Cómo reducir el contrabando de tabaco en ocho pasos
  1. Sociedad
detrae cada año unos 750 millones al estado

Cómo reducir el contrabando de tabaco en ocho pasos

EY Abogados presentó en agosto su primer estudio multisectorial sobre la situación del contrabando de tabaco en España y las medidas para combatirlo

placeholder Foto:

EY Abogados presentó el pasado agostosu primer estudio multisectorial sobre la situación actual del contrabando de tabaco en España y las posibles medidas existentes para combatirlo. Incluye ocho bloques de recomendaciones legislativas y ejecutivas muy concretas para luchar contra un fraude que, según sus cálculos, detrae cada año unos 750 millones de euros al Estado.

Junto a otras causas, las fuertes subidas de impuestos al tabaco aprobadas en España entre 2010 y 2011han contribuido al fuerte incremento apreciado en el comercio ilícito en nuestro país. Si en 2010 la incidencia del contrabando en el mercado nacional era del 2,11%, el año pasado la cifra había subido al 8,64%, y no deja de crecer.

El estudio de EY Abogados, encargado por Philip Morris Spain, identifica tres razones de fondo para explicar ese fuerte aumento del fraude. La primera, la escasa sensibilidad social frente al problema del contrabando. Más de la mitad de los fumadores españoles consideran normal fumar tabaco ilícito, y en general nuestra sociedad se muestra permisiva hacia este fenómeno.

En segundo lugar, el estudio plantea la oportunidad de realizar un plan unificado de persecución de las mafias que se lucran con el contrabando de tabaco, similar al que, por ejemplo, se lleva a cabo desde hace casi una década contra la piratería de contenidos audiovisuales. Y en tercero, a pesar del buen trabajo realizado por las Administraciones Públicas, se observa que la cooperación aduanera y los sistemas de control pueden seguir optimizándose, sobre todo mediante el reforzamiento de la coordinación y cooperación internacional, así como la colaboración con los fabricantes.

Los autores alertan muy especialmente sobre el alto desconocimiento social de los muchos e importantes perjuicios que el contrabando de tabaco ocasiona en España. Desde las subidas de 2010 y 2011, la carga impositiva del tabaco ronda el 80% del precio de venta al público. Esa horquilla constituye el incentivo para que las mafias se surtan de tabaco legal de otros países con menor carga fiscal para, tras su introducción irregular en España, venderlo a un precio más barato en nuestro país, sin el menor control sanitario y sin tributar.

El incremento del contrabando producido en los últimos años ha provocado también una actuación más intensa de la Administración, actividad que se ha puesto de manifiesto en el aumento de los controles aduaneros en fronteras especialmente conflictivas, como la de Gibraltar, o la propuesta más reciente de endurecimiento de las sanciones por infracciones administrativas al contrabando. A pesar de estos esfuerzos, el contrabando de tabaco en nuestro país sigue siendo un problema de gran calado. Por ejemplo, en 2012 España destinó a becas y ayudas para la enseñanza secundaria 566,56 millones de euros. Dicho de otro modo, si el dinero defraudado en España por las mafias del tabaco (suma que el estudio estima en 750 millones de euros al año) hubiese sido recaudado, solo con esa partida podrían haberse pagado todas las becas para alumnos de secundaria, y además incrementado un 32,4% sus importes.

Vídeo:Los estanqueros de Cádiz echan el cierre por culpa del contrabando

En grandes cifras, el contrabando de tabaco en España equivale a unos 200 millones anuales de cajetillas genuinas de terceros países, que llegan ilegalmente a nuestro país sin pasar por las autoridades aduaneras y sin abonar impuestos. La mitad de esas cajetillas son de marcas conocidas de los cuatro grandes fabricantes mundiales, si bien el compromiso y los controles añadidos por los cuatro están reduciendo sustancialmente ese porcentaje. Según el estudio, el peligro creciente procede de fabricantes menores y de sus marcas blancas o illicit whites. En muchos casos, se trata de marcas autorizadas para ser vendidas en España, aunque su consumo real se concentra en el tráfico de cajetillas ilícitas procedentes de terceros países.

