Una española, al banquillo en Marruecos por salvar vidas en el Estrecho

¿Qué nos hace reconocer como tal a otro ser humano? Entre otras cosas, su nombre. El 14 de enero de 2016, un niño y su madre murieron ahogados en un naufragio en el estrecho de Gibraltar. El cuerpo del pequeño arribó a una playa de Cádiz; la madre apareció a cientos de kilómetros, en una playa de Argelia. Dos cadáveres anónimos en una lista enorme de personas que mueren sin identidad a los pies de la fortaleza europea. Hasta que una activista española, Helena Maleno Garzón (El Ejido, 1970), identificó y devolvió su nombre a esta madre y a su hijo: el niño se llamaba Samuel, Samuel Kabamba. Tenía 4 años. La madre que ese día le había abrigado con una chaquetita marrón se llamaba Véronique Nzazi.

Helena Maleno lleva desde 2001, cuando se instaló en la ciudad marroquí de Tánger, devolviendo su nombre a los inmigrantes que mueren intentando entrar en Europa y luchando para que sus familias obtengan la justicia que a ellos se les negó. Desde 2007, esta investigadora en migraciones que ha trabajado para Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo español, ha sido además la voz que alerta a los servicios de salvamento marítimo español y marroquí para que rescaten a cientos de personas, perdidas en el mar o a punto de ahogarse en una patera o una balsa hinchable de juguete.

Por esas peticiones de rescate efectuadas a petición de los propios inmigrantes a través de un teléfono gestionado las 24 horas del día por la ONG de Maleno, Caminando Fronteras, la activista deberá declarar hoy –su comparecencia se ha pospuesto ya en dos ocasiones- ante el tribunal de Apelación de Tánger. El motivo es una causa judicial que la relaciona con las redes de tráfico de personas que actúan en el Estrecho de Gibraltar. Si se abriera un juicio penal contra ella, la ley contempla penas desde 6 meses de cárcel hasta la cadena perpetua.

La activista explica por teléfono desde Tánger que esta causa “no empezó en Marruecos”. Su origen está en una investigación que la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la policía española, inició a cuenta de las llamadas de auxilio de Maleno a Salvamento Marítimo. “Este expediente fue archivado, en abril de 2017, en preprocesales [es decir, sin llegar al juez de instrucción] dado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no apreció indicios de delito”, puntualiza la activista.

La policía española había solicitado antes a Marruecos que pinchara su teléfono, asegura la experta. Probablemente para comprobar si Maleno tenía algo que ver con la organización de los viajes de los inmigrantes o si simplemente se limitaba a alertar a los servicios de salvamento en caso de necesidad.

“La policía marroquí concluyó que no había nada que apuntara a mi implicación con las mafias, y así se lo comunicaron a la policía española”, sostiene esta activista, que se ha ganado la confianza y el afecto de las comunidades de inmigrantes que esperan en el país magrebí para entrar en Europa. Su intenso activismo en redes sociales y medios de comunicación; su trabajo y el de sus compañeros de Caminando Fronteras denunciando y documentando los abusos de España y Marruecos en los confines del sur en Europa y la asistencia que prestan a los inmigrantes en el norte del país magrebí han convertido a Maleno en una referencia para ellos. Muchos la llaman “Mamá”, el apelativo cariñoso que, sobre todo en África Central, se utiliza como signo de respeto a la mujer.

Un día una inmigrante la llamó desde una patera, cuando ya los otros ocupantes de la embarcación habían pedido auxilio a Salvamento Marítimo. Cuando Maleno le preguntó por qué la llamaba si ya habían avisado al organismo de socorro marítimo del Ministerio de Fomento, la contestación la dejó “helada”, recuerda: “Te llamo a ti también porque no estoy segura de que Salvamento Marítimo no quiera que yo muera; mientras que de ti estoy segura de que no quieres dejarme morir”, explicó la mujer.

Una investigación reabierta en Marruecos

Maleno sostiene que pese al archivo del expediente contra ella en la Audiencia Nacional, la UCRIF envió el informe a Marruecos, lo que motivó el inicio de la causa por la que deberá responder hoy. Ese informe, dice, “está vacío, sólo hay acusaciones que parecen de orden político. Y lo que nos preguntamos es quién está detrás de esta persecución, qué autoridad española la ha autorizado, porque, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores español, que nos ha dado su apoyo, no estaba al corriente. Se lo contamos nosotros”.

Del contenido de ese expediente, un aspecto ha llamado la atención a Maleno y su abogada: “No se menciona el ánimo de lucro ni se me acusa de haberme lucrado”, sostiene la activista, un lucro que obviamente siempre está detrás de las redes de trata de seres humanos.

