Cádiz no es una excepción: astillero alemán en busca de futuro tras el caso Khashoggi

El astillero de San Fernando no es una excepción. El caso Khashoggi, el periodista disidente asesinado por Arabia Saudí, también ha caído como un mazazo sobre un astillero alemán en el mar Báltico. El Gobierno en Berlín acaba de congelar un pedido de 20 patrulleras que ya estaba aprobado. Dos embarcaciones estaban listas para ser entregadas. Pero la reacción de la empresa, de los trabajadores y de la clase política, local y nacional, ha sido bien distinta a las de sus homólogos en el otro extremo del continente.

Wolgast es un pueblo de apenas 12.000 habitantes en el extremo nororiental alemán, en la orilla del Báltico y apenas a unos kilómetros de la frontera con Polonia. En una zona económicamente atrasada, rural y despoblada, su astillero -uno de los cuatro del grupo alemán Lürssen- es el principal motor económico de la región, con 300 empleos cualificados directos y unos 1.500 indirectos. La actividad lleva años garantizada -pese a los reveses que ha sufrido el sector- por los pedidos del ejército alemán y de otras fuerzas armadas, con un papel especial para Riad.

"Hace cinco años la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí no era mucho mejor"

Y entonces estalló el caso Khashoggi. Su asesinato en el consulado saudí en Estambul ha hecho crujir durante semanas las cuadernas de la política internacional, tensando alianzas de décadas. Pero la difusión de la grabación sobre su muerte, a la que supuestamente han accedido varios países entre ellos Alemania, ha sido la gota que ha colmado el vaso en Berlín. El Gobierno alemán anunció esta semana la congelación de todas las ventas de armamento a Riad. Incluidas las ya aprobadas. Tres semanas antes había decidido suspender temporalmente la concesión de nuevos permisos de exportación a Arabia Saudí y la revisión de los ya concedidos.

La decisión cayó como un jarro de agua fría en Wolgast. Según medios alemanes que la empresa Lürssen no ha confirmado, el astillero tiene dos patrulleras ya concluidas y listas para enviar a Arabia Saudí, con su pertinente permiso de exportación. Además, ya habían comenzado los trabajos para la construcción de otras ocho. Diversos expertos estiman que cada una de estas embarcaciones está valorada en unos 20 millones de euros.

Un "duro golpe"

En declaraciones a la emisora pública nacional Deutschlandfunk, el alcalde de la localidad, Stefan Weigler, habló esta semana del gran impacto económico y social que tenía a nivel local la medida adoptada por el Ejecutivo de Angela Merkel. Se trata, dijo, de un "duro golpe" que afecta a "casi todas las familias" de Wolgast. "En una ciudad de 12.000 habitantes de una región económicamente atrasada son importantes 1.500 puestos de trabajo bien remunerados. Nos afecta mucho", explicó.

"No quiero contraponer los derechos humanos en Arabia Saudí con puestos de trabajo en Wolgast. Eso no va a funcionar", prosiguió Weigler en esa entrevista, señalando las inconsistencias que ve en la actuación de Berlín. "Pero resulta difícil cuando se oye que los franceses van a seguir comerciando, que los estadounidenses también, que toda Europa sigue comerciando y luego llega esta decisión del Gobierno alemán. Es difícil de comprender porque estos pedidos ya estaban autorizados. Hace cinco años la situación de los Derechos Humanos en Arabia Saudí no era mucho mejor, en nuestra opinión", protesta.

Weigler, es un candidato independiente, pero respaldado por el partido La Izquierda, la formación que ganó las últimas elecciones locales, ligeramente por encima de los conservadores. Y este dato resulta curioso porque el partido que apoyó su candidatura se ha mostrado a favor de que se congelen todas las exportaciones de armamento a Arabia Saudí mientras la oposición conservadora -del partido de Merkel- han abogado por una visión pragmática en la que, ante todo, se preserven los puestos de trabajo locales.

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Consecuencias demográficas y fiscales

"Yo como alcalde puedo condenar la situación de los Derechos Humanos en algún lugar por lo que me toca, pero no como país. Para eso tenemos un gobierno. Y eso es lo que ha hecho. Aceptamos esa decisión. No afecta duramente. Por eso digo que tenemos ahora que ver cómo encontramos vías de colocar estos barcos", añade Weigler, que pide ante todo, acabar con "las incertidumbres", especialmente dañinas para empresas que pueden dedicar año y medio a la construcción de un sólo barco.

