Ingeniería social con buldóceres: el plan danés para romper los 'guetos' de migrantes

Muhamed Aslam fue de los primeros vecinos que se instaló a vivir en Mjølnerparken a mediados de los años 80. Los cuatro bloques de pisos construidos ofrecían un alquiler asequible en el barrio de Nørrebro (al norte de Copenhague). Estos edificios de vivienda social en seguida se llenaron de jóvenes, trabajadores, y familias extranjeras, a menudo refugiados llegados desde Oriente Medio y del norte de África, atraídos por los precios de alquiler baratos y un barrio al lado de tiendas, transportes públicos, servicios y zonas verdes.

Tras toda una vida junto con su mujer y sus cuatro hijas, hace dos años la empresa propietaria que gestiona los pisos notificó a Aslam que tenía que dejar su casa, ya que estaba afectada por el plan del Gobierno danés para abolir las “sociedades paralelas”. Según el Ejecutivo, estas zonas constituyen enclaves segregados donde la población inmigrante no participa de la sociedad ni aprende el danés. Ahora, las consecuencias de este plan se han empezado a ejecutar en Mjølnerparken, donde los vecinos de dos de los cuatro bloques son obligados a trasladarse permanentemente en otras zonas de la ciudad. A la vez, el plan incluye una reforma integral de los bloques de pisos con el objetivo de cambiar la demografía del barrio para revertir el hecho de que la mitad de los vecinos son población de origen “no occidental”.

Los residentes como Aslam denuncian ser discriminados, y aseguran que el Gobierno, liderado por la primera ministra socialdemócrata Mette Frederiksen, lleva a cabo su política social con los buldóceres. El polémico plan de urbanismo marca que en las zonas afectadas solo puede quedar un 40% de vivienda social. El resto se tiene que demoler o reformar para convertirlo en alquileres privados. Los vecinos que no son forzados a trasladarse también temen que la reforma contribuya a una gentrificación del barrio que, a la larga, termine expulsando al resto de los vecinos.

“No somos un gueto”

Los bloques de Mjølnerparken en Copenhague se han convertido en un símbolo de las protestas vecinales contra el plan del Gobierno, pero no es la única localidad afectada de Dinamarca. En total, hay una decena de zonas que el Gobierno considera como “sociedades paralelas” repartidas por las principales ciudades del país, como el barrio de Vollsmose, en Odense, o el de Gellerup, en Aarhus. En todo el país hay 4.000 viviendas sociales afectadas por el plan que tendrán que ser vaciadas o derrumbadas antes del año 2030. Al menos 430 de ellas ya han desaparecido.

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El plan se anunció en 2018 bajo un Gobierno conservador, y es parte de lo que antes se denominó como “la ley gueto”, hasta que el nuevo Ejecutivo la cambió de nombre. A pesar de las protestas de las organizaciones de la sociedad civil y de los vecinos afectados, el plan tiene el consenso de la mayoría de formaciones en el parlamento danés, desde los socialdemócratas hasta el partido liberal y el conservador. Cada mes de diciembre, el Gobierno anuncia la lista de zonas residenciales que, según sus criterios, considera como “guetos”.

Los requisitos dependen de la tasa de desempleo, el nivel de educación, el índice de escolarización de los jóvenes, y el índice de criminalidad. Pero hay un criterio que se tiene que cumplir siempre para que la zona sea considerada una “sociedad paralela”, y es que la mitad de los residentes sean inmigrantes de primera o segunda generación. Los vecinos en estas zonas también están sometidos a unas leyes especiales. Por ejemplo, los delitos leves cometidos pueden ser castigados con una doble sanción, y los niños menores de seis años tienen que pasar 25 horas semanales en clases donde se les enseña los “valores daneses”.

La imagen que da el Gobierno de las zonas afectadas no coincide con la opinión que tienen la mayoría de los vecinos que viven en ellos. En el caso de Mjølnerparken, los residentes piensan que el barrio ha sufrido la estigmatización por parte de los políticos durante años. “Cuando hay elecciones, todos compiten para ver quién es más duro contra los inmigrantes. Ahora nos han quitado nuestras casas y todos los recuerdos que teníamos aquí”, dice Muhamed Aslam.

Majken Felle es profesora de Educación Primaria y se trasladó hace ocho años a Mjølnerparken. Sin embargo, hace dos años también recibió la notificación de desalojamiento. Felle afirma que “me encantaba vivir en el barrio y siempre me he sentido segura”, y añade: “Soy una mujer soltera, no soy musulmana, vivo mi vida como quiero, y todo el mundo siempre ha sido amable conmigo”. Los vecinos como ella destacan que en el barrio todos se conocían y podían confiar entre ellos, un sentimiento de comunidad que, dicen, no ocurre en otros sitios de la ciudad. “Han pintado la imagen de que éramos un barrio aislado y monocultural, pero la verdad es que estamos cerca del centro de la ciudad y es un barrio abierto lleno de familias, no somos para nada una sociedad paralela o un gueto”, explica Felle.

Tanto Muhamed como Majken forman parte del grupo de vecinos que, junto con los de otras zonas afectadas, han denunciado el plan del Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por ser discriminatorio. Hace dos años, las Naciones Unidas también decidieron intervenir en el caso por medio de un grupo de expertos en derechos humanos, que alertó al Ejecutivo danés que debería detener la venta de los pisos de alquiler social hasta que los tribunales adoptaran una decisión sobre la legalidad del plan.

“No hay pruebas de que el plan funcione”

Los expertos alertan de las consecuencias que puede tener hacer políticas sociales urbanas que trasladan población de una zona a otra. La investigadora en la Universidad de Aalborg Marie Stender, que ha estudiado en profundidad las zonas afectadas y ha hablado con centenares de sus vecinos, señala que “Dinamarca no ha sido el primer país en intentarlo, pero, al observar ejemplos internacionales, no podemos encontrar evidencias de que esto funcione”.

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Para Stender, es aún muy temprano para analizar si el plan funciona en el país nórdico, pero advierte que puede tener un efecto adverso de hacer aumentar la segregación en vez de disminuirla. "Lo que puede provocar es que se empuje el estigma y los problemas sociales a otros barrios mucho más alejados del centro de las ciudades", asevera. La investigadora señala también otro factor que tiene el riesgo de hacer aumentar la segregación en vez de disminuirla: “Muchos residentes están muy enfadados y sienten que no son bienvenidos en la sociedad danesa”, ya que, según la experta, “una cosa son las tasas de desempleo y educación en un barrio, estas pueden cambiar con el tiempo, pero el origen étnico no es algo que la gente pueda hacer nada para cambiarlo”. Mientras tanto, bajo una fría lluvia de otoño, las excavadoras, grúas y los operarios continúan trabajando en Mjølnerparken.