México quiere legalizar las drogas para frenar la violencia (y por qué no funcionará)

“L.A. Confidential”, 2.200 pesos la onza; “Pomada THC”, 300 pesos; “Lemon”, 900 pesos; “Gomitas”, 300 pesos los 100 gramos. La lista del “surtido rico” de marihuana y otras drogas le llega a Mariana a su teléfono vía Whatsapp. ¿Su contacto? Un “dealer” ("camello") de la zona Centro de la Ciudad de México. Sólo basta con que ella escriba lo que quiere para que el pedido llegue a su domicilio; a veces, de forma inmediata, más rápido que una pizza. Mariana, de 40 años, es traductora y comparte el mismo “dealer” con sus amigos: Marco, un historiador de arte contemporáneo, de 32 años; Pedro, consultor y politólogo, de 39; Hannah, comunicóloga, también de 39, y Lucía, periodista, de 35.

Todos trabajan y consumen cannabis de forma recreativa desde hace varios años. Saben que es un riesgo comprarla de esta forma y les genera culpa sentir que forman parte de la cadena de producción y muerte del narcotráfico y el crimen organizado en México. Pero también les indigna que la marihuana sea ilegal aquí, cuando en países como Canadá, Uruguay y en 39 de los 50 estados de EEUU ya se puede adquirir en farmacias, dispensarios o “weed shops”. De hecho, envidian a José, un amigo suyo que vivió en Vancouver un año, a quien el médico de su barrio le recetaba “mota” o "maría" sólo por el estrés causado por el cuidado de sus tres hijos. En México ya hay quienes empiezan a cultivar cannabis en sus casas (ya es legal para fines médicos), pues quieren consumirla sin ser copartícipes del narco, además de que así garantizan su pureza y gastan menos dinero.

Pese a que la marihuana, la amapola y otras drogas fueron legales en México por un breve periodo de 6 meses en el año 1940, comprar la hierba verde hoy en día en el país, de forma legal, no es posible. Ha habido pequeños avances para dejar de criminalizar a los pequeños consumidores y ya se abrió la puerta para su uso medicinal, pero esas “conquistas liberales” aún son muy limitadas. El equipo de transición del nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha anunciado su intención de legalizar las drogas como una vía -tal vez la única- para pacificar el país, que en 2017 vivió cifras récord de violencia que llevan visos de repetirse este año.

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De cualquier manera, algunos expertos consideran que la legalización es insuficiente, pues el problema es más profundo. “Si las drogas se legalizan, [a los cárteles del narco] les quedan otras actividades tan perniciosas como el tráfico de sustancias: la trata de personas, el tráfico humano, la venta de protección, el control de giros negros, el lavado de dinero, el contrabando, entre otras”, afirma en una columna de opinión Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de seguridad, narcotráfico y justicia, autor de libros como “El narco en México”, “Narcomex” y “Crónicas de sangre”. "Estos grupos criminales ya se adelantaron una década a estas medidas liberales. Los cárteles operan con 25 tipologías delictivas", señala Ravelo.

Y el equipo de AMLO lo sabe. La propuesta de la próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de legalizar la marihuana para fines recreativos y más adelante la amapola y otras drogas para terminar con la violencia del país, es sólo una medida que se enmarca en un plan mucho más amplio: una ley de amnistía para campesinos forzados por el narco a cultivar o cuidar plantíos ilícitos, no para homicidas ni violadores de derechos humanos; una justicia transicional; la creación de comisiones de la verdad; la reinserción a la vida civil de miembros de la delincuencia organizada, según los delitos; la reparación integral; la reducción de penas para quienes otorguen información verificable sobre la comisión de determinados crímenes, y la recuperación de zonas económicas.

Consulta a la ciudadanía

Para recabar más ideas, el Gobierno de AMLO, que asumirá funciones hasta el 1 de diciembre, realizará una serie de consultas entre el 7 de agosto y el 24 de octubre próximos. En total, coordinará 18 foros regionales en los que se abordarán varios temas: pacificación del país, reconstrucción del tejido social, desarme, desmovilización, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura, secuestros, extorsión, desplazamiento forzado, delitos contra defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros. Participarán víctimas, miembros de la sociedad civil, académicos, comunidades religiosas, campesinos, indígenas, políticos y responsables del Ejército y de la Marina. Además, consultarán a reos en prisiones y a migrantes en albergues.

La estrategia de seguridad también estaría enmarcada en un conjunto de políticas públicas de índole político-social, económicas y de gobernanza, las cuales buscan combatir la corrupción, reducir la pobreza y la enorme brecha de desigualdad. Todo para intentar terminar con la violencia, que en 12 años ha dejado casi 235.000 muertos y entre 30.000 y 50.000 desaparecidos.

