como parte de una enmienda económica

Las reformas legales en EEUU amenazan las adopciones para parejas del mismo sexo

Las agencias de cuidado infantil, entre ellas grupos religiosos, podrían negarse a dar niños en adopción si así se lo dictan sus creencias, según una enmienda aprobada en el Congreso

Foto: April DeBoer y Jayne Rowse, una pareja homosexual de Michigan y activista por los derechos LGTB, posa con sus cuatro hijos, en abril de 2015. (Reuters)
April DeBoer y Jayne Rowse, una pareja homosexual de Michigan y activista por los derechos LGTB, posa con sus cuatro hijos, en abril de 2015. (Reuters)

Las agencias de cuidado infantil, entre ellas grupos religiosos, podrían negarse a dar niños en adopción o acogida a las parejas homosexuales, si así se lo dictan sus creencias. Este sería el resultado último de la enmienda que acaba de aprobar el Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Una medida que ha generado la protesta de las asociaciones de los derechos civiles, y un ejemplo más del escorado viraje hacia el conservadurismo en EEUU.

La enmienda es parte de una ley presupuestaria para financiar los departamentos de Salud, Trabajo y Educación. Lo que haría sería obligar a las agencias del Gobierno a trabajar con grupos religiosos dedicados al cuidado infantil; grupos que, en ocasiones, se han negado a dar a niños en adopción a parejas del mismo sexo. Aquellas agencias que siguieran discriminando a estos grupos, por ejemplo en estados progresistas, podrían dejar de recibir el 15% de la financiación federal. Todos los republicanos menos uno votaron a favor.

“Varios estados y localidades en todo el país no están permitiendo a organizaciones religiosas, como Catholic Charities o Bethany Christian Services, gestionar agencias de bienestar infantil”, protestó el responsable de la enmienda, el representante republicano de Alabama, Robert Aderholt. “La razón de esto simplemente es que estas organizaciones, en función de su convicción religiosa, eligen no colocar a niños con parejas del mismo sexo”. El otro motivo citado por Aderholt en su comunicado es la epidemia de drogas y medicamentos opiáceos, que ha “disparado” el número de niños en acogida temporal por todo el país. Y por tanto, según el congresista, las autoridades estatales no se pueden permitir el no colaborar con este tipo de organizaciones.

El voto, aprobado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, ha provocado una dura respuesta demócrata. Según la líder progresista de la cámara, Nancy Pelosi, la enmienda “denegaría potencialmente a decenas de miles de niños vulnerables la oportunidad de encontrar un hogar cariñoso y seguro”. Añadió que los democratas “lucharán este asqueroso, profundamente inmoral y ofensivo esfuerzo con todas nuestras fuerzas. No hay lugar para el fanatismo o la discriminación en nuestros sistemas de acogida y adopción”.

“Las parejas del mismo sexo son seis veces más propensas a acoger y cuatro veces más a adoptar”, declaró en Twitter el representante demócrata Mark Pocan, un congresista gay de Wisconsin. “Denegar a los niños unos padres amorosos está mal”. El índice de adopciones en las parejas heterosexuales con hijos en Estados Unidos, casadas y no casadas, ronda el 5%. Entre las parejas homosexuales con hijos, el índice de adopciones supera el 20%.

El congresista Mark Pocan, que nunca ha ocultado su identidad sexual, durante una intervención en Atlanta, en agosto de 2017. (Reuters)
El congresista Mark Pocan, que nunca ha ocultado su identidad sexual, durante una intervención en Atlanta, en agosto de 2017. (Reuters)

Contraofensiva conservadora

El responsable legislativo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Ian Thompson, ha declarado en NBC News que la enmienda “sitúa las creencias morales y religiosas de ciertos proveedores de servicios por encima de las necesidades reales de los niños”. Según Thompson, la medida “está diseñada para castigar a los estados y localidades que de hecho aplican las protecciones estatales y locales contra la discriminación”.

Esta es sólo una rozadura más de un conflicto mayor entre el Gobierno republicano, en control del poder legislativo, y la herencia progresista de los años de Barack Obama. Las contramedidas se extienden como una mancha de aceite, desde Washington, a todos los frentes: desde la desregulación financiera al recorte de los límites de la contaminación, la pérdida de poder de los sindicatos, o el posible final de las políticas de discriminación positiva. El derecho de las parejas homosexuales a acoger o adoptar no es una excepción.

Ahora mismo un juez federal está dilucidando exactamente eso en Michigan: hasta qué punto este estado tiene el derecho de permitir a los grupos religiososos negarse a dar niños en acogida o adopción a parejas del mismo sexo: una de las labores que ejerce St. Vincent Catholic Charities, contratada por el departamento de Sanidad. La demanda fue interpuesta por la ACLU. La diatriba es la misma: la postura del estado de Michigan es que no se debe discriminar a las asociaciones por sus creencias religiosas, más aún cuando hay niños en espera de ser acogidos o adoptados. La oposición y grupos como ACLU argumentan que no se puede permitir que estos grupos discriminen a las parejas del mismo sexo. Y más aún cuando hay tantos niños en espera.

La polémica tiene incluso un claro aspecto geográfico. De un lado, nueve estados (Michigan, Texas, Alabama, Mississippi, Oklahoma, Kansas, Virginia y las dos Dakotas) han aprobado leyes que permiten a los grupos con contratos públicos negarse a dar a niños en adopción en función de la orientación sexual de los padres. De otro, también nueve estados (California, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nevada, Nueva York, Oregon, Rhode Island y Wisconsin) han prohibido disriminar a parejas gais en cuestiones de adopción.

El debate se recrudece a lo largo del país y es posible que acabe llegando al Tribunal Supremo, donde la mayoría conservadora se está consolidando. El juez Anthony Kennedy, considerado un moderado que decidió, por ejemplo, a favor del matrimonio homosexual en 2015, va a ser a todas luces reemplazado por Brett Kavanaugh, el segundo juez conservador nominado por el presidente Donald Trump en año y medio. El hecho de que otros dos magistrados tienen más de 75 años (una de ellas, progresista, 85) podría permitir al Donald Trump reforzar dicha mayoría en el futuro.

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