La Justicia llama a la puerta y Bolsonaro será investigado: ¿acabará en la cárcel?

Para entender este nuevo capítulo de la telenovela latinoamericana más excitante de la década es preciso resaltar algunos detalles. Anderson Torres, exministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro, asumió el 1 de enero la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal, uno de los 27 Estados de Brasil, donde se encuentra la capital, Brasilia. Su primera medida fue despedir a los principales responsables de coordinar con éxito el dispositivo de seguridad durante la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acto seguido, se marchó de vacaciones a Orlando, la misma ciudad donde se encuentra Bolsonaro, desde que el 30 de diciembre decidió autoexiliarse para no tener que entregar la banda presidencial a Lula.

El 8 de enero, millares de bolsonaristas radicales llevaron a cabo un violento ataque contra los edificios de los tres poderes, causando una destrucción sin precedentes. Torres fue destituido por el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que a su vez fue suspendido de su cargo por la Corte Suprema por un periodo de 90 días. Ambos son considerados responsables de permitir unos atentados tildados de "terroristas" por la magistratura y la prensa de Brasil. Posteriormente, el Supremo dictó una orden de prisión contra Torres, quien prometió regresar anticipadamente de sus vacaciones para entregarse a la justicia. Está previsto que su vuelta y arresto se produzcan en los próximos días.

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La pregunta entre juristas, políticos y periodistas brasileños es si Bolsonaro podría ser encarcelado por ser considerado el deus ex machina del fallido "golpe de Estado". La respuesta es un no rotundo, según Thiago Bottino, profesor de Derecho de la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro. "Bolsonaro solo podría ser investigado y detenido si hubiese pruebas contundentes contra él. De momento, no hay elementos para imputarle una instigación al golpe", señala Bottino a este periódico.

Cabe destacar que, desde finales de diciembre, los principales medios de comunicación airean la posibilidad de que Bolsonaro se marchó de Brasil antes de acabar su mandato para escapar de una posible condena, ya que desde el 1 de enero no goza de inmunidad. Son muchas las acusaciones contra el exmandatario, que pueden ser resumidas alrededor de cuatro grandes ejes: la creación junto a su hijo Carlos Bolsonaro —concejal en Río de Janeiro— de una red de noticias falsas para condicionar el resultado de las elecciones; la propagación de noticias falsas en la gestión de la pandemia del covid, lo que podría haber contribuido a aumentar el número de muertos, y una sospecha de malversación en la compra de vacunas; la trama de la rachadinha, un supuesto esquema de desvío de dinero público a través de una red de funcionarios fantasmas, liderada por el hijo senador, Flávio Bolsonaro; y ahora la hipotética involucración en la organización de un golpe para mantenerse en el poder. "De por sí negarse a entregar la banda presidencial al sucesor no es un crimen", explica.

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Es más bien un gesto de mal educación que le hace aún más pequeño. En cuanto a la investigación sobre la red de fake news, es cierto que existen una serie de anomalías. El órgano competente no tendría por qué ser la Corte Suprema y el juez responsable debería haber sido escogido en un sorteo y no a dedo, como ocurrió con Alexandre de Moraes. Posteriormente, estas irregularidades fueron refrendadas por la misma Corte. Y hay más cosas: "La Fiscalía General del Estado pidió en más de una ocasión que el Supremo archivase el caso, pero el juez se negó, algo que también no podría acontecer. No obstante, la realidad es que a día de hoy no existen pruebas concretas contra Bolsonaro", explica Bottino.

En el caso de la gestión de la pandemia, la Comisión parlamentaria que investigó al expresidente por supuesta omisión y corrupción en la compra de las vacunas recopiló una serie de pruebas, pero el Fiscal General del Estado, Augusto Aras, archivó el caso.

Detalle: Aras fue escogido en 2019 por Bolsonaro ignorando la llamada "lista tríplice" divulgada por la Asociación Nacional de Fiscales, rompiendo así una tradición democrática en vigor desde el fin de la dictadura militar. Desde entonces, Aras ha mantenido una conducta de fidelidad, intentando beneficiar a Bolsonaro en todos los asuntos legales más espinosos.

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"Bolsonaro cometió varios crímenes contra el Estado democrático cuando era presidente, como participar en manifestaciones que pedían la intervención militar y el cierre de la Corte Suprema. Incluso llegó a solicitar eso explícitamente en sus discursos. Sin embargo, en aquel momento era el presidente de la República. Solo habría podido ser procesado a petición de la Fiscalía General del Estado, algo que nunca aconteció", afirma Bottino.

