la transición durará hasta diciembre de 2020

'Fumata blanca' a la Ley Brexit: ¿en qué consiste y qué cambia?

La llamada Ley del Brexit ha sido ratificada finalmente en Westminster, confirmando la salida del Reino Unido de la UE el próximo 31 de enero. ¿En qué consiste esta ley y qué cambia?

Foto: Boris Johnson. (Reuters)
Boris Johnson. (Reuters)

La llamada Ley del Brexit ha sido ratificada finalmente en Westminster. Tras más de tres años de intensos debates, sus señorías han aprobado la normativa que legitima oficialmente la salida del Reino Unido de la UE el próximo 31 de enero, bajo los términos del Acuerdo de Retirada que Boris Johnson logró cerrar con Bruselas en octubre. Arropado por la holgada mayoría absoluta cosechada en las elecciones generales de diciembre, el nuevo primer ministro ha amaestrado en seis semanas a la fiera que acabó devorando a su predecesora Theresa May.

El pacto de divorcio debe ser ahora ratificado por el Parlamento Europeo, pero se trata de un mero trámite. El Brexit es ya una realidad y los británicos dejarán de formar parte del club. En cualquier caso, desde el 1 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2020, tendrá lugar un periodo de transición donde, en la práctica, todo seguirá igual mientras ambas partes negocian las futuras relaciones. Bruselas advierte que once meses es un plazo poco realista cerrar un acuerdo comercial ambicioso. Pero Londres no está dispuesto a ampliar ya más plazos. Aquí, las claves para entender en qué momento nos encontramos:

Versión final del acuerdo de divorcio

La 'Ley Brexit' legitima la salida ordenada del Reino Unido de la UE para el 31 de enero, bajo los términos acordados con Bruselas el pasado mes de octubre: Londres deberá pagar una factura de divorcio entre 40.000 y 45.000 millones de euros; los derechos de los alrededor de cuatro millones de comunitarios residentes en la actualidad en suelo británico (entre ellos, más de 240.000 españoles) quedan garantizados; y se evita una “frontera dura” entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte para no poner en peligro la paz conseguida en el Ulster en 1998.

Polémica por los derechos de los comunitarios

Los ciudadanos de la UE que lleven cinco o más años residiendo en el Reino Unido deben ahora solicitar el llamado 'Settlement Scheme' (estatus de asentamiento) para conservar los derechos que tienen en la actualidad, entre otros, el tratamiento gratuito en el Sistema Nacional de Salud (NHS). Los que lleven residiendo menos tiempo, deben solicitar el “pre-estatus”. Al tratarse de un Brexit ordenado, el plazo para realizar los trámites es hasta el 30 de junio de 2021. Aquellos que no hayan regularizado su situación para entonces quedarán de manera ilegal, sin importar que lleven décadas viviendo en el Reino Unido o que estén casados con un británico.

La organización 'The 3 million', que vela por los derechos de los comunitarios, denuncia que esto debería ser un sistema de “registro” y no de “solicitud” (tal y como está ahora planteado) donde el Gobierno puede aceptar o no la petición de asentamiento. Asimismo, denuncian que los que han regularizado ya su situación no reciben ninguna prueba física para poder demostrarlo, algo que Bruselas ya advertido puede generar problemas de “discriminación” a la hora de buscar empleo o alquiler de vivienda.

La Cámara de los Lores aprobó una enmienda para que el Gobierno otorgara algún tipo de “carné”. Pero todas las enmiendas fueron tumbadas en los Comunes, donde los 'tories' tiene ahora una amplia mayoría de 80 escaños.

Frontera dura en Irlanda

La provincia británica de Irlanda del Norte seguirá dentro de la unión aduanera del Reino Unido. Esto le permitirá beneficiarse de los acuerdos comerciales que se negocien con terceros, pero al mismo tiempo seguirá alineada con un conjunto limitado de reglas del mercado único de la UE para evitar frontera dura con la República de Irlanda. Sólo serán gravados con aranceles los productos que lleguen desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte que tengan como destino último uno de los países de la UE. Aquellos que simplemente procedan de Gran Bretaña para ser consumidos en Irlanda del Norte quedarán exentos.

