Bruselas amenaza con los tribunales a Polonia por la politización de la justicia

Ha pasado menos de un día desde que Ursula von der Leyen fuera confirmada como la futura presidenta de la Comisión Europea con una estrechísima victoria en la que los votos de los ultraconservadores Partido Ley y Justicia (PiS) polaco fueron claves. El Gobierno del país, en manos de la formación derechista, no tardó en recordarle a la alemana y el resto de socios europeos que este martes se evitó el bloqueo de la UE gracias a sus votos, y que quieren cosas a cambio.

Y la demostración de lo difícil que es deberle favores a Varsovia se ha demostrado solo unas horas después. Como jefa del Ejecutivo comunitario, Von der Leyen tendrá que continuar con un histórico pulso que vienen manteniendo desde hace años Bruselas con el Gobierno polaco desde que éste comenzó una serie de reformas judiciales que minan la independencia judicial en el país.

Hoy la actual Comisión Europea, todavía en manos del luxemburgués Jean-Claude Juncker, que seguirá en el cargo hasta el 31 de octubre, ha dado un paso más en la lucha cuerpo a cuerpo con Polonia. Tras un intercambio de cartas con la intención de que Varsovia diera explicaciones sobre la puesta en marcha de una reforma judicial que establece la posibilidad de que los jueces sean sometidos a una investigación disciplinaria con sanciones incluidas por sus decisiones judiciales.

La Unión Europea y el Gobierno polaco del PiS mantienen un pulso en torno a la reforma judicial polaca, que pondría en peligro el Estado de Derecho

Además, Bruselas señala que la reforma no garantiza la “independencia e imparcialidad” de los siete jueces que componen la sala disciplinaria del Tribunal Supremo que se encargaría de controlar a los magistrados. Y la razón es porque los miembros de este panel son elegidos por el Consejo Nacional de la Justicia, un órgano cuyos miembros son escogidos por el Parlamento polaco. En última instancia, el poder político tiene la posibilidad de elegir a jueces que investiguen y sancionen a otros colegas por sus sentencias y decisiones, lo que la Comisión Europea considera una violación de su independencia.

El intercambio de misivas no disipó los temores del Ejecutivo comunitario, que este miércoles ha anunciado que Varsovia tiene dos meses para deshacer la citada reforma antes de que Bruselas dirija el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión ya llevó al alto tribunal la reforma polaca que rebajaba la edad de jubilación del Tribunal Supremo, una norma que recientemente Luxemburgo ha sentenciado como contraria al derecho de la Unión.

El pulso de la Comisión Europea con Polonia viene de lejos y ha tenido un protagonista: el holandés Frans Timmermans, vicepresidente primero de la institución y bestia negra de Varsovia. De hecho, cuando Países Bajos, España, Alemania y Francia propusieron el nombre de Timmermans como posible futuro presidente del Ejecutivo comunitario Polonia presentó una oposición férrea.

En diciembre de 2017 el vicepresidente anunció la activación del artículo 7 de los Tratados de la Unión Europea contra Polonia, poniendo en marcha así por primera vez una cláusula incluida en los textos de funcionamiento de la UE y que permite, en última instancia, sancionar a un país que viola los principios básicos del Estado de derecho.