Un excomisario en la mira: el 'Qatargate' toca a la puerta de la Comisión Europea

Por primera vez desde que estalló el Qatargate el pasado viernes 9 de diciembre, cuando las autoridades belgas lanzaron una serie de registros y detenciones para desarticular una supuesta trama de sobornos para beneficiar la imagen del país del Golfo y también, como se ha conocido después, de Marruecos, el escándalo acabó salpicando a la Comisión Europea. Dimitris Avramopoulos, comisario de Migraciones e Interior entre 2014 y 2019, formó parte del consejo honorífico de la ONG Fight Impunity, la organización presidida por el antiguo eurodiputado Pier-Antonio Panzeri y que se encuentra en el centro de la trama, según la Fiscalía belga.

En ese consejo honorífico había otras figuras conocidas de la política europea, como la antigua alta representante para Política Exterior y de Seguridad, la italiana Federica Mogherini. Todos dimitieron el bloque cuando se conoció la detención de Panzeri y el papel de la ONG en la trama. Pero el periódico italiano La Stampa ha desvelado que había una diferencia fundamental entre ellos y Avramopoulos: el griego recibía un sueldo, y para ello había recibido el visto bueno de la Comisión Europea, que debe analizar y autorizar a los antiguos comisarios sus nuevos puestos remunerados en los años siguientes a su salida de la institución.

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EFE

No hay, por el momento, ninguna prueba que apunte a que Avramopoulos haya cometido ninguna irregularidad, ni que forme parte de la investigación de las autoridades belgas, pero sí que apunta a las deficiencias del sistema de las instituciones europeas a la hora de evitar conflictos de interés y garantizar los más altos estándares. Durante su etapa como comisario de Migraciones e Interior, especialmente durante la segunda mitad del mandato, años antes de empezar a cobrar de la ONG de Panzeri, Avramopoulos fue especialmente halagador con los esfuerzos de Marruecos en la cuestión de la gestión migratoria. En 2017, en una visita a Rabat, señaló que se trataba de un "estabilizador" para la región y en 2018 participó del aumento de la financiación a Marruecos. En 2019 quiso "felicitar a Marruecos por sus acciones y asegurarle nuestro apoyo", esperando poder tener una relación "más estrecha, profunda y ambiciosa".

También es cierto que todo ello lo hacía también en gran parte por presión española, preocupada por los mensajes que llegaban desde Rabat, viendo que desde 2016 la UE se había volcado en apoyar a Turquía en la gestión del flujo migratorio procedente de Siria, y también centrándose en la ruta del Mediterráneo Central desde Libia. En 2019 Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones, viajó a Bruselas con la misión de conseguir que la Comisión Europea mimara más al reino alauí. En ese viaje aseguró que España quería ser "la voz de Marruecos en Europa".

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Avramopoulos era uno de los candidatos que estaban siendo evaluados por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que dirige el catalán Josep Borrell para ser el próximo representante especial de la Unión Europea para los países del Golfo, un grupo en el que se incluye Qatar.

Problemas con el Comité de Ética

El Comité de Ética del Ejecutivo comunitario dio el visto bueno a que Avramopoulos recibiera un sueldo no especificado de Fight Impunity comprometiéndose a no hacer lobby en la Comisión Europea. Ese visto bueno llegó a principios de 2021 a pesar de que la ONG no estaba en el registro de transparencia. Durante su tiempo a sueldo de la ONG de Panzeri, que los investigadores belgas creen que se usaba para canalizar el dinero de Doha y Rabat, que después se utilizaba para influir a favor de ambos regímenes, Avramopoulos recibió, según el excomisario, unos 60.000 euros.

El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha explicado que las organizaciones no tienen que estar en el registro de transparencia si no van a mantener encuentros con comisarios o miembros del Ejecutivo comunitario. Mamer ha señalado que el Comité de Ética hizo su trabajo al "verificar" la información que Avramopoulos incluyó en su solicitud y que se aplicaron medidas. "Una de las restricciones es que no debía contactar con sus antiguos colegas de la Comisión Europea", ha explicado el portavoz.

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Durante mucho tiempo se ha criticado que esos chequeos por parte de la Comisión Europea eran demasiado laxos, que en ningún caso garantizan de forma efectiva que se proteja a los miembros del Ejecutivo comunitario de las influencias externas. El gran escándalo ocurrió en 2016, cuando el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, se incorporó a Goldman Sachs. Aunque el Ejecutivo comunitario concluyó que el antiguo presidente no vulneraba las normas en 2018, se supo que se había reunido en Londres con el vicepresidente en activo, Jyrki Katainen, saltándose la promesa de no hacer lobby a miembros de la Comisión.

El escándalo provocó que la Comisión Europea reforzara sus normas y sus exigencias, pero el caso de Avramopoulos demuestra que sigue habiendo problemas a la hora de lograr un control efectivo de los antiguos miembros. El Ejecutivo comunitario no podía ir por delante de la Fiscalía belga y los servicios secretos en sus sospechas sobre las actividades de Panzeri, aunque algunos datos sobre la ONG podrían haber hecho saltar alguna alarma. Lo que sí que podría haber hecho la Comisión Europea es hacer un mejor seguimiento de lo ocurrido. Porque, aunque defienda ahora que el trabajo del Comité de Ética fue correcto y que la ONG no debía estar en el registro de transparencia si no iban a mantener reuniones con comisarios o miembros de la institución, también es cierto que en su solicitud Avramopoulos señaló que la organización se registraría, cosa que después nunca hizo.