"Ha liquidado el Estado de derecho": el órdago de Ortega asfixia a Nicaragua

Un fuerte dispositivo policial cierra varias manzanas de un popular barrio del noroccidente de Managua. Agentes fuertemente armados, barreras acorazadas e incluso francotiradores protegen un amplio perímetro en torno a varios edificios. El Carmen, como es conocido el lugar, es el epicentro del poder en Nicaragua. Allí viven el presidente, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y siete de los nueve hijos de la pareja que mantiene el poder, con mano de hierro, en el país centroamericano.

Los Ortega Murillo salen poco de su refugio de oro. El Gobierno está atrincherado en El Carmen desde las masivas protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron, al menos, 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de ellos opositores. El exlíder guerrillero convertido en presidente realiza apenas una veintena de apariciones al año, casi todas ellas desde el complejo presidencial, salvo en fechas señaladas como el 19 de julio, aniversario de la Revolución Sandinista de 1979 que acabó con la dinastía somocista.

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L. P.

Ni siquiera durante la reciente ola de arrestos de líderes opositores hubo noticias del mandatario nicaragüense. La primera detenida, a principios de junio, fue Cristiana Chamorro, la candidata presidencial más valorada entre los rivales del mandatario e hija del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 tras criticar durante años al somocismo, y de la expresidenta Violeta Barrios, que sucedió a Ortega en 1990 (una derrota difícil de olvidar para la pareja presidencial, que volvió al poder 17 años después).

Desde el 3 de junio han sido arrestadas y encarceladas más de una veintena de personas, entre los que se cuentan cuatro precandidatos presidenciales más, de distintas tendencias políticas, un banquero, el exlíder de la patronal —acusado durante años por parte de la oposición de haber negociado una paz empresarial con Ortega—, periodistas, analistas, políticos del partido progresista Unamos y líderes estudiantiles y campesinos.

La gran mayoría de ellas fueron acusadas de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”, según la Ley en Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en diciembre por una Asamblea Nacional en la que 71 de los 92 diputados militan en el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ortega no apareció en público hasta el 23 de junio, 20 días después de los arrestos. “Aquí no estamos juzgando a políticos. Aquí no estamos juzgando a candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la seguridad de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril (en referencia a las protestas de 2018), otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen”, afirmó el presidente.

“Y que dejen de estar con ese absurdo de mandarnos a decir que los pongamos libres”, añadió el exguerrillero, quien ha denunciado que las manifestaciones de hace tres años forman parte de un plan internacional financiado por EEUU para derrocar su Gobierno y ha acusado a varias ONG de recibir dinero de Washington para agitar el país.

Hacia un modelo totalitario

Ese mensaje lo escuchó, desde el exilio, Luis Carrión, antiguo compañero de armas de Ortega durante la guerra contra los Somoza. Ambos tienen el mismo rango, son "comandantes de la Revolución". Solo nueve personas obtuvieron ese título en los 70. Tres son abiertos opositores al actual Gobierno de Nicaragua.

“Jamás me imaginé que tendría que exiliarme del país”, explica Carrión en videollamada con El Confidencial. “La familia presidencial se está encaminando a la construcción de un modelo casi totalitario en el que no se permite ningún tipo de crítica al régimen”, lamenta el comandante.

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Agencias

Salió del país un día antes del discurso de Ortega y tras la detención de dos históricos revolucionarios, Dora María Téllez, la ‘comandante dos’, que asaltó las cortes de la dictadura en 1978, y Hugo Torres, exgeneral del Ejército que participó en la toma de la casa de un ministro de Somoza en 1974, consiguiendo la salida de prisión de varios sandinistas, entre ellos Ortega, que había sido encarcelado siete años antes. Ambos eran, como Carrión, miembros de la junta directiva del partido Unamos, creado de las cenizas del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una formación en el punto de mira del Gobierno.

“La única explicación que tengo de las detenciones es que Ortega se percató de que la campaña de cara a las elecciones presidenciales de noviembre era un peligro, no solo por las votaciones, sino porque la campaña electoral podría crear el espacio para que se reactivaran protestas populares masivas. Y fue entonces cuando decidió aplastar eso por completo, no solo sacando del juego a los aspirantes presidenciales, sino a todas las figuras que tenían una representación y un liderazgo político en el país”, expresa Carrión.

Asegura que los cargos que imputan a sus compañeros de partido son falsos. “Esas personas están en prisión porque se atrevieron a denunciar a Ortega, a promover la lucha contra él y a disputarle la presidencia en unas elecciones. Eso es un enorme pecado. Toda esa narrativa del Gobierno está dirigida a justificar ante sus propias bases este nivel de represión. Aquí la única conspiración que ha habido es la de Daniel Ortega, que ha liquidado el Estado de derecho. Ha sometido al poder judicial, al Parlamento y al Ejército a su voluntad omnímoda", asegura el comandante revolucionario. Carrión también acusa al presidente de enriquecerse mediante fondos venezolanos que iban dirigidos a la cooperación y que acabaron en los bolsillos de la familia Ortega-Murillo. "De ahí han salido estaciones de televisión, decenas de empresas y prebendas para toda una mafia alrededor de él”, agrega.

