La Fiscalía Europea investiga el posible uso de fondos de la UE en el caso Koldo

La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto este lunes una investigación por el posible uso de fondos europeos en la compra de mascarillas defectuosas en el marco del llamado caso Koldo por parte de los Gobiernos de Canarias y Baleares. La institución, que es un órgano independiente creado recientemente para investigar casos de posible fraude relacionados con el presupuesto de la Unión Europea, había recibido una denuncia particular, y en los últimos días también había recibido mensajes de algunos eurodiputados, como Eva Poptcheva, de Ciudadanos.

Esto se suma a la decisión la semana pasada por parte de la Comisión Europea de enviar la información relacionada con el caso a la oficina europea de lucha contra la corrupción (OLAF) tras conocerse que podrían haber sido utilizados fondos europeos de ayuda al desarrollo regional (FEDER) en la trama. Bruselas aseguró que habría “tolerancia cero” hacia casos de corrupción. Sin embargo, la OLAF no puede, por ejemplo, imponer multas, y solamente puede plantear recomendaciones, como, por ejemplo, que en caso de un uso indebido de los fondos europeos estos deban ser recuperados por parte de las autoridades competentes.

"Tras recibir una denuncia de un particular, la EPPO llevó a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos denunciados. Entre ellas, recabar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los distintos organismos encargados de gestionar la financiación de la UE. A partir de la información recabada, se decidió iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, de acuerdo con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea", ha señalado la EPPO, con sede en Luxemburgo y dirigida por la rumana Laura Kovesi.

“Siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando al presupuesto de la Unión Europea, tanto en sus ingresos como en sus gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, tienen la obligación legal de denunciarlo sin demora a la Fiscalía Europea”, recuerda la institución.

Un portavoz de la Comisión Europea aseguró la semana pasada que el Ejecutivo comunitario “está en estrecho contacto con la autoridad de gestión nacional para determinar si hay fondos de la Unión Europea involucrados”, y señaló que siguen “la situación de cerca”. El caso ha provocado que José Luis Ábalos, exministro de Fomento, hombre de confianza de Sánchez, haya abandonado la bancada del PSOE y se haya unido al Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados después de que Ferraz y la Moncloa le presionaran para que dejara su acta de diputado. Koldo García, mano derecha de Ábalos en el ministerio, jugó un papel clave junto a empresarios afines y un mando de la Guardia Civil, todos ellos en la órbita del Ministerio de Fomento, en una trama por la que el exasesor fue detenido por el supuesto cobro de comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia.

Ahora la ramificación del llamado caso Koldo va más allá, y parte de la atención se centra en el papel que jugó el rescate con fondos públicos de Air Europa (Globalia) por parte del Gobierno, una operación por la que se estableció el contacto entre Víctor de Aldama, un asesor en la sombra de Globalia, y el círculo clave del Ministerio de Fomento. "De todas estas relaciones y especialmente la que afirma el señor de Aldama de su participación en las negociaciones de Air Europa con el Ministerio de Transportes para el llamado 'rescate de la compañía' (que supuso una inversión en préstamos participativos y ordinario —240 y 235— del Estado superior a 475 millones de euros en el ejercicio 2020), se fraguó el ofrecimiento de mascarillas por el señor Aldama al Ministerio", explica el informe de la Agencia Tributaria que fue remitido a la Audiencia Nacional a principios de febrero.