La Fundación Intervida no financió proyectos pagados por sus padrinos

La Fundación Intervida ha recaudado desde 2007 a través de sus padrinos cerca de 100 millones de euros que nunca llegaron a financiar proyectos en Perú, Bolivia y Guatemala, objetivo inicial para el que estaba destinada esa cantidad, según una información publicada este domingo por La Gaceta.

La que fuera ONG no institucional más grande del país, se encuentra intervenida judicialmente desde 2007, cuando Pilar Calvo, titular del juzgado número 17 de Barcelona admitió una querella contra los fundadores de Intervida, a los que se les acusaba de la malversación de 200 millones de euros. La jueza se inhibió posteriormente del caso y éste llegó hasta la Audiencia Nacional, a manos de Baltasar Garzón, hasta que fue inhabilitado.

Los tres administradores propuestos por la entonces consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, decidieron que se suspendiese la ayuda a los proyectos de la ONG en los tres países citados, lo que suponía cerca del 80% de las actividades de Intervida. Esta decisión fue autorizada por Garzón, aunque no fue comunicada a los miles de padrinos que siguieron pagando las mensualidades por dinero que nunca llegaba a su fin original, informa el diario del grupo Intereconomía.

A pesar de que se cerró la financiación de estos proyectos, la web de Intervida siguió asegurando que se continuaba llevando a cabo. Una información falsa que se mantuvo hasta el año pasado. Para ocultar el fraude, la ONG ha llegado a negarse a facilitar balances de cuentas a sus padrinos.

Asimismo, la información también asegura que pese a la reducción del número de padrinos desde su intervención judicial en 2007, la ONG ha aumentado los costes salariales y ha disparado los gastos. Mientras que a finales de 2006 la partida "otros gastos de funcionamiento" ascendía a cerca de 390.000 euros, desde su intervención hasta hoy han alcanzado los 973.000 euros anuales.

La ONG se defiende

Según una nota enviada por Intervida a Intereconomía, la ONG afirma que se había remitido a esos proyectos una cantidad superior a cien millones de dólares, una cantidad que “permitía atender los proyectos en Perú, Bolivia y Guatemala durante un periodo aproximado de cuatro años. Por este motivo, el juzgado actuante ordenó la administración judicial paralizar el envío de fondos a las entidades consorciadas de los tres países mencionados”. Sin embargo, según La Gaceta, la cantidad garantizaba solo por poco más de un año la labor en dichos países.

Asimismo, Intervida asegura que las entidades encargadas de los proyectos en dichos países decían que seguían con los proyectos. Además, la ONG asegura que “en previsión de la mencionada intervención, la administración judicial ha venido reservando los fondos aportados los padrinos para el momento en que se hiciese efectiva”.