación adelante su regreso: lo hará reconvertida en el servicio UberX, con conductores profesionales con licencia VTC. Los taxistas, que no se fían de Uber, avisan antes de que lleguen de que volverán a demandar a la empresa en cuanto vuelva a cometer una ilegalidad. Pero aun así, llegan de nuevo. Lo hacen en marzo de 2016 en Madrid, con una política agresiva de precios y un nuevo modelo que se ajusta, según la propia compañía, a la legalidad vigente.

Al regreso de Uber a las carreteras españolas, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) interpone un recurso contencioso-administrativo contra determinadas restricciones a la competencia establecidas en la normativa que regula los vehículos de alquiler con conductor. Considera que reducen la competencia en este mercado y afectan negativamente a los precios, la calidad, la innovación y "en definitiva al bienestar general".

Esto abre una nueva brecha en la guerra contra Uber: el colectivo de taxistas decide personares en esta causa, ya que cree que la CNMC va a precarizar el sector del transporte privado en favor de las grandes multinacionales.

Guerra de licencias: 2016-2017

Mientras Uber se adapta a gran velocidad a su nuevo modelo de servicio, el colectivo del taxi solicita 5.000 autorizaciones de licencias de alquiler de vehículos con conductor (VTC), las mismas que utiliza la 'app', para bloquearlas y que no se puedan utilizar. Los taxistas temen su desaparición en una década si la situación continúa en esta tendencia.

En febrero de 2017, el Tribunal Supremo puede darle la puntilla al sector del taxi en Madrid si finalmente decide dar vía libre a más de 3.000 autorizaciones VTC (alquiler de vehículos con conductor) paralizadas a la espera de la decisión del alto tribunal. La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Transportes, presenta recursos de casación para que el Supremo unifique doctrina, ya que por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falla a favor de las empresas que las solicitaron y tribunales de otras comunidades, en contra. Mientras, las huelgas siguen sucediéndose. El intrusismo en el sector no se detiene, denuncian, y exigen que haya cambios.

Foto: Uno de los representantes de la asociación Élite Taxi Madrid, durante la huelga del pasado 26 de abril en la capital. (EFE)

Y finalmente ocurre la tragedia (para el taxi): la sala tercera de lo contencioso-administritativo del alto tribunal emite las dos primeras sentencias otorgando nuevas licencias VTC de las miles que estaban paralizadas a la espera de su fallo. Aprueba en total 80 nuevos permisos VTC a conceder en la Comunidad de Madrid pero, más importante, sienta jurisprudencia que va a ser utilizada en las próximas sentencias similares que están por llegar. De aquí a enero el Supremo aprobará más de 300 licencias. Y quedan unas 6.000 pendientes solo entre Madrid y Barcelona. Y casi todas se van a aprobar.

Europa habla: de mayo a diciembre de 2017

Es en mayo de este mismo año cuando la Justicia europea comienza a dar la razón a los taxistas: las conclusiones de Maciej Szpunar, abogado general del TJUE, son claras: pese a que Uber es una plataforma innovadora, de carácter digital, los servicios que prestan son de transporte. Es decir, se puede exigir a la compañía que cumpla con los requisitos que se exigen a otros gremios, como el de los taxistas. Un duro revés para Uber, sobre todo cuando en diciembre toma la decisión definitiva: la UE obliga a la compañía a operar, efectivamente, como compañía de transporte.

Pero Uber continúa ecuánime: "No cambia absolutamente nada", dice, dejando claro que esta noticia no va a hacer que su proyecto cambie. "Esta decisión no cambia nada en la operativa de Uber en la mayoría de los países de la UE", asegura el portavoz. Aunque también apunta que les queda mucho por hacer. "Todavía hay millones de europeos que no pueden usar 'apps' como la nuestra. Como dijo recientemente nuestro nuevo CEO, conviene regular servicios como Uber y por ello continuaremos el diálogo con países y ciudades en toda Europa", culmina.

Han sido más de tres años cargados de polémica lo que ha durado el conflicto entre el colectivo de taxis español y la aplicación de servicio de transporte Uber hasta que la Unión Europea ha tomado una decisión: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hablado y ha asegurado que la 'app' es un servicio de transporte y, como tal, debe cumplir con los mismos requisitos que cualquier compañía de transporte. La guerra con el taxi español arrancó en abril de 2014, cuando la empresa aterrizó en Barcelona. Meses después, en septiembre, lo hizo en la capital, donde la Comunidad de Madrid, en colaboración con Guardia Civil y Policía Local, adelantó que sancionaría a sus conductores en caso de no aportar la documentación requerida.

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