Bruselas exige más transparencia pero los eurodiputados esquivan el control

El 9 de diciembre de 2022 pasará a la historia del Parlamento Europeo. Decenas de redadas por parte de la policía belga provocaron un terremoto y dieron comienzo al mayor escándalo de la historia reciente de la institución europea: el conocido como ‘Qatargate’, una red de pagos por parte de Catar y Marruecos a algunos eurodiputados para que defendieran sus intereses. La detención de asesores parlamentarios, el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri e incluso una vicepresidenta de la Eurocámara, la griega Eva Kaili, pusieron al barrio europeo patas arriba durante semanas. El escándalo sacudió Bruselas, pero no la sorprendió.

Para los que llevaban suficiente tiempo en la capital comunitaria era solo cuestión de tiempo. La Eurocámara no contaba con los instrumentos suficientes como para evitar que algo así ocurriera, y ONGs y grupos de la sociedad civil pidieron poner fin al sistema de autovigilancia implantado en la única institución cuyos representantes son directamente votados por los ciudadanos europeos. Desde entonces, el Parlamento Europeo ha hecho varios intentos para reforzar sus sistemas de control, pero el nivel de reforma ha sido muy limitado.

“Cultivador de patatas”. Es una de las actividades que el miembro de la Liga Norte italiana, Danilo Oscar Lancini, especifica en la declaración de intereses que desde finales del año pasado deben cumplimentar todos los representantes del parlamento europeo para prevenir conflictos de intereses. El chiste del italiano es solo un ejemplo de la falta de control sobre estos documentos: “Respondí con una simpática provocación”, afirma Lancini preguntado por L’Espresso. Según su punto de vista, “esta nueva norma sobre transparencia solo supone más burocracia”.

Siete medios han participado en esta investigación para recopilar y analizar el contenido de las nuevas declaraciones de intereses de los parlamentarios europeos, coordinada por la organización sin ánimo de lucro ARIA y Le Monde. Además de El Confidencial, también han colaborado De Tijd (Belgium), Paper trail media (Alemania y Austria), L’Espresso (Italia) y Fundacja Reporterów (Polonia).

Solo dos europarlamentarios, de 705, reconocen un conflicto de interés y en uno de los casos parece que se declaró por error, marcando la cruz equivocada. Más del 60% de los europarlamentarios declara realizar algún tipo de actividad extra y uno de cada cuatro recibe remuneración por ello, a pesar de que los eurodiputados cobran al menos 15.000 euros al mes, entre sueldo base, prestaciones para gastos de funcionamiento y dietas.

Todas las cifras declaradas, sin embargo, deben tratarse con precaución. Los documentos contienen múltiples inexactitudes. Además, existen tantos criterios para rellenarlos como europarlamentarios: unos expresan cantidades brutas y otros netas, unos mensuales y otros anuales, unos no actualizan la información en años y otros afirman tener empresas pero no incluyen el dinero que éstas les reportan, entre otros impedimentos para conocer con exactitud lo que ganan fuera del parlamento.

Seis españoles confirman un ‘sueldo extra’

El cabeza de lista por Vox, Jorge Buxadé, asegura recibir unos 3.700 euros mensuales por el ejercicio libre de la abogacía, y lo relaciona con el despacho Albácar & Ferrajoli. Buxadé explica a El Confidencial que hasta su elección como diputado en 2019 fue socio de Albácar, Clusa & Buxadé Abogados —disuelto en 2021— y que su trabajo extraparlamentario tiene que ver con asuntos pendientes de esa época. “Son numerosos los procesos judiciales que inicié profesionalmente en 2018 y 2019. [...] Mi relación con ese despacho es exclusivamente el seguimiento y en su caso facturación de asuntos antiguos que van liquidándose”, aclara. Respecto al montante, de unos 44.400 euros anuales, comenta que actualizará la cantidad “a la baja” en caso de ser reelegido el próximo 9 de junio.

Buxadé es el único español entre la quincena de eurodiputados de distintas familias políticas que afirman ejercer como letrados y una docena, como consultores. Estas actividades extraparlamentarias están permitidas y no indican necesariamente un conflicto de interés. No obstante, Vicky Cann, del Corporate Europe Observatory (CEO), señala que estos casos son especialmente conflictivos. “No puede ser que los eurodiputados tengan trabajos paralelos trabajando para consultorías o bufetes de abogados en los que, como parte fundamental de estos trabajos, tienen que priorizar los intereses de sus clientes cuando son, al mismo tiempo, eurodiputados”, señala en una entrevista con El Confidencial.

