Tu terrorista a cambio de mi 'espía': Bélgica se abre a la "diplomacia de rehenes" con Irán

Assadollah Assadi cumple una condena de 20 años en las cárceles belgas por un ataque terrorista frustrado en Francia en 2018 contra un acto en el que participaban miles de opositores iraníes. Assadi, diplomático de larga carrera en suelo europeo, se convertía así en el primer funcionario de alto nivel persa condenado en Europa por cargos de terrorismo desde la revolución de 1979. La sentencia ha sido, desde entonces, fuertemente reprobada por el Gobierno de Teherán, que lleva años reclamando su liberación y acusando a Occidente de una operación de "falsa bandera". Todo ello se libraba y continúa su sendero en medio de la tensión por el acuerdo nuclear iraní, que se encuentra en coma desde la llegada de Donald Trump.

Un año después de la condena, la puesta en libertad de Assadi podría estar más cerca. Bélgica ultima un polémico tratado de intercambio de prisioneros con Irán que ha suscitado las críticas de diputados del Parlamento Europeo, la oposición iraní, ONG como Amnistía Internacional o congresistas estadounidenses. Esta semana, el acuerdo ha sido ratificado por la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento belga. La cámara baja está llamada a darle el visto bueno definitivo en un escrutinio que tendrá lugar durante las próximas semanas. "Es una erosión del sistema jurídico. Irán ha dejado claro que no ve a Assadi como un terrorista, sino como un diplomático. Lo liberará tan pronto como pise suelo iraní", denunció durante el agitado debate parlamentario el conservador flamenco Michael Freilich.

¿Por qué este movimiento? Los medios locales revelaron recientemente que un trabajador humanitario de nacionalidad belga se encontraba cautivo desde febrero en el reino chií. A través de su ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne, el Ejecutivo que lidera Alexandre de Croo ha defendido el acuerdo alegando una "responsabilidad moral" en la que "hay vidas en juego". Irán está a la cabeza mundial en penas de muerte. El año pasado, el número de ejecuciones se disparó un 20% con respecto al anterior.

En los últimos años, la detención de ciudadanos europeos se ha convertido en una de las grandes espinas en la tumultuosa relación de la UE con Irán. Con este movimiento, Bruselas quiere asegurarse el retorno de su ciudadano y ayudar al regreso de otros como el académico sueco Ahmadreza Djalali, condenado a muerte y en aislamiento por negarse a utilizar sus contactos con las instituciones europeas para espiar por Irán (según explicó a través de una carta), el francés Benjamin Brière, acusado de espionaje y propaganda, o el científico polaco Maciej Walczak.

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Jaime León. Teherán (EFE)

Duras críticas

A comienzos de este año, sin ir más lejos, el Gobierno británico pagó a Irán 400 millones de libras por la liberación de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una de las suyas, también acusada de espionaje por el régimen de los ayatolás. Los escépticos alegan que medidas de este tipo sientan un peligroso precedente con regímenes más que cuestionados en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Advierten de que ello fomentará a impunidad ante crímenes internacionales.

Los críticos alegan que sucumbir a estas presiones puede dar paso a líderes autoritarios a retener a inocentes como medidas de chantaje y presión útiles para conseguir beneficios nacionales. Una "instrumentalización" de las relaciones internacionales que en los últimos meses ya se ha producido con personas migrantes o con la propia energía.

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Así, los reproches a este paso han extrapolado las fronteras belgas. De Croo ha recibido cartas de repudia por parte de exjueces europeos y de la ONU, de la oposición iraní o de una decena congresistas estadounidenses pidiendo su marcha atrás. "Estoy en 'shock' tras descubrir que el Gobierno belga prepara un acuerdo con el principal Estado en patrocinar el terrorismo para enviar a terroristas de vuelta al país a que preparan más ataques", ha tuiteado el republicano por parte de Texas Randy Weber.

