Bienvenidos a Puerto Resistencia: así late el corazón de las protestas en Colombia

Se ajusta las rodilleras. Se coloca unas grandes gafas de plástico para protegerse los ojos antes de acomodarse una máscara antigás. Recoge un casco azul, como de bicicleta, que probablemente se resquebrajará con el primer proyectil, y sale por la puerta de su refugio. Bosa repite la liturgia cada día, desde hace dos semanas. Es un joven de barrio marginal que no ha tenido oportunidades. Es primera línea de defensa de Puerto Resistencia, el corazón de las protestas en Cali. “Si estamos aquí es porque el pueblo nos quiere aquí y no nos iremos mientras nos den apoyo”, asegura mientras comienza a cruzar las barricadas.

TE PUEDE INTERESAR

La voz de los colombianos en Madrid: "España no puede llegar tarde como en Venezuela"

Carlos Barragán

Huele a basura quemada mezclada con los aromas de la comida que se cocina en el improvisado campamento —pasta y sancocho (guiso) de plátano, porque no hay nada más— gracias a las donaciones de los vecinos. Las ollas comunales en Puerto Resistencia no son baladíes; muchos de los muchachos que se mantienen en el lugar no habían comido mejor en mucho tiempo. “Solo queremos igualdad. Que los grandes magnates le paguen lo que le deben al pueblo”, dice Bosa a El Confidencial mientras se acerca a una de las barricadas, donde están apoyados decenas de escudos rudimentarios, hechos con señales de tráfico o antenas parabólicas de la TV por cable, listos para ser utilizados.

Las protestas en Colombia comenzaron el pasado 28 de abril como un movimiento para oponerse a una reforma tributaria que preveía una subida general de impuestos. Ante el creciente malestar, el presidente, Iván Duque, retiró la proposición de ley el día 2 de mayo. Pero los manifestantes no se movieron de las calles. La violencia policial que se desató durante esa semana provocó, como ya ha sucedido en otros lugares de América Latina —en especial en Nicaragua y Chile— que unas protestas contra una acción puntual del Gobierno se convirtiesen en un descontento social generalizado.

La Fiscalía cuenta 27 muertes oficiales durante las jornadas de manifestación. Al menos 11 serían atribuibles directamente a la policía. El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), eleva, sin embargo, la cifra a 47 fallecimientos, 39 asociados a actos de las fuerzas del orden.

“Pido que no nos maten. Que tengamos oportunidades. Que una persona que estudia tenga derecho a trabajar. Aquí no hay salidas laborales. Aquí la pobreza está en todos los lugares. Queremos oportunidades. Que nos den la vida, que nos dejen vivir”, reclamaba una joven manifestante en Bogotá, que pidió no ser identificada.

El ubicuo fantasma de Uribe

La polarización, la violencia y la desigualdad han hecho finalmente que Colombia estalle. En el centro de todas las miradas está el gran elemento de controversia en Colombia, desde hace ya dos décadas: el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una figura que despierta fervorosa pasión entre los que alaban su mano dura contra la guerrilla de las FARC, la reducción de la violencia y el auge económico durante su mandato y, a la vez, un odio visceral entre los que lo ven como un 'paramilitar', corrupto y responsable de violaciones de derechos humanos. Uribe es el mentor del presidente Duque. Él lo eligió. Para muchos colombianos, quien gobierna es en realidad el expresidente y hacia él van dirigidos muchos de los reclamos de la calle.

“Ya hizo lo que tenía que hacer. Escucho a mis viejos, que son de otra generación, y me dicen que el país cambió con Uribe, porque pudieron viajar. Que pudieron salir a las carreteras del país. Qué chimba. Maravilloso. Pero ya está. Ya no entiendo qué afán de seguir estando en la política y seguir haciendo de las suyas. Es un cáncer de verdad. Le puso a una generación que creció con miedo leyes que a nosotros nos quieren clavar ahora, pero nosotros no tenemos miedo”, aseguraba otro manifestante en Bogotá.

TE PUEDE INTERESAR

Álvaro Uribe: "El presidente Santos premió al terrorismo en nombre de la paz"

Héctor Estepa. Bogotá

La polarización del país se ve también en la lectura de lo que está sucediendo. El Gobierno y sus afines se centran en denunciar los duros ataques contra las fuerzas del orden. El Ministerio de Defensa —del que depende la Policía— denuncia que hay 500 agentes heridos. Un oficial fue asesinado en Bogotá en medio de un saqueo. En la capital también fueron incendiadas 15 pequeñas comisarías de barrio. Uno de los ataques se produjo con los agentes todavía dentro, dejando cinco heridos.