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Para especialistas como Mauricio Meschoulam, autor del libro “Crimen organizado, miedo y construcción de la paz en México”, la propuesta del equipo de AMLO va en el camino correcto. Sin embargo, en un entrevista con El Confidencial pone énfasis en cinco temas clave que no observa en el plan integral. Primero, reducir los picos de violencia, lo que implica acompañar todas estas políticas sociales con medidas de seguridad de las fuerzas públicas, lo que en algunos casos conllevaría el inevitable uso de la fuerza del Estado. Segundo, atender el tema psicosocial y de miedo que se ha generado en el país en los últimos 12 años; auxiliar, por ejemplo, a las “víctimas secundarias” para evitar venganzas y evasiones. Tercero, contar con una muy buena estrategia de comunicación para explicar temas tan complejos como la amnistía o la idea de justicia transicional, y no se vean tan solo como un perdón llano a los criminales.

En cuarto lugar, Meschoulam considera acertado el impulso de la legalización de las drogas, siempre y cuando exista una regulación del mercado, como en Uruguay. Y por último, que el equipo de AMLO no hable en términos de “pacificación”, sino de una “construcción de paz”, pues no se trata sólo de “reducir o prevenir el crimen”, sino de promover acciones que inviten a la gente a salir y convivir, a trabajar en conjunto y a ser comunidad como parte de un pensamiento transversal que garantice su paz con instituciones sólidas y democráticas que operen a largo plazo, indicó.

¿Un debate simplista?

Para el Dr. Benjamin Smith, académico estadounidense especializado en la historia moderna de México y su combate al narco, siete factores son clave para que el país realmente construya paz. Uno, que exista justicia efectiva para todos los ciudadanos y se termine con la impunidad, lo cual se logrará llevando a la cárcel no sólo a los sicarios y cabecillas del crimen organizado sino a los políticos, líderes sindicales y empresarios que han contribuido al sistema corroído por la corrupción y la falta de democracia y Estado de Derecho. Dos, cortar de raíz las finanzas del narcotráfico, lo cual trastocará intereses trasnacionales. Tres, devolver al Ejército a sus cuarteles. Cuatro, cesar las políticas que criminalizan a los consumidores de drogas. Cinco, mejorar los servicios sociales. Seis, legalizar la marihuana para uso recreativo. Siete, legalizar la amapola y la producción de opio para que los hospitales de México dejen de importar la morfina de Estados Unidos y los enfermos con dolores agudos tengan mayor acceso a ella. Smith ve como algo ridículo el hecho de que el país, teniendo vastos plantíos de amapola en su territorio, termine comprando en el extranjero la droga procesada para fines médicos.

Además, el precio del opio en Estados Unidos ha bajado ante la gran competencia del fentanilo chino. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, lo que está contribuyendo de forma alarmante a la epidemia de adicción a las drogas que, tan solo en 2016, dejó 64.000 muertos en Estados Unido. Gran parte del fentanilo, según la revista Proceso, llega a México desde China vía Estados Unidos, donde los servicios de paquetería internacional se encargan de distribuirlo a provedores que terminan llevando la sustancia química a laboratorios clandestinos del narco mexicano. Éstos la procesan, la convierten en anfetaminas, metanfetaminas, heroína, pastillas psicotrópicas y muchos otros narcóticos de diseño censurados por la DEA, y los devuelven al mercado estadounidense.

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En conclusión, para los tres expertos, el tema de la legalización de la marihuana para fines recreativos a nivel nacional está más que superado. El problema es que para la sociedad mexicana, que aún ve el asunto con una mirada muy conservadora, no es así. Para los especialistas, estancarse en el debate de si una planta como el cannabis debe ser lícita o no, bajo los argumentos de la violencia del crimen organizado, es banal, simplista y vieja. El camino para construir la paz en México es mucho más amplio y complejo que la “maría”, y no puede ser abordado sólo en el terreno de los narcóticos y su prohibicionismo. Mariana y sus amigos lo saben, no dejan de sentirse culpables por comprar “drogas de sangre”, pero por éstas y otras razones votaron por López Obrador, con la esperanza de que esta guerra termine algún día.

Por otra parte, es cierto que México ya no sólo es un país de tránsito de drogas, también es consumidor y los más jóvenes son los más vulnerables, pero ahí es donde debe entrar otra estrategia, una con un enfoque en salud pública y educación integral, opinan. Una que atienda a todos los sectores de la sociedad: desde los que tienen el poder adquisitivo para comprar una dosis de marihuana de 2.000 pesos [90 euros] por semana (lo cual es un gran lujo), hasta los miles de niños y adolescentes que acostumbran a colocarse con disolventes o pegamento en las calles de la Ciudad de México y otras urbes, quienes forman parte de los sectores más olvidados y marginados de la sociedad y, por ende, son de los últimos en el debate de las drogas. Los sectores de los que casi nadie habla en México, y mucho menos en Washington.