Un estudio clásico en el sector, el Empty Pack Survey, realizado por Ipsos Marketing sobre cajetillas vacías recuperadas de papeleras y basuras, certifica que en España lideran ese tráfico ilícito las marcas Ducal y American Legend, la primera de un fabricante luxemburgués y la segunda de otro griego, con un 23,3% del total de las muestras recogidas que no han pagado impuestos mientras que contradictoriamente su cuota en el mercado legal nacional es inferior al 0,1%. [VY1]

Las muestras procedentes de basuras son determinantes en los dos casos: por ejemplo, en el segundo trimestre de 2013, de cada 100 cajetillas recuperadas de Ducal, solo 1,5 pagaba sus impuestos en España. En el caso de American Legend, el porcentaje bajaba hasta 0,9 de cada cien. Sus respectivos fabricantes no han suscrito acuerdos con las autoridades comunitarias para luchar contra el comercio ilícito de cigarrillos, a diferencia de PMI, JTI, BAT e Imperial, las cuatro grandes, que tienen firmados sendos acuerdos al respecto con la Comunidad Europea.

Desde la subida fiscal de las labores del tabaco en 2011, España ha empezado a dejar atrás su papel tradicional como lugar de tránsito del contrabando hacía países con tipos impositivos más altos, para empezar a convertirse paulatinamente en país de destino final de los productos ilícitos. Un tráfico anual de unos 210 millones de cajetillas y 750 millones de euros defraudados es el perfecto caldo de cultivo para el crimen organizado. Según un reciente informe de Europol, las bandas organizadas están incrementando su participación en el contrabando de tabaco como alternativa al tráfico de drogas, debido a las penas más bajas con las que están castigados los ilícitos relativos al tabaco.

Según datos de la propia Comisión Europea, aproximadamente el 70% del comercio ilícito de tabaco en la Comunidad se asocia a redes de delincuencia organizada. A la vez, el mayor protagonismo de las mafias agrava los riesgos del tabaco fraudulento, tanto por condiciones de fabricación como por manipulación, transporte o almacenamiento.

placeholder

Por si fuera poco, el fraude afecta directa y gravemente al sector tabaquero nacional, cuyo valor añadido bruto directo e indirecto roza los 2.750 millones de euros, con más de 56.000 empleos. Un informe de Analistas Financieros Internacionales apunta que, ante un potencial incremento del tráfico de tabaco desde el 8,6% actual hasta el 11,5%, se produciría un descenso de 100 millones de euros anuales en el valor añadido bruto de la industria tabaquera, con la pérdida añadida de unos dos mil empleos entre directos e indirectos.

En ese contexto cada vez más alarmante, EY Abogados realizóun ambicioso estudio multisectorial para el que consultóa diferentes agentes afectados. Sobre los datos recopilados elaboró un primer estudio sobre la situación actual del contrabando de tabaco en España, y de ahí ha extraído ocho bloques de recomendaciones básicas para combatir el fraude.

OCHO PROPUESTAS CONTRA EL CONTRABANDO

El informe de EY sostiene que las Administraciones y autoridades implicadas deben centralizar sus esfuerzos en luchar contra el contrabando de tabaco, adoptando una estrategia pública completa, integrada y sistemática, en un sentido parecido a las estrategias ya existentes para la lucha contra otras actividades ilícitas como la economía sumergida, el blanqueo de capitales o el tráfico de estupefacientes.

Recomiendan fortalecer la actual colaboración entre administración e industria mediante una estrategia unificada, en la que colaboren la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y las distintas policías, el Ministerio de Sanidad y la propia industria. Esa estrategia debería contemplar objetivos concretos medibles en el número y volumen de incautaciones o en el número de expedientes administrativos y penales de contrabando incoados.

Además, se propone contar con una dotación presupuestaria concreta, que permitiría identificar más fácilmente necesidades adicionales y refuerzos, así como evaluar el grado de eficacia de los resultados obtenidos. Asimismo, se sugiere a la Administración que prepare sus propios estudios y estimaciones sobre el problema, realizados con base en metodologías fiables y contrastadas como las basadas en el análisis de cajetillas vacías descartadas (en lugar de acudir a metodologías menos fiables como las encuestas de consumo utilizadas en Reino Unido o Francia).

