Transparencia obliga a Hacienda a desvelar cuántos casos de corrupción con fondos europeos investiga ya

En mayo de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se felicitaba por haber logrado para España 150.000 millones de euros en subvenciones y préstamos blandos de Europa para recuperar el golpe que la pandemia provocó en la economía nacional (el mayor crash desde la Guerra Civil de 1936). Menos de cuatro años después, empiezan a sonar las alarmas sobre el posible uso indebido de parte de estas ayudas, cuya ejecución exige de una velocidad de crucero para cumplir con los plazos administrativos requeridos.

El último en poner el foco sobre esta cuestión ha sido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El organismo ha intervenido después de que el Ministerio de Hacienda se negara a desvelar cuántas denuncias ha recibido sobre fraude y posible corrupción en la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El departamento encargado de administrar las finanzas públicas también oculta cuántas de estas denuncias han sido remitidas a la Fiscalía española o europea y cuántas investigaciones ha abierto y desarrollado el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), ente dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), también bajo el paraguas de María Jesús Montero.

La petición de esta información viene de un investigador universitario que desarrolla un proyecto del Plan Nacional de Investigación, a su vez financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Según justifica, su requerimiento de información llegaba a raíz de indicios sobre el uso indebido de las ayudas comunitarias: "Tenemos datos de OLAF y la Fiscalía Europea que indican que existen ya investigaciones abiertas sobre posibles casos de corrupción y fraude en la gestión de los fondos del MRR para España", explicaba.

"Tenemos datos de OLAF y la Fiscalía Europea que indican que existen investigaciones abiertas sobre posibles casos de corrupción y fraude"

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso a la petición de este académico, lo que le llevó a reclamar dicha información al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Dicha ley de hace ya más de una década se creó, entre otras razones, como medida de prevención de la corrupción, que por aquel entonces asolaba a España tras destaparse diversos casos de corrupción que afectaban a los dos principales partidos políticos y varias administraciones públicas.

Sin embargo, tras el apercibimiento que hizo el CTBG al Ministerio de Hacienda, este optó por mantener oculta la información. Pese a que el peticionario pedía datos globales y no personalizados para su proyecto universitario, desde la IGAE se justificó este rechazo a dar la información por el menoscabo que podría provocar la publicación de los datos: "el conocimiento de los datos solicitados podría incidir negativamente en la eficacia de las actuaciones administrativas desarrolladas o a desarrollar en materia de prevención y lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea".

Pero el CGTB no admite los argumentos de Hacienda. Transparencia resolvió el pasado 26 de febrero que la reclamación debía ser estimada. Según concluye, "no se alcanza a comprender en qué medida el conocimiento de los meros datos relativos a las denuncias de fraude y corrupción, investigaciones abiertas, denuncias remitidas a la Fiscalía, así como el eje, palanca, componente o medida con las que dichas denuncias se encuentran relacionadas —dado que es ese y no otro el contenido de la solicitud— puede suponer obstrucción o perjuicio para las tareas de investigación, ni en qué medida el conocimiento público de las mismas podría incidir negativamente en la eficacia de las actuaciones administrativas desarrolladas o que se van a desarrollar en materia de prevención y lucha contra el fraude". "Las genéricas afirmaciones realizadas por el órgano requerido a este respecto, están lejos de aportar una justificación expresa y detallada en los términos exigidos por la doctrina de este Consejo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo", añade.

"Las genéricas afirmaciones realizadas por el órgano requerido están lejos de aportar una justificación en los términos exigidos", dice CTBG

"El acceso a la información solicitada entronca directamente con los fines de transparencia de la actuación de los poderes públicos a los que sirve la LTAIBG en la medida en que permite conocer cómo se gestionan los fondos públicos y las actuaciones adoptadas para fiscalizar la plena observancia de la normativa estatal y europea aplicable", señala el CTBG.

Por todo lo anterior, la institución presidida por José Luis Rodríguez Álvarez insta a Hacienda desvelar el número de denuncias de fraude y posible corrupción recibidas por el SNCA; el número de denuncias remitidas a la Fiscalía española o europea; el número de investigaciones abiertas y desarrolladas por el SNCA y con qué eje, palanca, componente y, a ser posible, medida del MRR se encuentran relacionadas las denuncias.

El Confidencial se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda para conocer si ya se había dado cumplimiento a la resolución y cuáles eran los datos considerados por Transparencia de interés público, pero fuentes oficiales de la vicepresidencia primera no han dado respuesta.

En pleno caso Koldo

El requerimiento frente a Hacienda se da en pleno caso Koldo, en el que se investiga el posible mal uso de dinero público para la compra de mascarillas por parte de diversas administraciones públicas que habría motivado el cobro de mordidas. El caso afecta tanto al Gobierno central como a otras administraciones territoriales. A finales de febrero, la Comisión Europea señaló que estaba en contacto con el Ministerio de Hacienda para determinar si había fondos europeos involucrados en el caso Koldo. Por ello, Bruselas remitió la información a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

"La Comisión dará todos los pasos necesarios para proteger el presupuesto de la UE y tiene tolerancia cero contra el fraude", aseguró a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario. Añadió que Bruselas "está en contacto estrecho con la autoridad nacional de gestión", es decir, el Ministerio de Hacienda, para "determinar si hay fondos europeos" involucrados.