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Helena Maleno vive en una casa alquilada en Tánger con sus dos hijos, de 20 y 11 años, no tiene coche ni se le conoce lujo alguno. De hecho, explica, su trabajo en Caminando Fronteras y el tiempo que le dedican ella y sus compañeros a gestionar las 24 horas del día su sistema de alertas es voluntario.

La paradoja es que esta activista ahora interrogada por su supuesta relación con las redes de tráfico de personas se gana la vida como consultora experta en trata, especialmente de mujeres y niños, para organizaciones como Women´s Link Worldwide, la ONG Save the Children, el Defensor del Pueblo Español y Naciones Unidas. Incluso ha participado como docente en talleres de formación de Cruz Roja impartidos a la policía española.

Su compromiso y su labor de denuncia de los abusos en la frontera sur en medios de comunicación y redes sociales le han valido además el premio Derechos Humanos ‘Nacho de la Mata’ del Consejo General de la Abogacía Española y el galardón de Derechos Humanos de la Unión Progresista de Fiscales, entre otros.

Su trabajo no sólo le ha traído reconocimientos, sino también amenazas, algunas de muerte, por parte de desconocidos y de esas mismas mafias con las que ahora se la vincula. En 2014, en el barrio tangerino de Boukhalef, donde residen muchos subsaharianos, fue rodeada por un grupo de marroquíes, de los que uno blandía un machete. Escapó gracias a que un grupo de inmigrantes la protegió, mientras la policía marroquí miraba hacia otro lado. El verano pasado, recibió una carta con una foto de una pistola y la bala en la que se la intimaba a “guardar silencio” so pena de “morir” porque “estaba incomodando a las autoridades”.

También ha sido objeto de graves amenazas en las redes sociales, por ejemplo, el pasado mes de agosto, después de denunciar que la policía española había repelido a patadas y porrazos a un grupo de inmigrantes que había intentado entrar a pie por la frontera de Ceuta. “La policía española nunca ha investigado estas amenazas, aunque se lo hemos pedido y estaba al corriente pues en uno de los hilos de Twitter en el que varios desconocidos habían proferido amenazas contra mí, había participado el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, para justificar la actuación policial”, denuncia Maleno.

Criminalizar al defensor

Helena Maleno es una activista incómoda. Ya en 2005, cuando tuvo lugar la primera “crisis de las vallas” en Ceuta y Melilla, pidió explicaciones por las muertes de al menos 14 subsaharianos que habían tratado de escalar las vallas de las dos ciudades. La activista fue también quién reveló el posterior abandono en el desierto, sin agua ni comida, de cientos de subsaharianos trasladados allí por Marruecos. En 2014, su organización presionó para que se depuraran responsabilidades en las muertes de 15 subsaharianos que perecieron ahogados por pelotazos de goma y botes de humo disparados por la Guardia Civil desde la playa del Tarajal, en Ceuta.

Maleno enmarca la causa judicial contra ella en este contexto de su trabajo de denuncia y de una “criminalización de los defensores de Derechos Humanos cuyo trasfondo es el enorme negocio en el que se ha convertido el control de las fronteras, que mueve enormes intereses económicos de los que se benefician las empresas que se lucran con los contratos de control de fronteras de la UE, empresas que por cierto son las mismas que venden las armas que se usan en las guerras de las que provienen la mayoría de los refugiados”.

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La activista recalca que su caso no es el único. En Italia, el sacerdote eritreo Mussie Zerai afronta una acusación similar, al igual que ella debido a que miles de inmigrantes han sido rescatados en el mar gracias a un número de teléfono en el que el padre Zerai atiende peticiones de auxilio. ONG como Proactiva Open Arms y otras con barcos de rescate en el Mediterráneo han sido acusadas a su vez de connivencia con las mafias.

La acusación contra Helena Maleno ha suscitado diversas campañas de solidaridad con la activista, cuya situación ha sido comunicada al relator especial de Personas Defensoras de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Más de 351 instituciones y personalidades del mundo de la cultura, la política y el activismo social se han unido además al manifiesto “#DefendiendoaMaleno” en el que se denuncia el “hostigamiento” contra ella. Entre los firmantes, figuran la Conferencia Episcopal Española, el Consejo General de la Abogacía, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

Maleno dice confiar en la Justicia de Marruecos y en que el juez marroquí no vea delito, como ya sucedió en la Audiencia Nacional española. Mientras tanto, hace unos días, una familia congoleña, un padre y sus cinco hijos, lloraba en el cementerio de la localidad gaditana de Barbate ante un nicho a ras del suelo. Ese día, el 4 de enero, unos operarios colocaron una lápida en el que está escrito un nombre: el de Samuel Kabamba, el niño que ahora hace un año apareció muerto en una playa de Cádiz.