Insiste en el aislamiento del mandatario. “La pareja no tiene comunicación con nadie. Incluso dentro del propio FSLN, personas de cierta relevancia no tienen capacidad de comunicarse con Ortega. Están encerrados, él y su esposa, y son poquísimas las personas que tienen acceso y con los que, me imagino, toman sus decisiones. No hay vasos comunicantes de ningún tipo desde hace muchos años”, dice Carrión.

Elecciones condenadas

Dadas las circunstancias, pocos en la oposición esperan que las elecciones presidenciales del próximo noviembre vayan a suponer un cambio en el país.

“Todo parece indicar que en las elecciones seguimos la ruta tradicional del fraude electoral. Por mucho que ellos quieran decir que esto es una agresión de la comunidad internacional, sometida a los intereses del imperialismo norteamericano, lo cierto es que, en 2011, que fue la última vez que vinieron misiones de observación oficiales de la UE y la OEA, se detectaron unas situaciones tan graves que el proceso era casi inauditable. E incluso podríamos ir atrás y decir que no ha sido el FSLN el primero que ha hecho fraude. Pero, a estas alturas, ya no importa quién lo hizo, sino cómo se corrige. Y no hay ninguna intención”, comenta el analista político Carlos Pérez, coordinador de Comunicación del partido Propuesta Ciudadana.

La oposición, además, estaba dividida antes del inicio de los arrestos. Las diferentes tendencias no habían logrado nombrar a un candidato presidencial único, en debates muy tensos.

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Los detenidos iban, eso sí, a participar en unas primarias para ir a los comicios en la casilla del partido conservador Ciudadanos por la Libertad, que es el único que queda en la legalidad en representación de la oposición frontal contra Ortega, después de que las autoridades retiraran la personería jurídica a varias formaciones. “La oposición, colectivamente, no se caracteriza tampoco por ser muy astuta e inteligente. Sigue la división. Porque hay unos grupos que creen que esto se trata de un problema de izquierdas y derechas. Que es un problema ideológico”, lamenta el analista Pérez.

Mientras tanto, en el país existe una crisis económica, surgida tras las protestas de 2018 y acentuada con la llegada de la pandemia. La represión y las dificultades financieras han provocado la huida del país de miles de nicaragüenses.

“En las oficinas de migración hay filas enormes. 200 o 300 personas esperando su pasaporte todos los días. La situación es desmoralizante. Hay gente que se ve obligada o trata de creer en el discurso oficial y entonces ve en la oposición a vándalos, golpistas y enemigos. Del otro lado, el grupo opositor que pretende utilizar a su favor este fenómeno social dice que entre los sandinistas solo hay paramilitares y asesinos. Entonces hay una tensión que va creciendo y, en la medida que se aproximan las elecciones, se convierte en una olla a presión. Y esa olla, si no tiene válvula de escape, al final estalla. Cuándo, no lo sabemos, pero va a pasar”, comenta Pérez.

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“Una de las cosas que más me avergüenza y me preocupa es el control que tiene Ortega del funcionariado. Es necesario unos niveles elevadísimos de degradación ética para que estas cosas sucedan. No ves en Nicaragua a un solo funcionario de nivel, dentro del poder judicial, o electoral, que digan que sus líderes están actuando mal”, añade el analista.

Pérez ve varios escenarios en el futuro de Nicaragua. “El más viable es un FSLN aferrado al poder con los mecanismos que sea. Pero después de eso viene un problema serio. El estallido social, que es una consecuencia casi natural del proceso que el FSLN inició. Eso nos puede llevar a una guerra civil interna. Otro escenario es que el Ejército detenga el fraude. Y el otro es la cubanización”, asegura Pérez.

Asilamiento dentro y fuera de Nicaragua

Nicaragua también se aísla en el panorama internacional. A Ortega le quedan pocos aliados en la región. De los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos, 26 votaron a favor de condenar los arrestos de opositores —el voto venezolano, eso sí, está en poder de los aliados del opositor Juan Guaidó—. Se opusieron al comunicado Bolivia y San Vicente y las Granadinas, y se abstuvieron Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina.

El voto de esos dos últimos países, liderados por mandatarios de izquierda, fue muy criticado por sectores opositores. Pero tanto Andrés Manuel López Obrador como Alberto Fernández llamaron a sus embajadores en Managua a consultas, pocos días después, para preguntarles sobre la situación en el país.

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El presidente mexicano levantó las críticas del orteguismo esta semana, cuando declaró estar “preocupado” por los arrestos en Nicaragua. “Consideramos que se deben de garantizar las libertades y no debe haber represión. Ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza, porque nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, dijo López Obrador.

Juan Ortega Murillo, uno de los hijos del mandatario nicaragüense, respondió al líder mexicano a través de Twitter. “La historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano”, escribió en la red social. “La valentía siempre ha estado del lado de la libertad. La cobardía es la aliada de la represión”, replicó, en el mismo mensaje, Maximiliano Reyes, subsecretario de México para América Latina y el Caribe.