san pedro sula ya no es la capital más violenta

Cómo el país más violento del mundo ha reducido la cifra de homicidios a la mitad

Honduras ha pasado de 86 a 42 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes en apenas cinco años, algo que ha sorprendido a los criminólogos. ¿Funcionan las medidas de las autoridades?

Foto: Forenses y policías observan el cuerpo de un hombre tiroteado en Tegucigalpa, en 2015. (Reuters)
Forenses y policías observan el cuerpo de un hombre tiroteado en Tegucigalpa, en 2015. (Reuters)

Guerras entre pandillas. El narco campando a sus anchas. La Administración saturada. Honduras era considerada en 2012 la capital mundial del crimen. Los medios de comunicación del país centroamericano reportaban a diario decenas de asesinatos, ante la impotencia de las autoridades. Seis años después, poner el pie en las calles de las principales ciudades sigue suponiendo exponer la vida –muchos continúan movilizándose exclusivamente en vehículos, evitando salir- pero la situación ha mejorado. Mucho.

Honduras ha reducido a la mitad sus cifras de homicidios, sorprendiendo a los expertos en seguridad. En 2012 se producían 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Era la tasa más elevada del mundo, fuera de zonas de guerra. La cifra fue descendiendo, desde entonces, hasta los algo más de 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes registrados en 2017, que suponen un total de 3.791 homicidios.

La disminución es sustancial y se ha producido, en su mayor parte, desde que el cuestionado Juan Orlando Hernández llegó a la presidencia, en 2014. El político conservador, envuelto ahora en una crisis de legitimidad tras ganar por un estrecho margen las elecciones de 2017, bajo denuncias de fraude, llegó al poder prometiendo mano dura. Una de sus primeras medidas fue desplegar en las calles a la Policía Militar y delegar en el Ejército las tareas de inteligencia policial y las operaciones antinarcóticos, una decisión criticada por algunos sectores de la sociedad civil, que denunciaron excesos y violaciones a los derechos humanos.

Mostró, eso sí, que el presidente iba en serio contra las pandillas. En Honduras operan la Mara Salvatrucha (conocida como MS -13) y el Barrio 18 (B18), dos maras fuertemente armadas, muy violentas, y con decenas de miles de adeptos, que controlan parte del territorio nacional, especialmente en los mayores núcleos urbanos. Son una de las principales fuentes de homicidios, debido a la extorsión –quien no paga, es asesinado- y otras de sus actividades criminales. Las autoridades se han centrado en los últimos años en desmantelar las redes de extorsión de los pandilleros, atacando por un lado a la capacidad de las bandas para matar y, por otro lado, su fuente de ingresos.

El objetivo no han sido sólo las maras. Honduras ha conseguido golpear profundamente al narcotráfico en los últimos años. Era uno de sus principales flagelos. El 90% de la cocaína que se produce en los países sudamericanos pasa por Honduras en su camino a Estados Unidos, según la Casa Blanca.

Organizaciones como los Cháchiros o Los Vellos, muy violentas, han sido desmanteladas por las autoridades y prominentes narcos han sido extraditados a territorio estadounidense. Honduras ha destruido pistas de aterrizaje clandestinas que servían como escala para las avionetas de la cocaína. Acabó también con laboratorios de metanfetaminas y con plantaciones de marihuana. Las autoridades desarticularon 700 estructuras criminales sólo en 2017, según cifras oficiales, deteniendo asímismo a más de 800 pandilleros y decomisando alrededor de 2.000 armas de fuego.

Un policía pasa por delante de un grafitti de la Mara 18 en Tegucigalpa, en 2014. (Reuters)
Un policía pasa por delante de un grafitti de la Mara 18 en Tegucigalpa, en 2014. (Reuters)

Cambiar las cárceles... y a la policía

Todo ello se ha conseguido aumentando en un 50% el presupuesto destinado a las instituciones y organismos relacionados con la Seguridad. Los funcionarios están ahora más capacitados. El código penal fue, además, endurecido, una medida celebrada por muchos pero que para otros supone un brindis al sol.

