La Justicia europea estrecha el cerco sobre la reforma judicial polaca

El pulso dura ya mucho tiempo, pero lejos de relajarse, solo se recrudece. Este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado contraria al derecho comunitario la reforma del sistema judicial por parte del Gobierno polaco que pretende cambiar y adelantar la edad de jubilación de los miembros del Tribunal Supremo del país, obligando a retirarse a un buen número de magistrados y facilitando la elección política de sus reemplazos.

El 12 de julio de 2017 Polonia aprobó la norma que reducía la edad de jubilación de los jueces de 67 años a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. De golpe un grupo de miembros del Tribunal Supremo, incluida su presidenta, tendrían que abandonar sus despachos. Y, claro está, el Gobierno tendría la sartén por el mango a la hora de nombrar, también de golpe, todo un nuevo bloque de jueces.

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En junio de 2019 Luxemburgo ya consideró que esta norma, que obligaba a la retirada de jueces del Tribunal Supremo, violaba el derecho de la Unión atacando a la independencia de los magistrados. La sentencia de este martes se refiere al resto del alcance de la ley de 2017: los tribunales y fiscales ordinarios, a los que también se les obligaba en dicha norma a retirarse antes.

Además, si algún magistrado quería ver su mandato extendido debía recibir una prórroga directamente por parte del ministerio de Justicia polaco. La Comisión Europea consideró que dicha medida violaba las normas europeas sobre la protección del estado de derecho y llevó a Varsovia ante la máxima corte de la Unión Europea.

En una sentencia publicada este martes, el TJUE señala que "dicha ley introdujo condiciones directamente discriminatorias por razón de sexo" al obligar antes a jubilarse a las mujeres que a los hombres, y desestimó el argumento del Ejecutivo de que se trataba de una "discriminación positiva". "Estas diferencias no pueden compensar las desventajas a las que están expuestas las carreras de las funcionarias", critica la corte de Luxemburgo.

Control del ministerio

El TJUE ataca de forma dura el control del ministerio de Justicia sobre la posible prórroga de mandatos, pero, sin embargo, no señala que esto constituya una violación de la independencia judicial, que "requiere […] que el órgano de que se trate ejerza sus funciones en plena autonomía y de manera imparcial". Es decir: no es el hecho de que el ministerio tenga un rol en la prórroga de los jueces y fiscales lo que hace que la independencia judicial se vea violada.

Entonces, ¿cuál es el problema? Lo primero es que el TJUE no señala que esté de acuerdo con que el ministerio tenga un rol, sino que éste no es suficiente, por si solo, como para violar la independencia judicial. Y eso es diferente. El problema es que "las condiciones materiales y las normas de procedimiento que acompañan a esta facultad pueden suscitar, en el presente caso, dudas legítimas en lo que respecta a la impermeabilidad de los jueces afectados frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad".

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Luxemburgo considera que las condiciones para obtener la prórroga son demasiado vagas y los plazos quedan prácticamente en manos del ministerio. Y eso significa que los criterios quedan a merced de la discrecionalidad de un órgano político sin que las normas sean lo suficientemente precisas.

Además, la reforma viola el derecho de inamovilidad. "La indispensable impermeabilidad de los jueves frente a cualquier injerencia o presión externa exige ciertas garantías, como la inamovilidad, idóneas para proteger a la persona de quienes tiene la misión de juzgar", señala el TJUE. "La medida de reducción de la edad ordinaria de jubilación […] combinada con la medida consistente en atribuir al Ministerio la facultad discrecional para autorizar la prórroga […] viola el principio de inamovilidad", sentencia el alto tribunal.

El texto concluye que la reforma puede generar dudas sobre que ésta "podría tener en realidad la finalidad de permitir al ministro apartar a determinados grupos de jueces una vez alcanzaran la nueva edad ordinaria de jubilación y simultáneamente mantener en el cargo a otra parte de ellos".

Las maniobras del Gobierno polaco

El Gobierno polaco, controlado por los ultraconservadores del partido Ley y Justicia (PiS) lleva años embarcado en una cruzada para minar la independencia judicial en el país, lo que provocó que en diciembre de 2017 la Comisión Europea activara el artículo 7 de los Tratados contra Varsovia por atacar el Estado de derecho.

Desde su vuelta al poder en el año 2015 el PiS se apoya sobre la defensa de que el sistema polaco todavía tiene residuos de la era comunista en sus estructuras, y que es necesario que se complete esa transición. El último capítulo se vivió este mismo lunes, cuando el Ejecutivo polaco propuso a dos de sus antiguos y polémicos diputados para formar parte del Tribunal Constitucional. Su nombramiento está en manos de la cámara baja, donde el PiS tiene mayoría.

Curiosamente, y aunque los ultraconservadores apoyan sus polémicas reformas sobre la base de la necesidad de limpiar la herencia comunista Stanislaw Piotrowicz, uno d los candidatos propuestos para el Constitucional, fue fiscal durante el régimen comunista en Polonia.