Sin rastro: en España hay 15.000 desaparecidos

Los medios de comunicación informan de los casos más mediáticos. Sobre todo de aquellos en los que la persona desaparecida es menor, dada su indefensión: Madeleine, la niña Mari Luz, Marta del Castillo... La alarma social que suscita la presunción de violencia en estos casos les otorga mayor difusión, pero no son los únicos por resolver en la actualidad. Hay miles de españoles en paradero desconocido que sus familiares buscan sin cesar. Desgraciadamente, la mayoría aparece sin vida.

 

Aunque el ministerio que preside Rubalcaba no conoce el número exacto de desaparecidos y las fuerzas de seguridad hablan de “datos tremendamente difíciles de manejar”, las asociaciones de familiares estiman que la cifra aproximada se halla en torno a los 15.000 españoles. Fuentes de Interior comentan a El Confidencial que “contamos con el número de denuncias” pero no lo facilitan porque “no se corresponde con la realidad: se efectúan muchas denuncias que no se retiran tras haber aparecido la persona y otras muchas han desaparecido voluntariamente”.

Dada la falta de estadísticas oficiales al respecto, las agrupaciones de familiares afectadas han pedido al Gobierno que se cree un registro general y público de ausentes en el que consten las ausencias legales declaradas por un juez, junto a otras notas de importancia, a instancia de los parientes o del Ministerio Fiscal. La presidenta de ADECES, Carmen Rodríguez, considera que se deben crear unidades especializadas y protocolos de búsqueda más eficaces porque “el tiempo es un factor de vital importancia”.

Como explica Rodríguez, para averiguar si los cuerpos anónimos que aparecen son los de nuestro familiar desaparecido, actualmente se utiliza un sistema implantado en 1999 y que hasta el 2007 ha sido utilizado por 624 familias. “El programa FÉNIX, pretende la identificación de los restos humanos a través del análisis del ADN y de muestras biológicas facilitadas voluntariamente por familiares directos. Se trata de casos en los que no han podido ser identificados por medio de otras técnicas (pertenencias personales, estudios antropológicos, odontológicos, radiográficos, etc ...)”.

El presidente de ADESEPA Salvador Domínguez Montero añade la necesidad de unificar los análisis genéticos en un solo banco de datos. “Bastante duro es tener que ir una vez a entregar una muestra, como para tener que hacerlo varias veces -ante la Policía, la Guardia Civil, los Mossos, la Policía vasca...-”.

Desde ADECES, sus integrantes piden al Ministerio de Justicia que se recoja la situación de desaparición. “Aunque hasta el momento no disponemos de ayudas similares a las de familiares fallecidos, según el Código Civil los representantes legítimos del declarado ausente (cónyuge, hijo mayor de edad o ascendiente más próximo de menor edad) disfrutan de la posesión temporal del patrimonio del ausente y harán suyos los productos líquidos en la cuantía que el juez señale”.

“Si los representantes son los hermanos de mayor edad que hayan convivido con el ausente disfrutarán, también, de la posesión temporal y harán suyos los frutos, rentas y aprovechamientos, sin que en ningún caso puedan retener más de los dos tercios de los productos líquidos, reservándose el tercio restante para el ausente, o, en su caso, para sus herederos. Los poseedores temporales de los bienes del ausente no podrán venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada por el Juez”, explica.

Domínguez Montero pide que se consideren “víctimas directas” a las familias de personas desaparecidas al margen de las causas que hayan generado la desaparición y de la actividad criminal que pudiera haberla producido y que se les reconozca el derecho a percibir asistencia integral y eficaz así como las ayudas públicas que sean oportunas.

El presidente de ADESEPA considera “un verdadero escándalo que tras los primeros nueve meses de 2008 el Ministerio del Interior haya rebajado la cifra oficial de desaparecidos en la democracia que maneja la Policía Nacional de los 9.100 hasta los 7.047”. Opina que “no se trata de que se hayan resuelto más de 2.000 casos sino de un reajuste ‘técnico’ para mejorar las estadísticas. Quieren que nos dediquemos a investigar lo que pasó en la Guerra Civil y eliminan, a la vez, los casos actuales de desaparecidos. La democracia olvida y hace desaparecer a sus desaparecidos. Es sangrante que el juez Baltasar Garzón argumentara en su auto que los casos de desaparecidos en la guerra civil y del franquismo no habían prescrito porque aún no habían aparecido sus cuerpos ¿Los casos de hace más de 70 años no prescriben y los de la Democracia sí?”.