Bruselas advierte: la reforma del CGPJ debe consultarse con la oposición y pide más datos

La Comisión Europea ha recordado este viernes al Gobierno de España que cualquier reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe ser consultada con la oposición y organismos como la Comisión de Venecia, sin que en ningún caso la reforma comprometa la independencia del poder judicial. Es el segundo toque de atención del Ejecutivo comunitario al ministerio de Justicia. La semana pasada el ministro Juan Carlos Campo habló con el comisario del ramo, Didier Reynders, pero fuentes europeas confirman a El Confidencial que el titular de Justicia no informó al comisario sobre la reforma propuesta esta semana por el PSOE y Unidas Podemos.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha señalado que Bruselas está al tanto de la última propuesta de la coalición de Gobierno para limitar el poder en funciones del CGPJ. "Es importante que cuando un Estado miembro reforma su sistema judicial se lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia", ha subrayado. Además, en una rueda de prensa posterior, Wigand ha señalado que dentro de esos "actores relevantes" se incluye a la oposición y a los propios jueces.

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EFE

De esta forma, ha recalcado que España debe seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida. "Seguiremos de cerca la situación y esperamos más información del Gobierno de España", ha explicado Wigand. La Comisión Europea, que señaló en su informe de Estado de Derecho de 2020 la "urgencia" con la que debía renovarse el CGPJ, también señaló que esos estándares, fijados por el Consejo de Europa —que no es una institución europea— indican que al menos la mitad de los miembros de los órganos de gobierno de los jueces deben estar escogidos por sus pares, algo que ya no se cumplía.

Insisten en que es importante abordar el bloqueo del CGPJ, pero hay que asegurar que no acabe vulnerable a la politización

Este mensaje del Ejecutivo europeo se suma al aviso expresado hace unas semanas cuando el presidente, Pedro Sánchez, planteó cambiar la forma de elección del CGPJ con solo mayoría absoluta para no necesitar el apoyo de la oposición para renovar el órgano. Sánchez lanzó por primera vez esa propuesta de forma seria durante una rueda de prensa en Bruselas tras una cumbre europea la semana en la que la Comisión emitió su informe de Estado de Derecho, y el Ejecutivo español se ha escudado en repetidas ocasiones en dicho informe para justificar los cambios. Las críticas por parte de Bruselas el día previo a la rueda de prensa del presidente del Gobierno no fueron comprendidas desde Moncloa, que aseguró que lo que ocurría era que en Bruselas no se entendía la reforma.

Pero nadie hizo en un primer momento el esfuerzo por explicarla. La semana siguiente, fuentes europeas confirmaban que todavía nadie les había contactado para explicar la propuesta de reforma. En ese momento, Arancha González Laya, ministra de Exteriores, solicitó hablar con Reynders para explicarle los cambios, y el comisario belga solicitó más información de parte del ministerio de Justicia.

La semana pasada Campo y Reynder hablaron por videoconferencia. El tema principal era en realidad la puesta en marcha de la fiscalía europea, pero la agenda también cubría la reforma judicial. El ministro informó al comisario y le tranquilizó sobre la implicación de la oposición en cualquier reforma. Sin embargo, según insisten fuentes europeas, no informó a Reynders de que solo unos días después presentarían una propuesta para limitar las funciones del CGPJ mientras se encuentre bloqueado.

En la Comisión Europea tienen la sensación de que en los últimos tiempos los asuntos internos españoles les llegan cada vez con más asiduidad, pero, a diferencia de hace unos años, cuando todo estaba relacionado con el 'procés', ahora son las propuestas del Gobierno y la lucha con la oposición lo que hace que la onda expansiva llegue a Bruselas: la reforma del CGPJ, la vaga referencia a inexistentes "exigencias" europeas para la reforma del delito de sedición, pero también por parte de la oposición, que, a través de las preguntas parlamentarias y de cartas directas por parte de líderes políticos, buscan implicar a las instituciones en la política nacional. Esta tendencia está generando cierta perplejidad en el Ejecutivo comunitario, que tiene por regla general no inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados miembros y evitar, a toda costa, convertirse en árbitro de problemas nacionales.