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Bruselas reafirma su posición sobre el CGPJ: “Seguimos de cerca la situación”
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Recomendación de reducir la influencia

Bruselas reafirma su posición sobre el CGPJ: “Seguimos de cerca la situación”

La Comisión Europea insiste en su oposición a una mayor politización del Consejo General del Poder Judicial y explica que no ha habido contactos con el Gobierno

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El pasado jueves, días después de que PSOE y Unidas Podemos presentaran su propuesta para aligerar las mayorías en la elección de vocales para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Europea emitió un comunicado en el que señalaba que la recomendación siempre era reducir la influencia política en las instituciones judiciales.

Este martes el Ejecutivo comunitario ha reafirmado su posición. “No ha habido muchos cambios durante estos últimos días, hemos dejado clara nuestra posición respecto a esta propuesta y seguimos de cerca la situación”, ha asegurado Christian Wigand, portavoz de Justicia de la Comisión Europea.

Foto: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (EFE)

El Gobierno español no comprendió en un primer momento que el Ejecutivo comunitario diera un toque de atención por la reforma del CGPJ y se escudó en que la Comisión Europea no comprendía los cambios. Sin embargo, no parece que Moncloa o el Ministerio de Justicia hayan hecho esfuerzos para que cambie la opinión de Bruselas: según han explicado los portavoces comunitarios, el Gobierno no se ha puesto en contacto con la Comisión Europea desde que el pasado jueves emitiera su comunicado. “No ha habido ningún contacto específico con el Gobierno en este momento”, ha señalado el portavoz.

La situación preocupa al Ejecutivo comunitario, que lidia cada poco tiempo con un nuevo pulso contra la independencia judicial por parte de Hungría y Polonia. Bruselas no quiere que se abra un nuevo frente que además sirva a Budapest y Varsovia para acusar al Ejecutivo comunitario de “doble vara de medir” y esperan que la situación del CGPJ acabe resolviéndose con un pacto y una renovación.

Foto: Rueda de prensa del presidente del Gobierno tras la última cumbre europea. (EFE)

Hace solo algunas semanas la Comisión Europea emitía su primer informe sobre el estado de derecho en todos los países de la Unión Europea. España salió bien parada, aunque sí que se señalaba que era necesario renovar el CGPJ con urgencia. En ese mismo informe se señalaba que el Consejo de Europa - que no es una institución europea - insiste en que al menos la mitad del órgano debería ser escogido por jueces.

Primer aviso

“Cuando los Estados reforman el sistema judicial, debe hacerse consultado con todas las partes implicadas, incluyendo la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”, señaló un portavoz del Ejecutivo comunitario a El Confidencial el pasado jueves, justo el mismo día en el que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, participaba en el Consejo Europeo ordinario de octubre.

"Siempre hemos incidido en la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial con el fin de reforzar la independencia judicial. Es importante asegurarse de que el Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización", aseguró el pasado jueves un portavoz.

Sánchez contestó al día siguiente en una rueda de prensa celebrada al finalizar el Consejo Europeo, asegurando que respetaba la opinión de la Comisión Europea, aunque obviando el fondo de la crítica del Ejecutivo comunitario, y acusando al Partido Popular de hacer una oposición desleal. El líder de la formación popular estuvo en contacto con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y envió una carta también a Didier Reynders, comisario de Justicia.

El pasado jueves, días después de que PSOE y Unidas Podemos presentaran su propuesta para aligerar las mayorías en la elección de vocales para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Europea emitió un comunicado en el que señalaba que la recomendación siempre era reducir la influencia política en las instituciones judiciales.

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