“Tienen un deber fiduciario para con sus clientes, y eso entra en conflicto con ser eurodiputado. Para nosotros no hay más”, añade. “Pero creo que hay una diferencia”, apunta, explicando que existe “una diferencia cuando estos clientes son clientes de lobby y cuando son clientes legales”. Para ello, por ejemplo, se podría utilizar el registro europeo de lobbies como base. Por su parte, el número uno por Vox asegura que no ha tenido “jamás conflicto de interés ninguno” con su actividad parlamentaria.

Además de sus labores como eurodiputado, el popular José Manuel García-Margallo declara otras actividades remuneradas. Entre conferencias, derechos de autor e intervenciones en distintos programas de televisión, el español se ha embolsado un total de 143.950 euros desde 2020 hasta 2023, cerca de 48.000 al año, de media.

En total, hay 39 de 59 españoles que declaran una actividad paralela a su función como eurodiputados. Aunque solo seis reciben algún tipo de compensación económica, según las declaraciones de intereses que completan los propios parlamentarios.

"No hay supervisión de las actividades de los diputados"

Además de los dos ya mencionados, Adrián Vázquez (Ciudadanos en Grupo Renew Europe) declara 15.000 ingresos anuales por el alquiler de una propiedad. A esta cifra hay que sumar su sueldo como secretario general de Ciudadanos, de unos 18.000 euros al año, cargo en el que permaneció hasta el pasado 22 de marzo, antes de fichar como número diez por el Partido Popular. Es el único eurodiputado español que confirma haber cobrado también de su partido durante esta legislatura.

Clara Ponsatí (Junts per Catalunya) recibió, en total, 13.000 euros por derechos de autor, César Luena (PSOE), unos 6.000 euros anuales por su actividad docente y Pilar del Castillo (PP), 3.500 euros del patronato de la Fundación Botín. Tanto ellos como el resto de sus colegas compaginaron estas actividades retribuidas con otras sin compensación.

TE PUEDE INTERESAR

Euroescépticos vs. eurofans: en ocho países no vota ni la mitad del censo en las europeas

Marta Ley Miguel Ángel Gavilanes

Es el caso de Domènec Ruiz Devesa (PSOE), que acumula siete cargos en distintas organizaciones políticas y culturales, como la presidencia del consejo de administración del Instituto Europeo de Cultura Árabe o de la Unión de los Federalistas Europeos. O de Antonio López-Istúriz, miembro del comité ejecutivo nacional del PP, secretario tesorero del Wilfried Martens Centre for European Studies (WMCES) o patrono de la Fundación ANAR, entre otros.

Aunque el Parlamento Europeo cuenta con un comité consultivo, formado por ocho diputados, para examinar la conducta de los propios legisladores, las declaraciones no son totalmente exhaustivas. Pilar del Castillo (PP), que figura como consejera de la Fundación España Digital, o Juan Fernando López Aguilar (PSOE), como miembro de la Fundación Coloquio Jurídico Europeo, no reseñan estas vinculaciones en sus respectivas declaraciones.

“No hay supervisión de las actividades de los diputados. Y en caso de incumplimiento de las normas, no hay medidas disuasorias. Y este tipo de sistema, que llamamos sistema de autocontrol, en el que no hay normas y en el que existe una cultura de impunidad, conduce al escándalo porque, por supuesto, los diputados saben que su comportamiento no está controlado”, critica Shari Hinds, de Transparencia Internacional. En algunos casos, las nuevas exigencias de transparencia tras el Qatargate, que debían reducir el nivel de autovigilancia y mejorar los controles, han sido contraproducentes.

Una de las últimas sancionadas por incumplir el código de conducta de la Eurocámara ha sido la letona Tatjana Ždanoka, por su vinculación con los servicios de inteligencia rusos, según destapó The Insider. El castigo: prohibirle representar al parlamento desde el pasado mes de abril hasta el final de la legislatura —apenas dos meses— y la pérdida de dietas correspondientes a cinco días.