Uribe y muchos de sus seguidores destacan esos ataques a las fuerzas del orden, además del destrozo de mobiliario urbano, y, lejos de comentar los casos de abuso policial, piden más “mano dura” y “autoridad”, como acostumbra a reclamar el expresidente. Y esto pese a la difusión de imágenes que muestran agentes disparando con munición real a los manifestantes, difundidas masivamente por redes sociales, o la aparición en Cali de civiles con pistolas disparando a los indígenas mientras son protegidos por policías. Pero el efecto Uribe y los abusos policiales —denunciados por la OEA y por la ONU— no bastan para entender la magnitud de lo que está sucediendo en Colombia.

Sin oportunidades

El trasfondo que mueve a los jóvenes a salir a la calle a la desesperada es la creciente dificultad económica, agravada por la pandemia. En Colombia, un 42,5% de los ciudadanos vive por debajo del umbral de pobreza nacional, una brecha agudizada por la crisis del coronavirus, que ha añadido a 3,5 millones de personas a ese registro. La cifra se ha llegado a triplicar en Bogotá, donde las neveras vacías en los barrios populares son una triste realidad.

“Aquí no hay oportunidades. Todo el mundo busca irse. Yo también lo he pensado”, dice la manifestante Luisa Larrate, que acaba de terminar el instituto.

Muchas personas vivían del 'rebusque', trabajos temporales en la economía sumergida, de baja calidad y completamente precarios. O trabajaban en los sectores más afectados por los cierres, como restaurantes o bares. También el acceso a la educación superior es otro de los problemas que está nutriendo de jóvenes las protestas. Las universidades públicas son muy pocas y están infrafinanciadas; las privadas tienen precios desorbitados.

"Aquí no hay oportunidades. Todo el mundo busca irse"

La epidemia les ha dejado sin nada, prendiendo fuego al descontento previo que ya se había manifestado en las calles en las protestas de 2019, interrumpidas por las Navidades, primero, y por el coronavirus, después. Ahora, ni siquiera la pandemia ha frenado a quienes salen a la calle. Las protestas se producen en el punto más álgido de muertes en Colombia, un país de 50 millones de habitantes que esta semana ha contado más de 400 muertos al día de media.

Violencia tras el acuerdo de paz

Otro de los reclamos en la calle es el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC porque creen que el actual Gobierno lo está ignorando. La salida de la guerrilla del panorama bélico no ha supuesto un descenso de la violencia en la mayoría de las zonas rojas del país. En algunas ha sido todo lo contrario. Disidencias de las FARC, la guerrilla marxista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), narcoparamilitares y otros grupos armados se disputan ahora el territorio, a menudo para controlar las rutas de la cocaína.

Toda esa violencia confluye en Cali, epicentro de las protestas. Allí se refugian los desplazados por la violencia, desde los indígenas del Cauca, zona de siembra de coca, hasta los afrocolombianos de Nariño y el puerto de Buenaventura, lugar en permanente conflicto y por donde viaja la droga rumbo al norte. Muchos van a vivir a los barrios marginales de Cali para escapar de las amenazas y los asesinatos —en el país se multiplicaron las masacres (asesinatos de más de tres personas) durante 2020— y desempeñan sus vidas en una condición económica y emocional muy precaria.

TE PUEDE INTERESAR

América Latina, frustrada: ¿de dónde salen todas estas protestas?

Alicia Hernández. Caracas

En el acuerdo de paz, además, se firmó una reforma agraria que no se ha producido. La posesión de la tierra es germen de un conflicto en el campo que se ha trasladado ahora a Cali, a donde han llegado en los últimos días centenares de indígenas provenientes de zonas rurales. Mientras, el Gobierno denuncia que las disidencias de las FARC y el ELN son parte activa en las manifestaciones y en los disturbios, pagando por generar caos.

“Esto puede ser cierto, pero involucraría solo la acción de una porción minúscula de quienes se manifiestan”, asegura Elizabeth Dickinson, investigadora de la firma de análisis International Crisis Group.

La policía detuvo a un supuesto miembro del ELN acusado de generar el caos en Cali, a la vez que el Gobierno anunciaba la posible reactivación de las charlas de paz con los enviados de esa guerrilla en La Habana.

Mientras tanto, en Bogotá ha iniciado esta semana un diálogo entre Duque y el comité de paro. Los huelguistas presentaron un documento extenso, de un centenar de puntos, que, dicen los críticos, es imposible de llevar a cabo. Existe también controversia sobre la representatividad de esos negociadores. Parte de quienes están en la calle desconocen al equipo del comité de paro y aseguran no seguir sus directrices.

Los debates continúan estos días, pero llegar a acuerdos se prevé difícil en un país que celebra elecciones en 2022. Ni Gobierno ni oposición quieren tomar decisiones que afecten sus posibilidades en esa cita. ¿Aguantará Colombia hasta entonces?