Bruselas bloquea fondos a Hungría hasta que cumpla 27 "superhitos" sobre el Estado de derecho

La Comisión Europea anunció en septiembre que pretendía bloquear para Hungría el 65% de tres programas operativos de los fondos de cohesión del presupuesto europeo, por valor de unos 7.500 millones de euros. El Gobierno húngaro podía desbloquearlos si avanzaba en una serie de promesas hechas a Bruselas en materia de lucha contra la corrupción y protección del sistema judicial en el plazo de dos meses. Sin embargo, la Comisión Europea considera que el Ejecutivo húngaro no ha cumplido con su parte, por lo que solicita que el dinero permanezca congelado.

El bloqueo original fue el resultado de la primera activación del mecanismo de condicionalidad, una herramienta que permite a la Unión Europea congelar fondos a un Estado miembro que no pueda garantizar el correcto uso de ese dinero por problemas de corrupción o de Estado de derecho. Bruselas llegó la semana pasada a la conclusión de que Budapest no ha resuelto correctamente las 17 promesas que realizó en septiembre en materia de independencia judicial o lucha anticorrupción, las cuales se comprometió a finalizar en tiempo y forma. La decisión se ha aprobado en el colegio de comisarios de este martes.

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En una decisión conectada a la anterior, el Ejecutivo comunitario ha decidido dar el aprobado al plan nacional de Hungría para acceder al fondo de recuperación y al que todavía no había dado la luz verde, pero ha advertido de que no podrá recibir ese dinero hasta que no cumpla una serie de "superhitos", relacionados con el Estado de derecho, entre los que se incluyen las 17 promesas que ya ha formulado.

El análisis que realiza desde hace tiempo la Comisión Europea es que Hungría ha entrado en una espiral autoritaria y hay un ataque a la independencia judicial. Desde que Viktor Orbán regresó al poder en 2010, la tendencia ha ido empeorando, con el cierre de medios de comunicación independientes y el uso de fondos europeos para cimentar su poder y ayudar a sus aliados. El mecanismo de condicionalidad se aprobó en 2020 en paralelo al Fondo de Recuperación y era una exigencia de un grupo de Estados miembros, entre ellos Países Bajos, que defendían que debe existir una herramienta que permita bloquear los fondos a un integrante del club comunitario cuyo deterioro del Estado de derecho no permita garantizar el buen uso del presupuesto de la Unión Europea.

“Si bien se han emprendido o están en curso varias reformas, Hungría no implementó adecuadamente los aspectos centrales de las 17 medidas correctivas necesarias acordadas en virtud del mecanismo de condicionalidad general antes de la fecha límite del 19 de noviembre, como se había comprometido”, señala el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que señala que especialmente Budapest se ha quedado corta en el establecimiento de una Autoridad de Integridad y la revisión judicial de las decisiones de los fiscales.

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El Gobierno húngaro asegura que ha cumplido ya con todos sus compromisos, e incluso en Bruselas muchos esperaban que finalmente la Comisión no apostara por congelar el total de los 7.500 millones de euros, sino una cantidad menor debido a los progresos que había hecho. Pero el Ejecutivo comunitario considera que no es suficiente.

El equipo de Ursula von der Leyen ha estado bajo una fuerte presión en las últimas semanas por parte del Parlamento Europeo, que ya fue el principal actor que solicitó la activación del mecanismo de condicionalidad y que ahora ha vuelto a exigir a la Comisión Europea que no ceda, al considerar que Hungría no ha cumplido con su parte. Hace algunas semanas el pleno de la Eurocámara votó para exigir al Ejecutivo comunitario que mantuviera la congelación de los 7.500 millones de euros, que, en todo caso, son pocos a ojos de los europarlamentarios. Estos consideran que la presidenta de la Comisión no usó todo el potencial que le ofrecía el mecanismo. La decisión final estará en manos de los Estados miembros, que tendrán que votar antes del próximo 19 de diciembre.

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Fondo de recuperación

Sin embargo, lo que sí va a permitir el Ejecutivo comunitario es desbloquear el plan nacional de Hungría para acceder al fondo de recuperación que la Unión Europea puso en pie para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus. En el caso húngaro, asciende a 5.800 millones de euros. Esta otra partida está sujeta al cumplimiento de hitos y objetivos, como ocurre en el caso de todos los Estados miembros. En cierto modo, la Comisión da así a Budapest una de cal y otra de arena.

En el caso de Budapest, deberá cumplir antes un total de “superhitos”. “Ningún pago es posible hasta que Hungría haya implementado completa y correctamente estos superhitos”, señala el Ejecutivo comunitario. Entre las medidas requeridas se encuentra la de aumentar el poder del Consejo Judicial Nacional “para limitar la influencia indebida y las decisiones discrecionales”, así como reformar el funcionamiento de la Corte Suprema. También se exige a Budapest que elimine la capacidad de este tribunal de revisar las cuestiones que los jueces pretenden remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la intérprete última del Derecho de la Unión.