Tras la condena al asesino de Floyd, EEUU se enfrenta al reto de la brutalidad policial

El triple veredicto de culpabilidad de Derek Chauvin, el policía blanco que asesinó a George Floyd asfixiándolo con su rodilla durante más de nueve minutos por haber comprado unos cigarrillos con un billete falso (algo que no está claro que Floyd supiera), ha sido recibido con júbilo en Mineápolis y en otras ciudades donde miles de personas se congregaron expectantes; también con alivio, dado que se disipaba el temor a una nueva ola de disturbios si el veredicto no se ajustaba a los deseos de una fuerte corriente de la opinión pública, e incluso con algo de sentimiento religioso.

“Gracias, George Floyd, por sacrificar tu vida por la justicia”, declaró Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, como si Floyd hubiera muerto en un altar y no suplicando por su vida sobre el asfalto de Mineápolis. “Gracias a ti y a miles, millones de personas en todo el mundo que han salido a las calles por la justicia; tu nombre siempre será sinónimo de justicia”.

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L. P.

La sospecha, expresada por la prensa y por fuentes demócratas citadas por Axios, es que la sensación de alivio experimentada este martes puede anular el apetito de lanzar una reforma policial, pese a las promesas de Joe Biden. El presidente estadounidense, que llamó a la familia del difunto Floyd tras conocer el veredicto del jurado popular, pidió al Congreso que aprobase la llamada Ley George Floyd de Justicia Policial: una legislación de 2020 que todavía no ha recibido el visto bueno del Senado y que incrementaría la transparencia y la rendición de cuentas de la policía.

Hay razones, sin embargo, para el escepticismo. Desde el asesinato de Floyd hace casi un año, se han aprobado en EEUU cerca de 140 leyes destinadas a reducir la letalidad de la actuación policial —mejorando, por ejemplo, el entrenamiento y la formación de los agentes— y a facilitar también la investigación y el procesamiento de los implicados en este tipo de incidentes. Aun así, cada día siguen muriendo a manos de la policía una media de tres personas. Igual que hace un año. Quizá porque el problema de la brutalidad policial está imbricado, además de en los prejuicios raciales, en una sociedad marcada por innumerables desigualdades.

Un estudio del 'think tank' People’s Policy Project establece una relación directa entre los incidentes policiales y la capacidad económica de los vecindarios donde se producen. Al contrastar casi 6.500 muertes a manos de la policía durante cinco años y medio con el nivel adquisitivo del lugar, los investigadores concluyeron que las muertes en los distritos pobres son 3,5 veces más comunes, en proporción a sus habitantes, que en los distritos más ricos.

Otros análisis afinan aún más esta relación. El académico de la Universidad de Minnesota Will Stancil argumenta que los incidentes policiales suceden, sobre todo, en poblaciones periféricas de mayoría negra y venidas a menos. Lugares como Ferguson, a las afueras de San Luis, o como Brooklyn Center, a las afueras de Mineápolis. El lugar en el que Daunte Wright, afroamericano de 20 años, perdió la vida a manos de una policía que aparentemente le disparó por accidente.

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EFE

Dice Stancil que una de las raíces de este tipo de encontronazos es la base impositiva per cápita. Estas zonas son más problemáticas que las grandes ciudades porque no producen muchos ingresos fiscales. Una ciudad puede tener bolsas de pobreza, pero la riqueza con la que conviven, a veces a pocas manzanas, aporta lo suficiente al fisco para garantizar unos mínimos servicios sociales a las familias. Muchas poblaciones periféricas carecen de este apoyo.

La pobreza que genera el carecer de buenos servicios públicos tiende a aumentar problemas como el tráfico de drogas, lo cual atrae más actividad policial. La policía suele recibir llamadas de barrios más desfavorecidos. Además, la escasez de ingresos fiscales, dice Stancil, hace que las autoridades busquen otras vías de dinero. Por ejemplo, la imposición de multas. Otro factor que aumenta los encuentros, y roces, con agentes. Las poblaciones periféricas habitadas por una mayoría de color tienen, de media, una base impositiva per cápita un 25% menor que las ciudades y un 40% menor que las poblaciones periféricas de mayoría blanca.

Brooklyn Center, por ejemplo, es el suburbio de Mineápolis que más declive ha padecido en los últimos 30 años. En 1990, la población era blanca en un 90% y tenía apenas una ratio de pobreza del 5%. A día de hoy, la proporción de blancos ha descendido al 38% y la ratio de pobreza se ha triplicado hasta el 15%. Los cambios en Ferguson, según Stancil, han sido prácticamente idénticos.

Las desiguales estructuras socioeconómicas, como el hecho de que en EEUU pueden estar circulando actualmente unos 800 millones de armas de fuego, presentan desafíos más complejos y contundentes que mejorar el entrenamiento de los policías o investigar los casos de abuso de la fuerza. Aunque por ahí están empezando las autoridades.

La Fiscalía General de EEUU ha anunciado que lanzará una completa investigación de las prácticas policiales en Mineápolis. El Gobierno quiere discernir si actuaciones como la del asesino Derek Chauvin siguen algún tipo de “patrón o práctica” que pueda ser ilegal. “El veredicto de ayer en el juicio penal estatal no aborda los potenciales problemas sistémicos en Mineápolis”, declaró este miércoles el fiscal general, Merrick Garland.

El viernes pasado, la Fiscalía también rescindió un decreto de Donald Trump que impedía al Gobierno federal investigar casos locales de mala conducta policial. Ahora, Washington podrá colaborar con los departamentos de policía, previo consentimiento de un juez, para supervisar incidentes de presunto racismo y recomendar cambios y mejoras.

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Agencias

Como apunta David A. Graham en 'The Atlantic', la relativamente rápida condena a Derek Chauvin (tras apenas 10 horas de deliberación) es una excepción. El material gráfico y testimonial era tan abundante que hubiera sido difícil absolver al expolicía, que puede pasar hasta cuatro décadas en prisión. La mayoría de casos de presunta brutalidad y abuso, con víctimas mortales incluidas, no llegan a juicio o acaban en libertad para el acusado. “Tanto los fiscales como los jurados tienden a dar a los agentes manga ancha para actuar como consideren en el calor del momento”, dice Graham.

Mientras Chauvin espera la sentencia, que conoceremos en unas ocho semanas, permanece detenido en régimen de “segregación” para no estar en contacto con otros presos. Los otros tres agentes presentes durante el asesinato de George Floyd, Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, serán juzgados a la vez en agosto. Están acusados de ayudar y ser cómplices de un asesinato en segundo grado y de un homicidio imprudente.