todavía se desconoce dónde está el cuerpo

Denuncian a la CIA por ocultar durante 16 años el cadáver de un preso torturado

La Unión Americana de Libertades Civiles exige a la agencia que informe del paradero de los restos de Gul Rahman, quien murió en 2002 en una prisión secreta de Afganistán

Foto: Vista aérea de la sede de la CIA en Langley, Virginia, en 2008. (Reuters)
Vista aérea de la sede de la CIA en Langley, Virginia, en 2008. (Reuters)

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó este jueves a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para que informe del paradero del cadáver de Gul Rahman, un preso que en 2002 murió torturado en una prisión secreta de Afganistán. En la acusación, interpuesta en el Tribunal de Distrito de Columbia, ACLU pidió a la inteligencia estadounidense que publique toda la información sobre el caso, incluyendo la ubicación del cuerpo de Rahman, dijo esta organización en un comunicado. Además, solicitó "cualquier tipo de protocolo o guía que aplique la CIA ante la muerte de un preso bajo su custodia".

Según divulgó la parte demandante, Rahman fue detenido en Pakistán en noviembre de 2002, tras lo que fue trasladado a una prisión en Afganistán, donde el personal de la CIA lo torturó con diversas prácticas, como arrojar agua helada, hasta que murió de hipotermia. La CIA, sostuvo ACLU, "no informó de la muerte a su familia y mantuvo en secreto la situación" hasta que un informe del Senado de EEUU sobre el programa de torturas confirmó la muerte de Rahman en 2014. "Espero que la gente en EEUU entienda el deber del Gobierno de contarme la verdad sobre qué pasó con el cuerpo de mi padre", expresó la hija del preso, Hajira Hematyara, en declaraciones recogidas por ACLU.

Por otra parte, esta misma organización registró una segunda denuncia contra la CIA en la que exigió información sobre los "esfuerzos realizados por la agencia de inteligencia para influir en la opinión pública en apoyo a la confirmación por parte del Senado de Gina Haspel como directora de la CIA". Para el abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, Dror Ladin, la agencia "lideró una propaganda sin precedentes para impulsar una opinión favorable sobre Gina Haspel mientras que se negó a aportar información sobre su papel en torturas y destrucción de pruebas".

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