El alcalde, por supuesto, se ha mostrado preocupado por el empleo en el astillero. Pero también por las posibles consecuencias demográficas y fiscales que puede tener la decisión de bloquear esta venta. Si esos trabajadores cualificados se quedan en el paro, no tardarán en buscar empleo en otros astilleros del norte de Alemania, aprovechando que el sector vive un buen momento. Wolgast sufrirá una sangría de profesionales, vaticina Weigler. Además, Lürssen es el mayor contribuyente del pueblo y los presupuestos de la población podrían sufrir un notable recorte si el astillero encadena varios trimestres en blanco.

Los sindicatos, que no han convocado huelgas ni protestas, también han pedido a la clase política y a la empresa que tomen cartas en el asunto. "Tenemos la esperanza de que Lürssen se implique en la situación y que se haga todo lo posible para mantener los puestos de trabajo", aseguró el portavoz de IG Metall, Heiko Messerschmidt.

La empresa no quiere despidos

La empresa por su parte, ha preferido mantener un perfil bajo más allá de "aceptar", en un comunicado, la decisión del Ejecutivo federal. Lürssen, una empresa familiar con más de un siglo de historia, tiene más de 2.000 empleados en cuatro emplazamientos en Alemania y en 2016 facturó 762,7 millones de euros, según consta en el Bundesanzeiger, el equivalente alemán al BOE. Según su página web, su negocio se divide entre los barcos militares -de patrulleras a fragatas- y las embarcaciones de recreo, entre las que ha facturado yates de renombre como el Azzam, propiedad del jeque Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, una nave laureada como el yate privado más largo del mundo, con 180 metros de eslora.

No obstante, ha trascendido que el presidente del grupo, Friedrich Lürssen, se ha reunido con el ministro de Economía, Peter Altmaier, alguien muy cercano a la canciller, para abordar esta cuestión y buscar una solución con el menor coste económico y laboral posible a la medida.

Las respuestas que se están perfilando a tan sólo unos días del anuncio de Berlín se mueven en diversos planos. A corto plazo y desde principios de mes, en cuanto el Gobierno alemán anunció que revisaría los permisos concedidos para exportar armas a Arabia Saudí, la empresa paró la producción de las patrulleras y decretó un "Kurzarbeit" para la mayoría de sus empleados en Wolgast, una posibilidad dentro del derecho alemán que permite a una empresa reducir el horario -y sueldo- de sus empleados en caso de una caída significativa de los pedidos a cambio de mantener los puestos de trabajo.

A parte del personal se le ha dado además la opción de acceder a cursos de formación, una oferta en la que está trabajando la Consejería de Economía del estado de Mecklemburgo-Antepomerania. También se está barajando la recolocación temporal de algunos profesionales en alguna de las otros tres astilleros del grupo y el desvío de parte de la producción de otros centros a Wolgast. La empresa ha insistido en que no quiere despidos.

Nuevos pedidos

A medio plazo, la cuestión laboral podría reconducirse en el astillero Wolgast porque a mediados de año, siguiendo la cartera de pedidos de Lürssen, podrían empezar a construirse otros barcos en los astilleros, entre ellos un barco de exploración ártica para Noruega. Así lo recogen medios como 'Die Zeit' y 'Ostsee Zeitung', que apuntan que los esfuerzos se centran en superar el "agujero" de producción de los próximos siete meses.

Luego está qué hacer con las patrulleras ya terminadas y con las que están a medio construir. Tanto el alcalde Weigler como los sindicatos apuestan por buscar otros clientes y apuntan sin disimulos a la marina alemana. "Lo que ahora realmente necesitamos de los responsables (políticos) es pedidos para compensar", afirma el regidor. En ese mismo sentido, Messerschmidt, de IG Metall, piensa que es "responsabilidad" del Gobierno alemán proveer una "compensación", "por ejemplo con pedidos de la Marina Alemana".

La Izquierda, por su parte, sigue exigiendo que, a largo plazo, se busque la reconversión del astillero de Wolgast para que se centre en la construcción de embarcaciones de uso civil.