El juicio que desnuda la represión masiva en la nueva Cuba de Miguel Díaz-Canel

El pasado febrero, la artista cubana Anamely Ramos se disponía a abordar un vuelo en Miami rumbo a La Habana cuando la compañía American Airlines le indicó que no podía embarcar: el Gobierno de Cuba había informado de que no tenía autorización para entrar al país. Ramos había salido del país meses antes para estudiar un doctorado en la Universidad Iberoamericana de México, desde donde había obtenido un visado para visitar a un amigo en Estados Unidos, pero a todos los efectos seguía siendo residente en Cuba. Pero a ojos del régimen, su activismo la había convertido en un personaje indeseable, y aquella era la manera más sencilla de quitársela de en medio. Poco importó que la decisión fuese manifiestamente ilegal, ni que eso apartase forzosamente a Anamely de su hijo.

El de Ramos no es un caso aislado, sino parte de la nueva oleada de represión lanzada por el Gobierno de Cuba en los últimos dos años, y que llegará a su máxima expresión este lunes en el juicio contra dos artistas que, sin desearlo, se han convertido en el símbolo de la lucha pacífica de la sociedad civil cubana que el régimen desea asfixiar a toda costa. Los acusados, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo Pérez 'Osorbo', se enfrentan a posibles penas de siete y 10 años de cárcel por supuestos delitos que incluyen "incitación a delinquir", "desacato agravado", "desorden público", "atentado" y "evasión de presos o detenidos". Según Amnistía Internacional, sin embargo, en realidad "están siendo procesados por ejercer su derecho humano a criticar a su propio Gobierno". Castillo es la pareja de Ramos.

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Los tres son miembros del llamado Movimiento San Isidro, una iniciativa creada para protestar contra el llamado Decreto 349 de finales de 2018, que establece que toda manifestación artística debe recibir antes el visto bueno de las autoridades cubanas. Dado el alto perfil de sus integrantes, dicho movimiento ha obtenido una importante visibilidad internacional, y se ha convertido en un enorme quebradero de cabeza para el régimen. Sus integrantes han realizado manifestaciones, encierros, huelgas de hambre y repetidas denuncias sobre su situación a través de las redes sociales. Osorbo, de hecho, participó en la canción 'Patria y vida', convertida en el himno no oficial de la oposición cubana, y cuyo videoclip oficial incluye imágenes de las movilizaciones de San Isidro. Ahora, todo apunta a que el Gobierno cubano puede buscar un castigo ejemplarizante contra dos de sus activistas más notorios, en un intento de frenar la contestación.

No es la opción que habrían preferido los gobernantes cubanos: a ambos presos, cuyo estado de salud es delicado, les han ofrecido la posibilidad de evitar el juicio a cambio de marcharse al extranjero. "[Las autoridades] estaban esperando a ver si había alguna negociación y se iban al exilio. Tienen temor a que se haga el juicio", nos dice Anamely Ramos desde Miami, en conversación a través de internet. "Estaban esperando para juzgar antes a todos los demás, que son menos visibles", asegura.

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Ramos se refiere a los procesos celebrados durante el último año a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, que tomaron por sorpresa al régimen del presidente Miguel Díaz-Canel. En respuesta a este estallido inesperado, las fuerzas de seguridad cubanas identificaron al mayor número posible de participantes, fueron a buscarles a sus casas y les juzgaron y condenaron a penas de hasta dos décadas de prisión. En uno de los casos más sonoros, el joven Elier Padrón Romero fue condenado a 15 años de prisión por filmar las protestas en su barrio de La Habana mientras gritaba "¡Queremos cambio en Cuba, 'Patria y vida'!", por lo que se le imputó un delito de "sedición". Pese a su severidad, estas sentencias atrajeron escasa atención a nivel global.

El 'impasse' del 11 de julio

"El 11 de julio es un parteaguas en la historia reciente de Cuba. Se trató de la protesta más masiva a nivel nacional desde la revolución de 1959. Miles de cubanos demostraron que habían perdido el miedo y que quieren un cambio", explica Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch a cargo de Cuba. "Tristemente, el régimen de Díaz-Canel respondió con una represión brutal que parece tener el objetivo de generar un clima de terror para que nunca más los cubanos se atrevan a tomar las calles y reclamar sus derechos", dice a El Confidencial.

En el mismo sentido se expresa Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que opera desde el exilio. "La represión ahora es socialmente más amplia, llegando con fuerza al ciudadano común, que fue el protagonista de las protestas del mes de julio de 2021", comenta Cires. "Hace dos décadas, la represión se concentraba principalmente en la oposición pacífica; en los últimos siete años, había incluido a otros actores, en especial, a los grupos de la sociedad civil (escritores, artistas, etc.), 'influencers', emprendedores, entre otros. Julio de 2021 explicitó el fracaso del régimen, el rechazo de la población en general, de ahí también la amplitud y crudeza de la represión, llegando a encarcelar a menores de edad", explica.

La represión es más amplia, llegando con fuerza al ciudadano común, que fue el protagonista de las protestas del mes de julio de 2021

El alcance de esta oleada represiva, que se ha expandido a todos los niveles de la sociedad, es tal que a día de hoy no existe nada comparable en ningún otro lugar de América Latina, afirmaba Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un evento con artistas y activistas cubanos celebrado en Madrid a principios de abril. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, el Gobierno cubano ha aprobado varias iniciativas legales destinadas a reducir más todavía los espacios de contestación, como el Decreto-Ley 35, de agosto de ese año, que incrementa la censura en internet, o el nuevo Código Penal aprobado a mediados de este mes. Mientras tanto, se sigue hostigando y persiguiendo no solo a los abiertamente opositores, sino cualquier muestra de disidencia que amenace con alcanzar cierta difusión o notoriedad.

