Álvaro Uribe: "El presidente Santos premió al terrorismo en nombre de la paz"

Luces, cámara y acción. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, recibe este sábado en Oslo el glamuroso Premio Nobel de la Paz. Su ‘némesis’ lo verá por televisión. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 1952) se ha convertido en el principal opositor al pacto entre el Gobierno y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ganó la primera batalla a quien fue su ministro de Defensa en el plebiscito sobre el acuerdo de paz del pasado octubre. El ahora senador lideró el sector del "No", a la postre ganador con el 50,2% de los votos.

La decisión popular provocó su primera reunión con Santos en seis años. Su divorcio político, a cuenta de la negociación con la guerrilla, fue sonado. Uribe, con la ayuda de Santos, había golpeado duramente a los insurgentes a través de operaciones militares en los años anteriores. Criticó el primer pacto con las FARC como insuficiente. Tampoco aprueba el segundo acuerdo, firmado tras la toma en consideración de varias propuestas de quienes apoyaron el 'no'. Ese documento ha sido ya refrendado a través del parlamento. Esta vez no hubo plebiscito.

Uribe ha criticado duramente la decisión de no consultar a los colombianos. Sigue reclamando la no participación en política de los guerrilleros con delitos de lesa humanidad y denuncia que el acuerdo promueve la impunidad de los combatientes.

Canaliza las críticas a través de su partido, el Centro Democrático, creado en torno a su figura y de popularidad creciente. Uribe, en cuyo mandato se produjo también una polémica desmovilización, la de los paramilitares colombianos, ha accedido a responder las preguntas de El Confidencial.

PREGUNTA: ¿Cómo cree que queda el presidente Juan Manuel Santos ante la historia de Colombia con la firma de este pacto y su refrendación parlamentaria?

RESPUESTA: No puedo emitir un juicio de esa naturaleza. Pero sí puedo decir, como lo afirmé en días pasados, que el presidente Santos abandonó el camino de la paz democrática y se deslizó por la pendiente de la justificación y el premio al terrorismo en nombre de la paz. Y eso lo vamos a pagar todos los colombianos.

Él prometió en reiteradas ocasiones que la refrendación la haría el pueblo colombiano de manera directa, cambió las reglas para facilitar un referendo que inicialmente propuso, luego lo descartó, y adoptó un plebiscito al que le redujo el umbral del 50 al 13%, lo presentó con una sola pregunta que resumía las 297 páginas del acuerdo, lo perdió y ahora elude la refrendación popular.

P: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Centro Democrático para evitar que se aplique el pacto con las FARC?

R: Nosotros hemos reconocido que se introdujeron algunas modificaciones al acuerdo inicial sugeridas por el "No", pero en puntos sustanciales como la impunidad, la elegibilidad política de los criminales, el narcotráfico y las víctimas, entre otros, nada importante modificaron. El Gobierno apeló ahora, para sacar adelante el acuerdo con las FARC, a una proposición en el Congreso, la cual no fue votada por el Centro Democrático porque tendría alcance jurídico de refrendación con el efecto de activar el Fast Track o procedimiento rápido para aprobar las leyes y actos legislativos que requiere este acuerdo.

El Centro Democrático participará en los debates e insistirá en unos temas que puede mejorar el Congreso, en los que no ha habido acuerdo. Y por responsabilidad política con muchos compatriotas, buscaremos apoyo de la ciudadanía en las calles de Colombia para un referendo de origen popular que honre la defensa de los puntos esenciales que el Gobierno no quiso aceptar.

P: ¿En caso de que el Centro Democrático gane las elecciones de 2018, es posible revisar, o incluso, derogar este acuerdo? ¿Lo harían?

R: Nosotros lo que hemos reiterado es que vamos a apoyar todo lo necesario que sea a favor de la paz, pero vamos a rechazar todo lo que le haga daño a la democracia y a nuestra institucionalidad.

P: ¿Cree realmente que es posible firmar un pacto con las FARC sin participación política de los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad y con una restricción más efectiva de la movilidad? ¿Cómo plantea usted conseguir tales concesiones? Parece que las FARC se cierran en banda.

R: Ninguna democracia permite que los mayores responsables de delitos de lesa humanidad, miles de secuestros, miles de desaparecidos, 6.800 mujeres violadas, 11.600 niños reclutados, miembros del mayor cartel de cocaína del mundo, sean elegidos. Nosotros los del "No", aún en contra de mi parecer, por ayudar a un acuerdo nacional que el Gobierno descartó, llegamos a aceptar que incluso los pudieran elegir pero después de pagar una pena y reparar a sus víctimas, y ni eso quisieron aprobar.

En los gobiernos que presidí, se desmovilizaron 18.000 guerrilleros y 35.000 paramilitares. Los responsables de delitos atroces fueron a la cárcel por periodo entre 5 y 8 años, y nunca se les dio elegibilidad política. La impunidad total y la elegibilidad que ahora se otorga a responsables de delitos de lesa humanidad se constituye en un mal ejemplo para un país que tiene disidentes de Farc, Eln, aproximadamente 3.500 bandas criminales y alrededor de 150 mil hectáreas de coca.

P: Ustedes sí han conseguido que sólo haya jueces colombianos ejerciendo la justicia especial del tratado de paz. ¿Hasta qué punto confía en la justicia colombiana? Usted mismo ha sugerido una instrumentalización de las instituciones en el caso de su hermano, acusado de concierto para delinquir con el grupo denominado "Los 12 apóstoles".

R: El camino no es anular la justicia de Colombia, sino reformarla.

P: La Comunidad Internacional parece estar apoyando definitivamente los acuerdos de La Habana, salvo casos sonados como el de Human Rights Watch. ¿Tiene alguna apreciación que hacerle a las instituciones y países que han apoyado la firma de los pactos entre Colombia y las FARC?

La comunidad internacional cometió un error generalizado. Las democracias hacen bien en querer la paz, pero hacen mal en apoyar la mutación de otra democracia en un narcoestado

Desafortunadamente la comunidad internacional respaldó el pacto con las FARC sin estudiarlo. Con la misma vehemencia que apoyó el "Sí" en el plebiscito, debía haber reclamado una reforma de fondo a los acuerdos, en defensa de Colombia y su democracia.

P: Usted ha dicho en varias ocasiones que en España no se firmaría un pacto similar con ETA. ¿Por qué motivo?

Porque España no acepta la impunidad con el terrorismo, como sí lo hacen en el acuerdo firmado entre el Gobierno de Colombia y las Farc. En el caso particular de la elegibilidad de criminales, la legislación española la permite después de que hayan cumplido la pena.

Ahora bien, es importante hacer una reflexión: si España no acepta el nivel de indulgencia total con el terrorismo, ¿por qué para Colombia sí lo admiten, con el riesgo que ello supone para nuestra democracia? En todos los años en que ha tenido importancia el tema de ETA, nunca en España se ha aceptado el nivel de impunidad que se acepta en Colombia.