“En Honduras se han aprobado leyes penales como si fuera una maquila. Son sólo proyectos electoralistas represivos, con soluciones simbólicas, que únicamente satisfacen las demandas de la agenda mediática, sin lograr un efecto positivo en la reducción sostenida de la criminalidad y con un impacto negativo en el hacinamiento carcelario, y los derechos y libertades fundamentales", explica a El Confidencial Joaquín Mejía Rivera, abogado hondureño especialista en Derechos Humanos.

El aumento en el presupuesto en seguridad ha llevado consigo una revolución en la política carcelaria, que las autoridades consideran clave en la reducción de homicidios. Honduras ha construido dos nuevas cárceles de máxima seguridad para los líderes de las pandillas, limitando efectivamente su comunicación con el exterior. El Pozo y La Tolva fueron erigidas siguiendo los modelos estadounidenses de presidios. Los reos más peligrosos son incomunicados para evitar que sigan delinquiendo y extorsionando desde prisión. Su apertura fue de película. Miles de convictos fueron trasladados de prisión en varios operativos que implicaron a más de 3.000 policías y militares, cinco aeronaves y al menos 245 vehículos de tierra.

La reestructuración carcelaria, culminada a mediados de 2017, supuso el cierre de la temida cárcel de San Pedro Sula, la capital industrial del país, que durante años fue considerada la ciudad más violenta del mundo. El presidio local se había convertido en el auténtico cuartel general de los líderes de las mafias, que seguían operando a través de sus teléfonos móviles.

Esa depuración llegó también a las fuerzas del orden. Honduras ha intentado purgar durante años su policía de oficiales corruptos. Muchos de ellos colaboraban con las mafias, formaban parte de ellas, o les hacían frente a través de ejecuciones extrajudiciales. Más de 4.400 agentes de policía fueron apartados de sus funciones. “La Comisión especial de depuración de la Policía Nacional ha hecho un trabajo aceptable. En realidad, para llegar a sus cometidos, ha contado con herramientas legales que les garantizan no ser responsables en ningún momento por sus acciones. No obstante, aún no se ha separado a muchos miembros de la Policía de quienes se puede sospechar que han incurrido en graves faltas a la Ley”, comenta Félix Ávila, abogado penalista hondureño.

La reducción en el número de homicidios, además, no se está circunscribiendo sólo a Honduras. Los tres países del ‘triángulo norte’ centroamericano han logrado rebajar su cifra de homicidios en el último año. El Salvador los redujo un 25% en 2017, registrando una tasa de 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, todavía altísima y epidémica –como la de Honduras- pero que supone el mayor avance desde la fallida tregua de pandillas de 2012, cuando bajaron significativamente los muertos en las calles.

Funcionarios de la OEA recogen armas entregadas por miembros de las maras durante una tregua en 2013. (Reuters)
Funcionarios de la OEA recogen armas entregadas por miembros de las maras durante una tregua en 2013. (Reuters)

¿Funciona la 'mano dura'?

En El Salvador también se ha llevado a cabo una política de mano dura que ha llevado a las pandillas a reducir sus actividades de extorsión para concentrarse en otras menos violentas, pero igualmente delictivas, como el tráfico de armas, en las que llaman menos la atención. “La reducción de los homicidios en El Salvador puede asociarse a los esfuerzos por abordar el fenómeno de manera integral y no únicamente desde un componente represivo, que desconocía las raíces estructurales de la violencia”, apunta Héctor Carrillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la salvadoreña Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

“El 'Plan El Salvador Seguro' ha agregado a ese componente represivo el desarrollo de acciones de prevención, atención y protección a las víctimas. También su rehabilitación y reinserción, y el fortalecimiento internacional”, destaca Carrillo. El país centroamericano ha aprobado, asimismo, medidas extraordinarias de seguridad, desde 2016, que incluyen el endurecimiento del régimen carcelario, algo que ha sido criticado por Naciones Unidas.

“Han colocado a miles de personas en detención prolongada y aislamiento bajo condiciones realmente inhumanas”, destacó Zeid Ra’ad Al Hussein, el ex alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, durante una visita a El Salvador en noviembre de 2017. “Han llevado a un brote de tuberculosis que ha afectado a más de mil detenidos, diciéndose también que varios cientos sufren desnutrición”, añadió el funcionario de Naciones Unidas. El país también ha registrado, como Honduras, casos de escuadrones de la muerte formados por fuerzas del orden que se ha tomado la justicia por su mano. Algunos oficiales han sido judicializados pero diversas organizaciones advierten de que los batallones corruptos siguen activos.

