Bruselas contestará a los jueces y mantiene su posición respecto a la reforma del CGPJ

La Comisión Europea ha recibido el texto suscrito por 2.500 jueces españoles que fue enviado este lunes a la vicepresidenta Vera Jourová y Didier Reynders, comisario de Justicia. En ella, los magistrados españoles señalaban que “puede afirmarse que el actual sistema 'de facto' es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas”. Como es la norma en las instituciones europeas, el Ejecutivo comunitario contestará a la misiva. Esta fue enviada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).

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Bruselas sigue desde hace tiempo con preocupación algunas medidas adoptadas por el Gobierno respecto a la reforma judicial. No es nuevo y la carta no ha ni empeorado ni mejorado la visión que los técnicos comunitarios tienen respecto a la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Europea insiste siempre en el mismo mensaje: “Cuando los Estados reforman el sistema judicial, deben hacerlo consultando con todas las partes implicadas, incluyendo la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”. Esas líneas son de octubre, y hoy los técnicos y portavoces comunitarios insisten en esos mismos términos.

Además, la Comisión Europea ha explicado que, como ya tenía previsto antes de recibir la carta de las asociaciones de jueces, técnicos comunitarios mantendrán reuniones virtuales con todos los actores a finales de este mes en el marco de la preparación del informe sobre la situación del Estado de derecho en la Unión Europea. Eso incluirá también a las propias asociaciones de jueces que han elevado las quejas a Bruselas. Esas reuniones se celebran con los actores relevantes de todos los Estados miembros del bloque comunitario.

El largo pulso

Cuando la Comisión Europea dio los primeros toques de atención a España en septiembre, el Gobierno no lo comprendió, pero tampoco había puesto a funcionar la maquinaria para explicar su reforma en Bruselas. Solamente entonces comenzó una comunicación entre el gabinete de Arancha González Laya, ministra de Exteriores; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y el comisario belga Reynders.

La posición de Bruselas no ha cambiado, tampoco con la carta. “La estudiaremos en detalle y responderemos pronto. Ya hemos expresado una posición muy clara”, ha explicado un portavoz del Ejecutivo comunitario. “Seguimos monitoreando la situación de cerca”, ha señalado. Pero la Comisión Europea no ha endurecido el tono respecto a otras ocasiones en las que se ha discutido sobre el asunto, aunque desde los equipos de Reynders y Jourová tampoco se ha rebajado el tono.

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Los jueces españoles que han enviado la carta hacen hincapié en esos mismos puntos que el Ejecutivo comunitario señala como importantes. “Estamos ante una Ley de Apagón o Desapoderamiento del CGPJ, ya que esta limitación persistirá hasta que se elija al nuevo CGPJ, acentuando la dependencia política del órgano de gobierno de los jueces respecto de las Cámaras que lo nombraron. No se ha solicitado el parecer de la Comisión de Venecia, en salvaguarda de las garantías del Estado de Derecho y la independencia judicial, como era debido, según en su día subrayó esta Comisión Europea, al valorar la primera de las propuestas. Además, la segunda propuesta ha prosperado sin dar audiencia ni al CGPJ ni a las asociaciones judiciales, a pesar de que se había solicitado expresamente este trámite", señala el texto.

En la carta enviada a la Comisión, los magistrados sugieren a Bruselas la activación del artículo 7 de los Tratados, lo que, en última instancia, puede despojar a un Estado miembro del derecho a voto en el Consejo. Los jueces solicitan que “de no subsanarse la situación denunciada, inicie el procedimiento previsto en el art. 7 del Tratado de la Unión Europea, de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, como Estado miembro, de los valores contemplados en el artículo 2 y del Estado de Derecho".

Sin embargo, tanto el artículo 7 como cortar el grifo de fondos europeos son soluciones reservadas únicamente para casos de extrema gravedad. Solamente dos Estados miembros tienen activado el artículo 7, Hungría y Polonia, y únicamente en el caso polaco dicha activación provino de la Comisión Europea. El caso de la reforma judicial polaca es de máxima preocupación para el Ejecutivo comunitario, que mantiene un largo pulso con el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS). Ambos países se encuentran desde hace años en una deriva autoritaria que afecta al sistema judicial, mediático y político. Pensando precisamente en Budapest y Varsovia, y ante la ineficacia del artículo 7, los líderes europeos acordaron un mecanismo de protección del Estado de derecho que permite cortar la llegada de fondos europeos a Estados miembros que no respetan por ejemplo la independencia judicial.