Condenado a pagar 1.992 euros después de que su perro fuera atropellado

En enero de 2015, el perro de Diego M.L. se escapó de su dueño y no se le volvió a ver durante varios días. El 31 de enero el animal fue atropellado y apareció en una cuneta de la carretera que une las localidades de Brenes con Villaverde del Río, en la provincia de Sevilla. No solo estaba herido por el accidente, sino que había sido mordido por otros perros.

De manera milagrosa el can sobrevivió y fue recogido por la asociación Animalius, que lo trasladó a una clínica veterinaria donde estuvo ingresado durante dos meses en los que recibió diferentes tratamientos. El atropello provocó que el chip que lleva cada perro se moviera de su lugar, por lo que al principio el animal no pudo ser identificado.

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Sin embargo, meses después sí fueron capaces de detectarlo, por lo que las dos organizaciones que se encargaron del can, Animalius y La Sonrisa Animal contactaron con el dueño para hacerle saber que su mascota estaba viva. Diego M.L. fue hasta en cinco ocasiones hasta la clínica veterinaria y habló con alguno de los profesionales que trataron a su perro, pero se negó a pagar el dinero que habían costado sus tratamientos.

Condenado judicialmente

Las ONG decidieron entonces denunciar a Diego M.L. ante la justicia para que abonara los costes veterinarios del tratamiento de su perro. Ahora, el propietario ha sido condenado a pagar 1992 euros por los tratamientos que recibió su mascota por el atropello, la atención recibida y las complicaciones que se produjeron en 2018 y que obligaron a intervenirlo de nuevo.

La jueza cree que los 1992 euros solicitados no son una cantidad excesiva

Rafael González Bermejo, presidente de Animalius, ha explicado a Diario de Sevilla que se trata de una sentencia muy importante ya que "el abandono no puede salir gratuito". La juez que juzgó el caso resalta que "no es una cifra desorbitada o desproporcionada que tanta desconfianza ha generado en el demandado".

Según Diego M.L., el convenio de colaboración que alcanzaron LASA y Animalius en agosto de 2015 para hacer frente a los gastos derivados de su perro "pudo ser confeccionado expresamente para dar cobertura a la demanda". Sin embargo, la jueza da la razón a las dos ONG y obliga al propietario del can a pagar los tratamientos veterinarios que recibió su mascota.