Vídeo: La UE ve motivos para investigarel contrabando en Gibraltar

Los autores sostienen que el desconocimiento social frente a los múltiples perjuicios derivados del contrabando de tabaco explica la indiferencia y hasta permisividad existente frente al mismo. Creen que las campañas de concienciación realizadas por el sector no han sido suficientes, y echan de menos iniciativas similares de carácter mixto o público.

Deberían estar dotadas de recursos suficientes, y mantenerse en el tiempo hasta obtener niveles de rechazo al tráfico ilícito similares a los de otros países. Incluso plantean la posibilidad de establecer alguna campaña educativa entre los jóvenes que acaban de alcanzar la mayoría de edad.

Además, aconsejan establecer campañas específicas de formación y concienciación entre las policías locales, que son los cuerpos de seguridad que, por su cercanía al punto de venta, más eficazmente podrían luchar contra la comercialización de los productos ilícitos.

La nueva Directiva Comunitaria exige destinar a advertencias sanitarias el 65% de las dos caras principales de cada cajetilla. Algunos sectores abogan por ir incluso más allá, con un empaquetado genérico donde se elimine cualquier logo o referencia gráfica de marca, y se limite la identificación a un nombre insertado con letra, color y ubicación estándar.

Los agentes sectoriales, agrupados en la Mesa del Tabaco, creen que dichas medidas de estandarización minusvaloran los derechos de marca legítimamente ostentados y facilitan la aparición de productos de contrabando. Los autores del estudio, en línea con el propio sector del tabaco, observan que puede existir una correlación entre la pérdida de identificabilidad de los productos y la incidencia del comercio ilícito de las labores del tabaco. Sin presencia de marca, la indiferenciación entre tabaco lícito e ilícito será mucho mayor, lo que podría aumentar el consumo fraudulento, especialmente entre los menores[CA2]

Asimismo, el estudio aconseja que se evalúe la conveniencia de suavizar la ley 13/1998 y la ley 28/2005, de Ordenación del Mercado de Tabacos. Desde su entrada en vigor, la publicidad y las actividades promocionales están prohibidas, incluso (salvo mínimas excepciones) en los estancos. Sin promoción, lanzar nuevas marcas en el mercado lícito se ha vuelto muy difícil, lo que puede llegar a favorecer la aparición de canales de distribución indirectos, como es el caso del contrabando de productos genuinos procedentes de zonas fronterizas. Los autores creen que una mayor permisividad a las prácticas promocionales, al menos a las desarrolladas en el interior de los estancos, podría funcionar como una barrera a la introducción de productos ilícitos.

El estudio observa que tras la reforma operada a principios de 2010, se han reducido hasta el extremo los requisitos de acceso a la actividad por parte de los distribuidores mayoristas, a los que ahora basta una simple declaración de responsabilidad para ejercer. En este punto, consideran que la vuelta a un sistema de licencias más estricto, podría, de conformidad con lo previsto en el protocolo de la OMS contra el comercio ilícito de tabaco, reducir el riesgo de entrada de operadores irregulares en nuestro país y contribuir así a frenar el contrabando de tabaco en España.

placeholder

Por otro lado, el estudio pide mantener el régimen de monopolio minorista actualmente vigente en España (salvo en Canarias), régimen que se considera una barrera eficaz frente a un mayor desarrollo del tráfico ilícito. En este sentido, los autores alertan sobre el efecto perjudicial que, en este ámbito, podrían tener algunas de las recomendaciones recientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, dirigidas a atenuar el monopolio e introducir medidas de liberalización de la venta minorista de tabaco.

El estudio ha detectado un significativo foco de producto ilícito en ferias, fiestas populares y otras concentraciones públicas alejadas de centros urbanos. En esas ocasiones y emplazamientos, la oferta legal de tabaco suele ser siempre insuficiente. Los autores abogan por establecer medidas concretas para agilizar, simplificar y promover la extensión transitoria de expendedurías, un sistema que con la normativa actual apenas ha funcionado.

