"Terriblemente complicado": la UE busca una manera de usar los activos rusos sancionados

"Todo es terriblemente complicado, y nadie sabe actualmente qué es posible y cómo", explicaba este viernes Olaf Scholz, canciller alemán, al ser preguntado por el posible uso de los activos sancionados rusos, es decir, fondos como cuentas bancarias que quedan bloqueadas al ser incluidos sus propietarios en sanciones europeas, para financiar la reconstrucción de Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, que costará, según cifras del Banco Mundial, unos 411.000 millones de dólares. Los líderes han abordado el asunto durante una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas esta semana y en la que, aunque ha quedado claro que la operación sería compleja, también se ha visto que hay un apoyo amplio a estudiarla a fondo.

Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, es la principal impulsora de esta idea enormemente delicada que genera preocupación en otros Estados miembros, fundamentalmente en Alemania. La herramienta legal debería ser muy bien diseñada, porque los fondos congelados al banco central ruso, por ejemplo, no pueden utilizarse directamente. La Comisión Europea, que es la encargada de presentar una idea concreta para abordar la cuestión, ha estado viendo la posibilidad de usar esos fondos en distintas operaciones para generar beneficios, siendo estos los utilizados para la reconstrucción de Ucrania, aplicándoles un impuesto especial. Pero los fondos congelados, que se calcula que rondan los 200.000 millones de euros, deben quedar intactos.

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"Nosotros, la Comisión, presentaremos una propuesta y nos centraremos con prudencia en las ganancias (windfall profits) de los activos inmovilizados del banco central ruso", explicó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una rueda de prensa celebrada tras la cumbre de líderes europeos. En todo caso, y aunque originalmente se esperaba que este plan se presentara antes de verano, Bruselas no ha aclarado cuándo se pondrá sobre la mesa una idea concreta sobre cómo proceder.

La Comisión Europea empezó a barajar esta opción en noviembre de 2022. "No es fácil, requerirá mucho apoyo de la comunidad internacional, pero creemos que se puede hacer", señalaba entonces una fuente comunitaria. Entonces los técnicos comunitarios trabajaban específicamente en establecer una conexión entre los dueños de esos fondos congelados y algún crimen particular. "Siempre se necesitaría un vínculo con actividades delictivas para confiscar activos", señalaba entonces una persona que trabajaba sobre dicho plan.

Ahora la atención ya no se centra en los ciudadanos particulares, como magnates rusos, que hayan sido sancionados por sus vínculos con Putin y el Kremlin, sino que se centran en el banco central ruso. Y en noviembre las fuentes comunitarias eran especialmente cautelosas con esos activos, especialmente después de que Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EEUU, advirtiera de que ese era un movimiento que no se podía hacer en EEUU.

Dudas legales

"No coges el dinero y lo metes en tu cartera", explica una alta fuente europea. Hay que buscar "una solución que respete el Estado de derecho" y "tienes que restituir esos fondos sancionados en cuanto que la situación cambie", explica la misma fuente. En otras palabras: el día siguiente a la suspensión de las sanciones que se han adoptado contra Rusia, el banco central ruso, las entidades y personas sancionadas deben tener acceso a los activos que habían sido inmovilizados. Scholz explicó tras el Consejo Europeo que los líderes encargaron a la Comisión Europea que termine de analizar cómo se podría ejecutar este instrumento.

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Esas fuentes, que señalan que entre los líderes hay voluntad por estudiar a fondo la cuestión, explican que hay que tener cuidado con los “efectos colaterales” de una medida así, teniendo en cuenta que el euro es una reserva internacional y que una medida mal diseñada podría hacer que actores que pueden temer algún día ser sancionados decidan no usar el euro. "Hay dudas legales sobre lo que se puede hacer" y sería "contraproducente" que una medida así acabara en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala la fuente.