Para este jurista, una teórica condena de Bolsonaro puede llegar a través de nuevas pruebas, como documentos filtrados, o de una delación premiada de algún colaborador que decida señalarlo a cambio de una reducción de pena. En otras palabras, habrá que ver si Anderson Torres se sacrifica asumiendo el papel de chivo expiatorio o si opta por traicionar a su exjefe para salvarse.

Por lo pronto, el entorno más próximo de Bolsonaro parece estar preocupado con una declaración comprometedora de Torres ante el juez o incluso con una delación premiada. "La existencia del borrador [de decreto para anular las elecciones] indica que Bolsonaro pensó en el asunto. Y Anderson Torres tendrá que responder quién escribió el borrador. ¿Participó Bolsonaro? El malestar en el partido es muy fuerte, porque el PL no quiere confusión", asegura off the record un influyente miembro del Partido Liberal, la formación política de Bolsonaro.

En los Estados Unidos, medio centenar de congresistas han pedido que Joe Biden revoque el visado del expresidente. "No debemos permitir que Bolsonaro ni ningún otro exfuncionario brasileño se refugie en los EEUU para escapar de la justicia por cualquier delito que hayan cometido durante su mandato, y debemos cooperar plenamente con cualquier investigación del Gobierno brasileño sobre sus acciones, si se solicitan", señalan estos diputados, entre los que se encuentra Alexandria Ocasio-Cortez, la joven latina que ha revolucionado la política de Estados Unidos. La prensa brasileña, por su parte, habla de una petición de "extradición". Sin embargo, se trata de una traducción errada dado que no hay una orden de busca y captura contra Bolsonaro.

Mientras tanto, se empieza a revocar la cláusula de confidencialidad de 100 años impuesta por Bolsonaro a varios documentos oficiales. Ya están saliendo detalles escabrosos sobre el uso de la tarjeta de crédito corporativa de la Presidencia. Bolsonaro gastó más de 1,7 millones de reales (307.000 euros) en hoteles de lujo, restaurantes y supermercados en una localidad de playa llamada Guarujá. Casualidades de la vida: es el mismo lugar donde se halla el famoso piso atribuido a Lula, que originó su condena a la cárcel por corrupción.

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En total, fueron abonados 27,6 millones de reales (488.000 euros) con la tarjeta de la Presidencia. Entre los gastos más inusitados figuran helados por un valor de 1.555 euros y pizza por 4.520 euros. Se trata de un patrón de consumo que contradice la conducta austera del expresidente, quien en 2019 firmó su acto de posesión del cargo con un bolígrafo de plástico barato, precisamente para escenificar el inicio de una nueva era que perseguiría el derroche con dinero público.

Llama la atención un montante de 109.266 reales (cerca de 20.000 euros) en un modesto restaurante de Roraima, en la frontera con Venezuela. Ocurrió el 26 de octubre de 2021 y representa el mayor desembolso individual con alimentos. Aquel día Bolsonaro llegó a la capital de Roraima, Boa Vista, a las 9:40 am; visitó un albergue para inmigrantes venezolanos; participó en un encuentro con indígenas; almorzó con el Comando del Ejército en la región e hizo acto de presencia en la conmemoración del aniversario de la iglesia evangélica Asamblea de Dios. Regresó a Brasilia al final de la tarde. La dueña del restaurante relató que entregó 659 refecciones completas con bebida y 2.964 kits de merienda en el cuartel del Ejército.

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EFE

Es de esperar que en las próximas semanas aparezcan más datos confidenciales sobre Bolsonaro, como la lista de personas que visitaron el Palacio del Planalto o incluso su certificado de vacunación. Hay que recordar que Bolsonaro tuvo una actitud negacionista a lo largo de toda la pandemia y siempre se negó a revelar si había tomado la vacuna contra el covid.

Independientemente de una posible condena a prisión, el Tribunal Superior Electoral ya se está articulando para declarar a Bolsonaro inelegible para los próximos comicios. El juez encargado de los procesos que pueden inhabilitar al expresidente pretende tramitar los casos la próxima semana. Paralelamente, están siendo publicados los nombres tanto de los bolsonaristas que participaron en los actos vandálicos del 8 de enero, como de los empresarios que financiaron a estos grupos radicales. Son 52 personas físicas y siete empresas. La Procuraduría General de la Unión (AGU) ha solicitado al Tribunal Federal del Distrito Federal el bloqueo de 6,5 millones de reales (1,18 millones de euros) en bienes.

A petición de la Fiscalía, la Corte Suprema ha incluido al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes más radicales el pasado domingo en Brasilia. La tesis del Ministerio Fiscal es pudo ser uno de los autores intelectuales del asalto del pasado domingo. Los espectadores ya están preparando las palomitas para los próximos capítulos de esta telenovela, que promete emociones, giros inusitados, traiciones y crisis nerviosas como un verdadero melodrama latinoamericano.