Los otros trabajos y conflictos de interés

Ampliando miras, otros casos de eurodiputados internacionales han sentado precedente y dejado en evidencia la laxitud del sistema de transparencia del Parlamento Europeo. Así, la voluntad de declaración de conflicto de intereses ha propiciado la presencia de diputados trabajando en comisiones que, por reglamento, debería considerarse incompatible.

El más conocido es Axel Voss, miembro del grupo de los Demócratas Cristianos, denunciado por Transparencia Internacional en junio de 2023. Su actividad parlamentaria se centra específicamente en asuntos relacionados con la protección de datos y la inteligencia artificial, ejerciendo dos trabajos paralelos remunerados para empresas de este sector. De hecho, según las declaraciones obtenidas por el periódico Le Monde de Transparencia Internacional, este es el claro ejemplo de la falta de rigurosidad del sistema: “Hemos presentado denuncias contra dos diputados alemanes en las que las sospechas de conflictos de intereses son demasiado fuertes para ignorarlas y no ha habido ningún seguimiento”.

En Bélgica, el periódico belga De Tijd destaca la figura de Johan Van Overtveldt, que encabeza la lista europea N-VA. No mencionó ningún mandato auxiliar en su declaración original de junio de 2019 hasta enero de 2023, cuando registró su “mandato no remunerado” como gestor de su sociedad limitada Refleco, creada tres años antes de esta declaración. Eso sí, a través de esta sociedad llegó a ejercer, a su vez, como administrador de la empresa de software UNBOX y de la empresa subyacente NBX en abril de 2022, dedicada al mercado del depósito (digital) para envases y bebidas.

El eurodiputado belga con su cargo en NBX no declaró ningún conflicto de interés al formar parte de la comisión encargada de la aprobación de la ley europea sobre el envasado de productos, el Reglamento sobre envases y residuos: “La explicación de voto expresa la posición de mi partido en todos los aspectos: reducción de residuos, factible y asequible, y en igualdad de condiciones”. Añade que su presencia en esta actividad privada es un valor añadido a su cargo público: “Para adquirir experiencia, es importante mantenerse en contacto con el ámbito profesional”.

“Para adquirir experiencia, es importante mantenerse en contacto con el ámbito profesional”

L’Espresso, en Italia, registra un caso de incompatibilidad similar por parte del eurodiputado Paolo De Castro. Miembro del Partido Demócrata y perteneciente al grupo socialista (S&D), al menos hasta 2023 formó parte del Consorcio Grana Padano, que figura entre las mayores cooperativas lácteas de Europa. Más recientemente fue nombrado presidente de la Fundación Filiera Italia, una asociación activa en el sector agroalimentario y que, entre otros, cuenta con miembros como Coldiretti, McDonalds, Carrefour y otras grandes multinacionales. De Castro es también presidente del comité científico del Think Tank Nomisma que, entre sus socios, incluye a Fb&Associati, un grupo de presión también en nombre de Japan Tobacco International y Nestlé.

El conflicto de interés podría venir derivado de su pertenencia como miembro a la Comisión de Agricultura, en la que fue nombrado ponente del Reglamento europeo sobre indicaciones geográficas de productos alimenticios y vinos, en la que podría interferir su cargo en el Consorcio Grana Padano. De Castro, que no se presenta a la reelección en las elecciones europeas, declara no tener ningún conflicto de intereses real o potencial y explica a L'Espresso que esas funciones son fruto de su papel de profesor universitario “y son compatibles con mi papel de parlamentario”.

En contra de reforzar el control parlamentario

En septiembre, el Parlamento Europeo votó una resolución para endurecer las normas éticas de la institución que obligó a todos los grupos a posicionarse. Una de las enmiendas, la número 22, estaba dedicada precisamente reforzar el control sobre los “trabajos adicionales”.

La enmienda fue presentada por el grupo de La Izquierda (GUE/NL), más a la izquierda de los socialistas y demócratas (S&D). No salió adelante por la mínima. Se emitieron 651 votos, 325 de ellos a favor, 314 en contra y 12 abstenciones que fueron fundamentales. Para que el texto fuera rechazado fue clave que el bloque del Partido Popular Europeo (PPE), en el que está el PP español, Renew Europe (liberales), donde se encuentran los eurodiputados de Ciudadanos, y los ultraconservadores de Conservadores y Reformistas (ECR), donde se encuadra Vox, votaran en bloque en contra, con solamente un puñado de miembros desmarcándose y votando a favor.

