Presas enjauladas: los centros para niños inmigrantes en EEUU, paraíso de violadores

Un personal a menudo no cualificado, la falta de supervisión adecuada y una serie de limbos jurídicos se combinan desde hace años como una tormenta perfecta que permite que los centros de internamiento de menores inmigrantes en Estados Unidos se conviertan en el escenario de un número sorprendente de casos de abuso sexual. Diferentes investigaciones acaban de revelar decenas de ellos, con víctimas de hasta seis años de edad. El hallazgo da una nueva dimensión a la política de 'tolerancia cero con la inmigración' de la Casa Blanca, que ha aumentado la presión en estos centros, que a veces no cuentan con el personal suficiente ni los estándares adecuados para cuidar a miles de niños. Unos albergues que el Gobierno había declarado seguros.

El portal de investigación sin ánimo de lucro ProPublica obtuvo unas 1.000 páginas de informes policiales y notas de 70 centros gestionados o subcontratados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, de un total de 100. Estos albergues acogen en torno a 10.000 menores. Los incidentes referidos datan desde 2014; algunos se dieron en el centro de la gestora de albergues para menores Southwest Key, en Tucson, Arizona.

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Sara de Diego

En 2015, un adolescente hondureño de 15 años internado allí fue víctima, repetidas veces, de un empleado de 46 años llamado Óscar Trujillo. “Sé lo que quieres, puedo darte cualquier cosa que necesites”, le dijo este al menor. La víctima se lo confesó a un psicólogo y este trasladó el caso a la policía. Trujillo acabó condenado por abuso sexual. Dos años después, otro menor fue acosado varias veces por otro miembro del personal. A principios de este año, se encontraron indicios de otro caso y varias trabajadoras del centro acusaron igualmente a un compañero de actuar constantemente de forma inapropiada.

Los informes recogen 125 llamadas a la policía para denunciar presuntos casos de abuso sexual en estos centros, más otras 200 llamadas de centros que acogen tanto a niños indocumentados como a niños estadounidenses. Son aquellos casos que han sido destapados. Según los psiquiatras que tratan a estos menores, el número real puede ser mucho mayor, ya que las víctimas podrían tener miedo de empeorar las circunstancias legales de sus familias.

Una víctima de seis años de edad

“Cuando un delincuente está intentando elegir a una víctima, elige a alguien que considera menos inclinado a informar de un abuso”, declaró a ProPublica Nayeli Chávez-Dueñas, psicóloga clínica involucrada en el establecimiento de estándares para cuidar a los niños en estos albergues. Los menores están en una situación de extrema vulnerabilidad, son niños que “vienen de fuera del país, que no tienen estatus legal aquí, que no hablan inglés, que no tienen acceso a abogados ni a gente que los pueda proteger”.

“Si eres un depredador sexual, es una mina de oro”, añadió Lisa Fortuna, directora de psiquiatría infantil y adolescente del Boston Medical Center. “Tienes acceso completo, y a niños que ya han tenido esta historia de ser victimizados”.

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El último caso, destapado por 'The Nation', afectó a una niña de seis años conocida solo por sus iniciales, D. L. A finales del pasado mayo, la madre de D. L. se presentó con esta en El Paso, Texas, con documentos destinados a probar que habían escapado de la violencia callejera en Guatemala. Los agentes arrestaron a la madre, la separaron de su hija, y enviaron a D. L. a uno de los centros de Southwest Key, en Arizona. Fue allí cuando D. L. habría sido acosada sexualmente por otro de los menores retenidos. La dirección del centro hizo firmar a la niña un documento según el cual se le había dicho que mantuviese la distancia con el presunto agresor, y se le había dado “psicoeducación”. El padre de la menor, un inmigrante sin papeles residente en California, y la madre, detenida en otro estado, Texas, fueron informados.

“Me sentí horrible. No podía hacer nada por ella, porque estábamos separados”, declaró la mujer guatemalteca a 'The Nation'. “Fue una pesadilla. Cuando mi marido me dijo lo que había ocurrido, me sentí desamparada. Ella era tan pequeña, probablemente tenía tanto miedo”. Pero el calvario no había terminado: según informó el centro, D. L. fue golpeada y acosada de nuevo el 22 de junio. Gracias a la actuación del grupo, y de la obligación judicial de reunir a las familias, D. L. y sus padres están juntos de nuevo.

Presión sobre los centros

Otras organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a acoger menores también han tenido casos parecidos. La empleada de un centro de Homestead, en Florida, fue condenada a 10 años de prisión por enviar fotos desnuda y proponer sexo a un adolescente de 15 años. El gerente de un centro de Fullerton, en California, fue condenado por abusar de varios menores.

Uno de los problemas es que la fluctuación de menores que pasan por estos centros varía drásticamente de un mes a otro, lo cual impulsa a los gerentes a contratar y despedir empleados con igual urgencia, de manera que no siempre es posible mantener una plantilla estable, experimentada y vigilada. Southwest Key, que tiene a su cargo cerca de 1.500 menores en centros de Arizona, California y Texas, despidió a 1.000 empleados la pasada primavera. Justo después, la política de 'tolerancia cero' de la Administración Trump, que considera criminales a los adultos que cruzan ilegalmente la frontera y por tanto son arrestados y separados de sus hijos, incrementó la llegada de menores a estos centros y Southwest tuvo que hacer contrataciones urgentes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, interpelado por los medios, declaró: “Siempre nos centramos en la seguridad y en el mejor interés de cada niño. Estos son niños vulnerables en circunstancias difíciles, y el departamento trata su responsabilidad con cada niño con el mayor cuidado”.

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La mayoría de los menores retenidos desde 2014 habían cruzado la frontera sin la compañía de adultos. Desde el pasado abril, sin embargo, por el cambio migratorio, unos 3.000 niños han sido separados de sus padres. En junio, un juez ordenó la reunificiación familiar, pero 700 de los menores siguen en este limbo, ya que sus padres o bien fueron deportados o bien son considerados, por distintos motivos, incapaces de cuidar de sus hijos. El exceso de trabajo también ha aumentado el tiempo en que los menores están retenidos: la detención media ha pasado de 34 a 57 días.

Es la primera vez que estos informes ven la luz y añaden nueva leña a la sonora polémica generada por la nueva política migratoria. Los casos de abuso desmienten las garantías dadas por la Administración Trump de que se trataba de centros seguros para los menores retenidos. Tampoco los congresistas, a cargo de discutir la política migratoria, han tenido la oportunidad, hasta ahora, de conocer con más detalle la vida de los menores en estos limbos, que pueden convertirse en un infierno.