Orden de alejamiento para el padre que agredió a la directora de un colegio

El titular del juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha dejado en libertad provisional con cargos de lesiones y amenazas al hombre acusado de agredir el miércoles a la directora del colegio Loyola de Palacio de Vallecas y amenazar al jefe de estudios, y ha dictado contra él su alejamiento a menos de 500 metros del centro educativo, así como de los domicilios de los perjudicados.

El juez ha tomado estas medidas cautelares en virtud del artículo 544 bis del Código Penal. Además, le ha prohibido al presunto agresor comunicarse, por cualquier medio o método, con los denunciantes, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El magistrado del juzgado número 13, en funciones de guardia de detenidos, acordó a última hora de esta mañana la transformación en diligencias previas del expediente contra V.A.M, el padre del alumno del Loyola de Palacio, detenido ayer por la Policía por la presunta agresión, que en un principio iba a ser tramitado como juicio rápido.

Las presuntas víctimas de la agresión y el propio acusado han sido exploradas por el médico forense de guardia. Al tener el informe del especialista emitido hoy con carácter previo y ser imprescindible éste para la celebración del juicio rápido, y considerar el juez necesaria la realización de la práctica de nuevas diligencias -entre ellas, otras pruebas médicas, como la realización de radiografías-, el juicio rápido, como tal, no ha llegado a celebrarse.

Además del informe médico, el magistrado tiene previsto llamar a declarar a otros testigos de los hechos y acceder a otras pruebas documentales con el interés de esclarecer la veracidad de lo ocurrido. La Fiscalía, por tanto, no ha formulado aún escrito de acusación, a la espera de las citadas diligencias, aclaró el TSJM.

La Comunidad de Madrid solicitará entre uno y tres años de cárcel

Por su parte, la Comunidad de Madrid solicitará entre uno y tres años de prisión  y una multa de 2.000 por dos delitos de atentado a la autoridad para el padre que golpeó ayer a la directora y al jefe de estudios del colegio de Entrevías, según informaron fuentes jurídicas. Asimismo, la Comunidad solicita que se acuse al detenido de una falta de lesiones contra la directora del centro.

Los representantes de la Comunidad han declarado a los periodistas que pedirán al juez que reconozca que ha habido un delito de atentado contra la autoridad en el caso de los dos docentes y una falta de lesiones en el caso de la directora del colegio. 

Según fuentes cercanas a la investigación, y siguiendo lo relatado en la denuncia por la directora, el padre de uno de los alumnos llegó a las instalaciones del comedor del colegio en estado notable de agitación y "fuera de sí", lanzando continuos insultos y amenazas de muerte contra el jefe de estudios y, posteriormente, también contra la directora.

Al escuchar el revuelo y los gritos del padre, la directora salió a ver lo que pasaba y el hombre, que estaba "muy nervioso", la zarandeó y la dio un empujón, causándole lesiones de tipo leve en las rodillas y la espalda, según fuentes de la Jefatura Provincial de Policía Nacional.

Minutos después, varios agentes llegaron al centro y detuvieron al supuesto agresor, que dirigieron a dependencias policiales de Entrevías para tomarle declaración. Por su parte, la directora y el jefe de estudios formularon una denuncia ante la comisaría de Entrevías.

Según fuentes policiales, la presunta causa de la actitud del padre podría estar relacionada con que el jefe de estudios sujetó a su hijo mientras este corría por el comedor, "para evitar que se diera contra una columna".

Más de 2.000 denuncias

La Defensora del Profesor del sindicato independiente ANPE-Madrid, Inmaculada Suárez, ha explicado que en el curso de 2007-08 registraron ante la asociación un total de 2.175 denuncias de acosos y agresiones a docentes y en la mitad del pasado curso (de septiembre de 2008 a febrero de este año) anotaron ya 2.400.

El juicio celebrado este jueves se produce tras el anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de otorgar a los profesores el rango de autoridad pública.

Así, con la nueva ley, la agresión a un maestro será tipificada como un delito de atentado contra autoridad pública, con penas de 2 a 4 años de cárcel.

Actualmente los profesores víctimas de una agresión tienen que demostrarla y aportar pruebas y testigos, mientras que con la nueva ley su testimonio tendrá presunción de veracidad