Guatemala, por su parte, vivió en 2017 un descenso del 0,8% en los asesinatos, registrando una tasa de 32 por cada 100.000 habitantes. Parte de los expertos considera, eso sí, como un fracaso la cifra, porque supone una ralentización del descenso de la violencia registrado en años anteriores. “Las maras continúan operando como si nada estuviera sucediendo. Están fortaleciéndose en algunas áreas marginales, lo que implica que en algún momento podrían asestar golpes fuertes de violencia”, señala Mario Polanco, director de la organización guatemalteca Grupo de Apoyo Mutuo. “Aquí no se ha producido la depuración de la policía y los funcionarios del ministerio de Gobernación (Interior) y policías continúan incurriendo en actos de corrupción”, destaca el analista.

Los expertos avisan de que, a pesar de la mejora sustancial de las cifras de asesinatos, es todavía pronto para ver si el avance es permanente o depende de situaciones coyunturales. Toman los datos con cautela. En los tres países la violencia es todavía extrema.

Un miembro de la Mara 18 en El Salvador posa para el fotógrafo. (Reuters)
Un miembro de la Mara 18 en El Salvador posa para el fotógrafo. (Reuters)

La clave: la lucha contra la pobreza

Uno de los mayores problemas sigue siendo la impunidad. En Honduras, por ejemplo, aún hoy sólo uno de cada diez homicidios es investigado. El sistema de investigación y justicia es ineficiente, algo que explica, en parte, por qué los líderes de los grupos de narcotraficantes capturados hayan sido extraditados a Estados Unidos. “La única manera de desarticular las maras o pandillas es eliminando los factores de violencia que han propiciado su existencia y su dinámica delictiva, lo cual está más ligado a resolver las desigualdades sociales y a desarrollar acciones de prevención que a las acciones del Estado para perseguir y castigar el delito”, comenta el analista Carrillo.

La pobreza es la causa de la delincuencia, para muchos expertos. “El perfil de un pandillero en El Salvador es un joven de 25 años, nacido en el seno de una familia de bajos recursos, a menudo rota, que se unió a la pandilla a los quince años. Según una encuesta realizada en marzo de 2017, la mayoría viene de barros marginales y el 70% vive con menos de 250 dólares al mes. El 94% no tiene estudios secundarios. Más del 80% nunca tuvo empleo formal y más de la mitad proviene de familias desestructuradas”, expone el experto. Los analistas han alertado, además, de que la violencia podría aumentar en los países del triángulo norte si EEUU comienza a deportar masivamente a migrantes.

La polémica electoral hondureña, que provocó grandes manifestaciones de los seguidores de Salvador Nasralla, podría suponer también un factor de desestabilización. “Se ha producido una verdadera polarización dentro de la sociedad hondureña. Hubo mucha violencia durante esos hechos, implicando la muerte de personas”, apunta el abogado Ávila.

Otros advierten de los peligros de militarizar la seguridad pública. “La experiencia de varios países azotados por la violencia ha demostrado que el involucramiento de los militares en tareas de seguridad interna crea más problemas de los que resuelve, desvía los limitados fondos públicos que deben fortalecer a los organismos profesionales de la seguridad ciudadana y coloca al Estado en franca violación de los Derechos Humanos”, cree el abogado Juaquín Mejía.

Honduras, El Salvador y Guatemala caminan, eso sí, en dirección contraria a la de sus vecinos centroamericanos, por primera vez en mucho tiempo. La tasa de homicidios de Nicaragua, seis por cada 100.000 habitantes en 2017, era la más baja de la región hasta las protestas antigubernamentales iniciadas en abril, que han dejado al menos 325 muertos en el país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica, por su parte, registró en 2017 una tasa de 12,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la mayor de la historia del país. A nivel latinoamericano, México y Brasil batieron el año pasado su récord de homicidios. La violencia sigue siendo el mayor problema de una región donde vive el 8% de la población mundial pero registra el 33% de los homicidios del planeta. Más de 2,5 millones de latinoamericanos han sido asesinados desde el año 2.000.

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