Sin embargo, Vicky Cann, del Corporate Europe Observatory, que lleva muchos años trabajando en este asunto, se muestra escéptica respecto a prohibir todos los trabajos paralelos. “Algunos grupos (de la Eurocámara) han dicho, ya sabes, a estos chicos (los eurodiputados) se les paga suficiente dinero. No necesitan un segundo trabajo. ¿Significa eso que no pueden publicar un libro? ¿Que no se les paga si escriben un artículo o si dan una conferencia?”, añade. La investigadora tampoco cree que haya un gran problema de trabajos paralelos que estén pasando bajo el radar de las normas de la Eurocámara. “Algunos eurodiputados, declaran muchísimas cosas, así que no soy consciente de un caso masivo (de ocultamiento), pero creo que hay suficientes escándalos en lo que se declara” como para endurecer las normas, añade Cann.

En el caso del texto final que se adoptó, con muchas de las enmiendas que buscaban reforzar la resolución ya tumbadas, solamente 93 eurodiputados se mantuvieron en el ‘no’. Entre ellos se encontraban todos los eurodiputados de Vox, no así los del Partido Popular español, que votaron en bloque a favor del texto final, que buscaba dar algo de forma al plan de 14 puntos con el que Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, intentó dar respuesta al escándalo del Qatargate.

No son solamente los grupos de la sociedad civil y los eurodiputados críticos los que consideran que la institución no ha ido lo suficientemente lejos. Emily O’Reilly, defensora del pueblo de la Unión Europea (Ombudsman), ha mostrado también en público sus dudas sobre que la reforma sea efectiva.

El reglamento

Desde 2012, los eurodiputados cuentan con un código de conducta que les obliga a declarar sus intereses privados y económicos, así como la participación en consejos de administración y actividades profesionales hasta tres años antes de empezar en su cargo. La Presidencia del Parlamento y el Comité Consultivo de Conducta de los Diputados tienen la misión de verificar proactivamente el cumplimiento del código.

Con la revisión del código en noviembre de 2023, los diputados están obligados a presentar una declaración más detallada de sus intereses privados, una declaración de activos y, cuando corresponda, una declaración de conciencia del conflicto de intereses. Un ejemplo de reducción de los controles con el Qatargate se ha producido con la obligación de que los eurodiputados declaren aquellos ingresos, puntuales o periódicos, que superen los 5.000 euros brutos anuales. Esa obligación no existía previamente, pero los críticos, también desde dentro de la Eurocámara, señalan que eso ha establecido un límite que permite a los eurodiputados moverse por debajo de él sin problema y sin preocupación.

TE PUEDE INTERESAR

Transparencia obliga a Hacienda a desvelar cuántos casos de corrupción con fondos europeos investiga ya

Juan Cruz Peña

“Este nuevo umbral que no existía antes es un paso atrás”, explica Hinds, que considera que este tipo de normas son “problemáticas porque crean lagunas y dan la posibilidad de que los miembros las interpreten según su criterio”. Un ejemplo sencillo: un eurodiputado que estuviera cobrando de un “trabajo complementario” que pudiera generar conflicto de interés y que no quiera que figure en la declaración de intereses financieros que está obligado a completar sencillamente tendría que preocuparse de dividir los pagos de manera que queden por debajo de ese umbral de los 5.000 euros brutos anuales por pagador.

A todo ello se suma que el Parlamento Europeo sigue teniendo normas muy poco eficaces a la hora de proteger a posibles denunciantes o whistleblowers de casos de corrupción, como el Qatargate. De hecho, distintas organizaciones denuncian que el sistema interno de la Eurocámara es menos garantista que la Directiva de Protección de Denunciantes que la propia institución ha aprobado junto con el Consejo de la Unión Europea y que se aplica a todos los Estados miembros de la Unión. En noviembre de 2023 el Bureau del Parlamento Europeo, la verdadera sala de máquinas de la institución y donde reside gran parte del poder de cómo funciona la cámara, aprobó una reforma que reforzaba las normas internas para los denunciantes, pero organizaciones como Transparencia Internacional siguen considerándola insuficiente y por debajo de las exigencias de la Directiva.