Amnistía Internacional ha exigido a Bélgica que sea "plenamente consistente" con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e incluya en el tratado las salvaguardas necesarias para evitar la "impunidad a funcionarios o agentes iraníes responsables de crímenes contra el Derecho Internacional y de graves violaciones de derechos humanos".

Tablero internacional agitado

El escenario global que colea de fondo es, como aducen con frecuencia en las instituciones europeas, crecientemente "volátil", "competitivo" y "peligroso". La guerra en Ucrania ha tomado el relevo de la policiris desatada por la pandemia del covid-19. Y las consecuencias de ambas solo están dando sus primeros coletazos: inflación, escasez energética, desigualdad, reequilibrio de poderes, crisis socioeconómica o hambrunas agudas exacerbadas por el bloqueo de 20 millones de toneladas de cereales en Ucrania son algunas de las derivadas de un mundo que entra en una nueva fase.

Con todo ello, los regímenes en deriva están sacando provecho de las ansias occidentales para estabilizar algunos frentes y aunar aliados frente a Moscú. Dentro de las fronteras europeas, Polonia ha pasado de ser el alumno reprobable a uno de los aventajados. Su firme mano contra Rusia y la acogida de millones de refugiados ucranianos le han ayudado a allanar su camino para que la Comisión Europea apruebe el plan de recuperación nacional, retenido durante meses por los desmanes de los de Morawiecki al Estado de Derecho y a la separación de poderes.

Opinión

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Nacho Alarcón. Bruselas

En el marco de la OTAN, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan fue uno de los grandes triunfantes de la cumbre "histórica" celebrada en Madrid la semana pasada. Suecia y Finlandia acordaron con Turquía un memorándum de entendimiento sobre cuestiones de seguridad. Fue el precio a pagar para que el turco levantase su veto a la entrada de los dos países nórdicos a la Alianza Atlántica. A cambio de su 'sí', Ankara exige la extradición desde suelo sueco y finés de 73 militantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) o vinculadas al movimiento del clérigo Fethulá Gulen. Son activistas, periodistas o profesores a los que Erdogan considera "terroristas". Así, el contexto actual amenaza con poner en peligro a disidentes de los Gobiernos turcos o iraníes que viven en suelo europeo.

En este momento de cambio tectónico geopolítico, el régimen persa también busca su trozo del pastel. En una coyuntura en la que los pilares del orden multilateral nacido de la Segunda Guerra Mundial están en entredicho, resucitar el acuerdo nuclear iraní —conocido formalmente como JCPOA— constituiría un buen golpe de efecto para los europeos.

El acuerdo nuclear fue, probablemente, el mayor éxito diplomático de la UE en la pasada legislatura. Pero el expresidente estadounidense Donald Trump le asestó una cornada que lo mantiene en muerte clínica desde entonces. Resucitarlo está siendo una de las grandes tareas del Servicio de Acción Exterior (SEAE), que dirige el español Josep Borrell. Una de sus manos derechas, Enrique Mora, se está empleando a fondo en la mesa de negociación. No obstante, hasta la fecha, la única evidencia es que desde la retirada promovida por Trump, el reino chií ha incrementado el enriquecimiento de uranio a niveles que prácticamente le permitirán producir armas nucleares.

La Unión Europea está determinada a estrechar lazos con Irán. No solo por una cuestión de reequilibrio de poderes. Tras comenzar a desligarse de los hidrocarburos rusos, los europeos se encuentran a la caza de petróleo y gas en mercados alternativos. El invierno se anticipa muy duro. Y nadie duda en la capital comunitaria de las intenciones de Vladímir Putin para cerrar el grifo por completo en los próximos meses. Ante una demanda global de los recursos energéticos en ascenso y una oferta a la inversa, un Irán que comenzó el milenio bajo las mayores sanciones internacionales se proyecta ahora como una de las alternativas de suministro de gas y petróleo hacia el Viejo Continente.