Los cuatro grandes fabricantes de tabaco en España mantienen una amplia colaboración con las autoridades españolas tras el acuerdo de colaboración firmado por cada una de ellas con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, y tienen en marcha sistemas normalizados de trazabilidad de sus cajetillas, desde la fabricación hasta la venta.

El estudio recomienda generalizar sistemas similares de control de la trazabilidad y de la diligencia debida para el resto de los fabricantes –aquellos que todavía no han firmado acuerdos para la lucha contra el contrabando–, de manera que también deban acreditar el empleo de procedimientos seguros y medidas de control interno equivalentes a las de las cuatro tabaqueras principales. En todos los casos, deberían incluir los estándares establecidos al efecto por el protocolo de la Organización Mundial de la Salud contra el comercio ilícito.

Aconseja también constituir una Mesa Sectorial de lucha contra el comercio ilícito, formada, al menos, por la Agencia Tributaria, el Comisionado para el Mercado de Tabacos, los Ministerios de Interior y Sanidad, la Federación de Municipios y las distintas tabaqueras mayores. Podría constituirse bien como Comisión Intersectorial o bien, de un modo más ágil, al menos como Observatorio del comercio ilícito de tabaco en España.

Así como enmendar las actuales debilidades aduaneras y el régimen de las tiendas libres de impuestos. Las franquicias aduaneras y fiscales, que permiten a los viajeros introducir en España pequeñas cantidades de tabaco sin obligación de pago de impuestos, son frecuentemente utilizadas de modo abusivo. El estudio de EY exhorta a combatir esas malas prácticas, adoptando soluciones que no sean contradictorias con el Derecho comunitario. Como posibles medidas, sugieren denegar la condición de viajeros a quienes entren y salgan del territorio en cuestión con demasiada frecuencia, o a quienes no pasen allí al menos un tiempo mínimo.

placeholder

Ambas fórmulas serían compatibles con el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, habitualmente conocido como Convenio de Kioto. Para su puesta en práctica bastaría con una lectura y registro digital de los documentos de identidad. Además, esas prácticas estarían en consonancia con las últimas recomendaciones de la Comisión Europea para combatir el contrabando de tabaco, formuladas en junio de 2013.

En el caso de las tiendas libres de impuestos existentes en aeropuertos, se recomienda obligar a que dichos establecimientos informen a los viajeros de los límites de ventas permitidos en las Jurisdicciones de destino, así como reforzar el control del principio de diligencia debida en materia fiscal. Ello podría hacerse en el marco del Certificado aduanero de Operador Económico Autorizado del que necesariamente deben disponer este tipo de operadores, y que podría orientarse en mayor medida hacia el control de este tipo de riesgos aduaneros y fiscales.

Los autores creen que el escaso riesgo penal y administrativo del contrabando en España favorece su práctica. Recuerdan que el último cambio normativo elevó el umbral del delito de contrabando desde los 6.010 hasta los 15.000 euros, lo que hace que la mayoría de tráficos fraudulentos con origen en Gibraltar, Andorra o Canarias sólo puedan ser ahora atacados por vía administrativa, y no por vía penal. Solicitan, por tanto, que el umbral mínimo vuelva a rebajarse y se sitúe en la anterior cifra de 6.010 euros.

En cuanto a las sanciones administrativas por contrabando, los autores proponen elevarlas de forma significativa. Creen que, al menos, las multas por infracciones leves deberían suponer un 300% del valor de los bienes (frente al 200%-225% actual), elevarse al 450% en el caso de las graves (ahora están entre el 225% y el 275%), y subir hasta el 600% en el caso de las muy graves (ahora están entre el 275% y el 300%). Lo justifican en que la carga fiscal del tabaco es más del triple de la de los bienes sujetos a fiscalidad ordinaria, por lo que las sanciones también deberían mantener, al menos, esa proporción.

A este respecto, los autores aplauden la introducción, en el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de una serie de modificaciones del régimen sancionador de las infracciones administrativas de contrabando, modificaciones entre las que se incluye una elevación sustancial de las sanciones, en particular, de las aplicables a infracciones graves y muy graves.

Tabaco Philip Morris Contrabando Guardia Civil Ministerio de Sanidad
El redactor recomienda