A los cuatro años de la aplicación de este protocolo, Stormont -el Parlamento de Irlanda del Norte- deberá decidir si quiere prorrogarlo o no. Si lo avala por mayoría simple, se extenderá cuatro años; si lo respaldan las dos comunidades (católicos y protestantes), ocho. En caso de rechazarlo, el protocolo dejaría de tener validez en dos años. En este caso, si Londres y Bruselas no cierran un acuerdo comercial para finales de 2020, el fantasma de la frontera dura llegará de nuevo.

Por otra parte, el acuerdo de retirada no cubre el sector servicios de Irlanda del Norte, otro factor importante a tener en cuenta si finalmente no hay pacto comercial con la UE.

La postura de Gales, Irlanda del Norte y Escocia

El Reino Unido está formado por cuatro naciones: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Los parlamentos y asamblea de Cardiff, Edimburgo y Belfast deben dar su consentimiento antes de que Westminster pueda legislar sobre asuntos que les afectan directamente, como es el caso del Brexit.

En esta ocasión, Gales, Escocia e Irlanda del Norte han rechazado el Acuerdo de Retirada. La votación no era legalmente vinculante, es decir, no se paraliza ahora el proceso. Sin embargo, a nivel político se exponen las tensiones soberanistas que ahora se plantean, sobre todo en el caso de Escocia, cuya ministra principal, Nicola Sturgeon, ya ha solicitado un nuevo referéndum de independencia.

Sin acuerdo de “mínimos” de integración

El Acuerdo de Retirada que Theresa May cerró en su día con Bruselas, el mismo que fue rechazado hasta en tres ocasiones por la Cámara de los Comunes, establecía un nivel mínimo de integración con la UE en caso de que el periodo de transición finalizara sin un pacto entre el Reino Unido y el bloque. El acuerdo de divorcio cerrado por Johnson, el mismo que ahora ha sido ratificado en la Ley de Brexit, no establece ningún mínimo.

Bandera de Europa en una manifestación en Alemania. (EFE)
Bandera de Europa en una manifestación en Alemania. (EFE)

Westminster, al margen

Respaldado por la amplia mayoría que tiene ahora en la Cámara de los Comunes, uno de los cambios importantes que Boris Johnson ha incorporado en la 'Ley Brexit' es que ahora Westminster ya no tendrá que ratificar previamente los objetivos marcados por el Ejecutivo para esta nueva fase de negociaciones. Asimismo, el Gobierno tampoco está obligado a ir actualizando al Parlamento sobre el transcurso de las conversaciones que marcarán las futuras relaciones con el bloque, situación que, según los expertos consultados, merma la democracia del Reino Unido.

Sin ampliaciones de plazos

El periodo de transición en el que el Reino Unido quedará aún dentro del mercado único y unión aduanera puede extenderse entre uno y dos años. Para ello, Londres si Londres lo notifica antes de julio. En cualquier caso, el Gobierno ha establecido ahora, por ley, que no se extenderá más allá de diciembre de 2020. Técnicamente, si quisiese cambiar de planes, el Ejecutivo podría presentar una moción a la Cámara de los Comunes (donde tiene mayoría) para ampliar plazos. Pero políticamente Johnson no parece que tenga ahora la más mínima intención.

El “amigo especial” empieza a dar problemas

El plan de Boris Johnson era presionar ahora a Bruselas para conseguir un buen acuerdo comercial, negociando paralelamente un pacto con Estados Unidos. Pero antes siquiera de que hayan comenzado las conversaciones han surgido las tensiones entre Londres y Washington.

Donald Trump -al que al fin y al cabo sólo le importa su lema 'American First'- amenaza con imponer aranceles “arbitrarios” a las exportaciones de automóviles del Reino Unido (entre ellos Mini, Bentley o Rolls-Royce) si el Gobierno británico sigue adelante con sus planes de introducir un impuesto del 2% a las grandes compañías tecnológicas (entre ellas, Facebook y Google) a partir de abril. Sorprendentemente, aquí Johnson se ha aliado con Emmanuel Macron.

Trump quiere asegurar un acuerdo comercial rápido con el Reino Unido antes de las elecciones presidenciales de este otoño. Pero el Gobierno británico señala ahora que debe priorizar las conversaciones con Bruselas porque con la UE hay una fecha límite del 31 de diciembre de 2020.

Europa
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