"La represión del régimen cubano sigue patrones claros. Cualquiera que se atreva a criticar al régimen es sometido a prácticas represivas que van desde los actos de repudio y las detenciones arbitrarias de corto plazo hasta juicios penales con largos años de prisión. Estos no son abusos aislados cometidos por algunos funcionarios indisciplinados; se trata de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos", señala Pappier. "Durante las protestas pacíficas, la represión fue amplia e indiscriminada, pero la represión del día a día es personalizada, implementada a partir del estudio del perfil de la víctima. Les gusta atacar la moral del opositor, hacerle creer que es un perdedor, que está solo y que de insistir en sus convicciones habría consecuencias para sus seres queridos. Lo aprendieron con el KGB", dice Cires.

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EFE

Es lo que le sucedió al dramaturgo Yunior García Aguilera, cofundador e impulsor de un grupo de debate plural en Facebook llamado Archipiélago, en el que él y otros miembros trataron de organizar una protesta pacífica según los cauces legales que, teóricamente, permitía la nueva Constitución de 2019. La protesta, sin embargo, fue considerada una operación subversiva, y García Aguilera fue aislado en su domicilio y sometido a un intenso acto de repudio. La campaña fue tan devastadora psicológicamente que el intelectual y su mujer optaron por marcharse a España inmediatamente.

"Yo sabía que obviamente iban a atacarme con todo, y en algunos casos me sorprendió que se demoraran tanto en hacerlo. Yo creo que ellos al principio no tenían definida cuál era su estrategia contra mí. Después vimos que usaron la misma que habían usado siempre contra todos, es decir, usar la palabra 'mercenario', tratar de vincularme con la CIA, intentar decir que todo aquello no era algo auténtico de Cuba sino que había sido importado u ordenado desde fuera", explicaba García Aguilera al autor de este artículo pocos días después de su llegada a Madrid. "Es decir, todo ese discurso que demuestra la falta de imaginación de un régimen que está usando su misma retórica de toda la vida en un contexto totalmente diferente y contra individuos totalmente diferentes", decía entonces.

El camino del exilio

García Aguilera decidió salir de Cuba debido no solo a la feroz campaña de la prensa oficialista en su contra, sino sobre todo por la difusión de las imágenes de su domicilio, que consideró que le ponía en un riesgo inaceptable no solo a él sino también a su familia. "No se trata solo de lo que puedan hacer la policía política o los oficiales de la seguridad, o aquellas personas que fueron allí llevadas en ómnibus para hacernos el acto de repudio, sino cualquier persona fanática o enloquecida que de pronto decida hacer cosas por su cuenta", razona el dramaturgo, poniendo como ejemplo el caso del propio Maykel Castillo Pérez, que meses antes de su encarcelamiento fue atacado en plena calle por un individuo con un machete. "No sabremos a ciencia cierta si este individuo fue enviado por la seguridad o actuó por cuenta propia. Pero es lógico, cuando la televisión todos los días pone tu nombre y tu rostro y dice que tú eres un mercenario, un terrorista, un traidor, un enemigo del pueblo, puede pasar cualquier cosa contigo", asegura.

Después de García Aguilera, al menos media docena de figuras incómodas para el régimen han sido forzadas a abandonar Cuba bajo amenazas o se les ha impedido regresar, como en el caso de Anamely Ramos. "Esta práctica se ha recrudecido, porque ellos necesitan vaciar de disidentes y opositores el país; necesitan desarticular todos los espacios que la sociedad civil había conquistado y que de alguna manera contagiaba a algunos sectores sociales", explica Cires. "En otros momentos se habían visto deportaciones de presos políticos, pero ahora la presión es también contra activistas que se encuentran en libertad a los cuales les ponen a escoger entre la cárcel o el exilio", añade.

Opinión

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Por eso, prácticamente hasta el último minuto, la Seguridad del Estado ha tratado de negociar con Otero Alcántara y con Castillo Pérez su excarcelación a cambio de su salida del país. "En el caso de Luis Manuel, él ha sido muy enfático en que no va a ir de la prisión al aeropuerto. Maykel estaba igual de convencido al principio, pero como está enfermo, está muy asustado. Lo que se ha estado pidiendo es que le dejen irse a atenderse en el extranjero. Le han hecho dos biopsias que han sido no concluyentes. Tienen que hacerle otra, esta más intrusiva, y eso él tiene claro que no se lo va a hacer en Cuba", relata Ramos. "Si al menos supiéramos a qué se arriesga…".

El pasado viernes, el Gobierno cubano excarceló a alrededor de una docena de condenados por las protestas del 11-J, en su mayoría menores de edad, cuyas sentencias fueron suavizadas, pero que aún deberán cumplir condena en régimen abierto. Más de 700 personas siguen aún encarceladas por aquellos hechos, según organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. Y todo apunta a que Otero Alcántara y Castillo Pérez correrán peor suerte. El entorno de este último ha denunciado que, apenas tres días antes del juicio, se le impuso un cambio de abogado que considera sospechoso. La suerte de ambos está ahora en manos de un tribunal que casi nadie considera imparcial.

"El Estado les tiene miedo porque sabe que en la calle son un problema", dice Ramos. "Pero tras toda la fuerza que ellos han demostrado, no van a ceder ahora así como así. Ellos no pueden vivir en otro lugar, no consideran que una vida feliz sea posible [en el exilio]", asegura. Y algo similar cabe decir de ella misma, que ha llevado su caso ante Naciones Unidas y sigue luchando para que las autoridades cubanas le permitan volver a la isla. "No he pedido asilo en Estados Unidos, sino una extensión de la estadía para poder estar legalmente aquí. Yo insisto en poder regresar", dice tajante.