Bruselas quiere usar los activos congelados a Rusia para reconstruir Ucrania… pero no será fácil

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha propuesto este miércoles la creación de un tribunal internacional especial para juzgar a Vladímir Putin, presidente ruso, y ha expresado la intención del Ejecutivo comunitario de usar los fondos congelados a oligarcas rusos, las reservas del Banco Central de Rusia y otras personas sancionadas por la Unión Europea en el marco de la invasión ilegal, para invertirlos en la reconstrucción de Ucrania. El montante, calcula Von der Leyen, ascendería hasta los 320.000 millones de euros. Pero hacerlo será más difícil que decirlo. “No es fácil, requerirá mucho apoyo de la comunidad internacional, pero creemos que se puede hacer”, ha explicado una fuente comunitaria.

“Rusia debe pagar por sus horribles crímenes, incluido su crimen de agresión contra un Estado soberano. Por eso, sin dejar de apoyar a la Corte Penal Internacional (CPI), proponemos crear un tribunal especializado, respaldado por las Naciones Unidas, para investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia”, ha señalado la alemana en un vídeo publicado en redes sociales.

Estonia, Letonia y Lituania son los promotores de esta corte alternativa, ya que defienden que el alcance del CPI es muy limitado: se podría juzgar a las personas que cometieron los crímenes de Bucha, a los hombres que torturaron y asesinaron civiles, pero no se pueden juzgar a los que dieron las órdenes de ejecutar dichas acciones porque son responsables de un “crimen de agresión”, y eso se escapa de las competencias del CPI salvo que haya una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y eso, estando Moscú en ella, no va a ocurrir.

Dinero congelado

Von der Leyen también ha defendido que el dinero congelado por las sanciones debe servir para la reconstrucción de Ucrania, que la Comisión calcula que ha sufrido un daño equivalente a los 600.000 millones de euros. “Rusia y sus oligarcas tienen que compensar a Ucrania por los daños y cubrir los costes de reconstrucción del país”, ha señalado la presidenta. “Tenemos los medios para hacer que Rusia pague. Hemos bloqueado 300.000 millones de euros de las reservas del Banco Central de Rusia y hemos congelado 19.000 millones de euros del dinero de los oligarcas rusos”, ha defendido la alemana.

Pero eso va a ser más difícil de lo que parece. Un documento técnico de la Comisión Europea señala claramente que la congelación de activos no significa que se puedan confiscar. En el caso de los activos de los oligarcas y otras personas físicas sancionadas, que tienen inmovilizados según la Comisión unos 19.000 millones, para poder confiscarlos debe hacerse a nivel de los Estados miembros, que son los que pueden actuar, y debe realizarse una conexión entre esos activos, sus dueños y un crimen.

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“En otras palabras, los activos de las personas y entidades rusas designadas que actualmente están congelados no podrían confiscarse simplemente porque son propiedad de esas personas y entidades. Siempre se necesitaría un vínculo con actividades delictivas para confiscar activos”, señala el documento de trabajo de la Comisión Europea. “Cuando las condiciones para esa inmovilización ya no estén ahí, el dueño de esos activos tiene que recuperarlo”, explica otra fuente comunitaria.

Todavía más espinoso es el caso de los 300.00 millones de euros del Banco Central. Una fuente comunitaria admite que sería “más complicado”. De hecho, en mayo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, expresó su oposición a esta medida porque consideraba que no había base legal para ello: “No es algo que esté legalmente permitido en los Estados Unidos”. Además, Yellen explicó que era un problema generar desconfianza en los bancos centrales de países terceros a la hora de tener sus activos en países como EEUU o de la UE. Además, preocupa los efectos sobre la estabilidad financiera de un movimiento así. Y las fuentes comunitarias admiten que ese riesgo existe. “Es un riesgo, por eso hemos sido muy cautos” a la hora de proponerlo, señala la fuente.

Y luego está la cuestión de qué hacer con esos casi 320.000 millones de euros si se consiguen finalmente confiscarlos. Porque no pueden enviarse a Ucrania y que se gasten allí sin más: cuando se levanten las medidas restrictivas, es decir, las sanciones, y eso pasará cuando haya una hipotética paz entre Kiev y Moscú, sus dueños, ya sean oligarcas o el Banco Central, tendrán que recuperarlos. Por eso la Comisión Europea propone crear alguna estructura que permita invertir esos cientos de millones de euros y que sean los beneficios que generen los que se envíen efectivamente a Ucrania. Ante este plan, Moscú ha respondido advirtiendo de posibles medidas de represalía "recíprocas y reales", y "no de palabra". Así lo ha expresado la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, que ha indicado que "la responsabilidad de sus consecuencias, incluso para los intereses de las empresas europeas, recaerá únicamente en Bruselas".