El juez elogia a la Policía Judicial: "Su actuación queda en los anales de la investigación criminal"

El error policial del caso Bretón no sólo ha dejado perpleja a la sociedad española, también al juez que instruye el caso más mediático de la historia criminal contemporánea del país. El magistrado José Luis Rodríguez Laínz se moja y no tiene reparos en “hacer autocrítica” en el auto de prisión que dictó el pasado miércoles contra José Bretón, al que ya le imputa un doble delito de asesinato, por la muerte de sus dos hijos, Ruth y José.

Rodríguez Laínz califica de “errático dictamen judicial” el informe forense que dijo que los huesos hallados en la hoguera de Las Quemadillas eran de animales, y no humanos como han demostrado otros tres informes posteriores, a la vez que alaba el “magistral” trabajo de la Policía Judicial en la que “ha sido una de las más complejas actuaciones” de los últimos años y que quedará “en los anales de la investigación criminal en España”.

Por eso, y sustentándose en el fallo del primer informe, al magistrado cordobés no le tiembla el pulso a la hora de escribir en el auto de procesamiento que sería conveniente “abrir un debate serio a nivel de protocolos de actuación [de la Policía Nacional] para que algo tan dramático y doloroso como lo sucedido no vuelva a acontecer”.

El juez que ha dirigido desde el primer día el caso de la desaparición de Ruth y José (estaba de guardia en la Audiencia Provincial de Córdoba cuando José Bretón presentó la denuncia de la pérdida de sus hijos el 8 de octubre de 2011) sostiene que los investigadores de la Policía Judicial siempre sospecharon de la hoguera, que todos los indicios apuntaban a que Bretón había hecho allí algo extraordinario y que la fogata “ocultaba algo muy importante”. Rodríguez Laínz enumera los indicios: “Comportamientos anómalos” de José Bretón, hallazgo de huesos y dientes, la “cronología de los hechos”, la “inverosimilitud patente de las distintas versiones exculpatorias por parte del encartado...”.

Análisis complementarios

Por eso, y “ante tal confrontación entre razón y ciencia, habría sido coherente bien replantearse el grado de rotundidad de las conclusiones del informe o al menos determinar la naturaleza concreta de los huesos del animal para fundamentar mejor el descarte, o bien sugerir la posibilidad de realizar análisis complementarios o recabar el auxilio de peritos con mayor grado de conocimiento”.

En este punto, el juez coincide con lo denunciado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el miércoles mismo, cuando se conoció la destitución de la responsable del informe fallido, asegurando con rotundidad que se solicitó una segunda opinión porque todos los indicios del caso Bretón apuntaban a la hoguera. El magistrado concluye así: “Con esta sencilla prevención, regla protocolaria, evitaría no solo lo sucedido desgraciadamente en este caso, sino posibles errores futuros de similar o mayor trascendencia aún”.

“Los informes deberían contrastarse una y otra vez”

El magistrado, en un auto de diez folios, se plantea que cuando exista una confrontación tan clara entre los indicios y la “solución científicamente defendible” los informes de los peritos forenses de la Policía Nacional “deberían ser contrastados una y otra vez hasta que esas afirmaciones alcancen un grado de certeza prácticamente apodíctico”, es decir, y usando la lógica aristotélica, demostrable.

El SUP (Sindicato Unificado de Policía) ya destacó que no resultaba “decente” pretender focalizar el asunto en el error de la técnico pericial, “cuya hoja de servicios contiene también muchos aciertos, pues si los protocolos de actuación, la organización del trabajo, estuviesen programados de manera racional este error no se habría podido cometer”.

El sindicato policial tampoco se explica cómo los investigadores del caso, ante los indicios existentes, no aceptaran pedir un nuevo informe pericial o contra©informe. “No es posible que esa primera opinión se emita solo por una persona, tras muchas horas de recoger restos, y más cuando son restos incinerados, y que después eso se transforme en una pericia y no sean sometidos a ninguna prueba de laboratorio”.

Añade el SUP: “Es moralmente inaceptable que la funcionaria afectada se haya enterado por los medios de comunicación de su destitución y que sus jefes aun le digan que no saben nada de esa noticia. Podría Cosidó [Ignacio Cosidó, director general de la Policía] de paso revisar los procedimientos internos de toma de decisiones, los suyos, y de cómo respetar los derechos y la dignidad de los funcionarios que habitualmente desprecia y pisotea”.

Como publicó El Confidencial el pasado domingo, el caso Bretón tuvo hasta tres responsables policiales distintos (y con conflictos entre ellos) durante la primera semana. El 8 de octubre de 2011, el día en que Bretón denuncia que ha perdido a sus hijos en un parque, Córdoba es una ciudad que carece de comisario de Policía Nacional. El anterior, José Antonio de la Rosa, fue destituido en enero de 2011 después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que estimó que su nombramiento no se ajustó a derecho. Por eso, aquel 8 de octubre Córdoba tenía un comisario provisional.