Honduras llega a las urnas a la sombra del fraude y de una reelección inconstitucional

Honduras contiene la respiración y llega a su cita con las urnas del domingo en un clima de polarización que deriva de una de las campañas más atípicas y tensas que se recuerda en el segundo país más pobre de América Latina. Seis millones de ciudadanos están llamados a elegir no solo un presidente y tres vicepresidentes, sino también 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Centroamericano y 298 alcaldías. Y no hay margen para una segunda vuelta, Honduras se juega su futuro para los próximos cuatro años a una sola carta.

El cóctel que ha ido bebiendo el país a sorbitos cortos en las últimas semanas tiene los siguientes ingredientes: una posible reelección que no recoge la Constitución, denuncias de fraude tanto hacia el ente electoral y su sistema de escrutinio como hacia la campaña oficialista, una operación policial que vincula a la pandilla Barrio 18 con la principal fuerza de oposición y hasta la revelación en un artículo de posibles nexos del hermano del presidente con el narcotráfico. No olvidemos que el 80% de la droga que llega a Estados Unidos desde Suramérica pasa por Honduras.

Todo ello en un clima de tensión social creciente desde el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, que ha levantado a comunidades enteras en contra de los planes energéticos y privatizadores del Gobierno, entre los que destaca la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), unos polémicos territorios cedidos por el Estado a empresas multinacionales. Al menos 20 compañías relacionadas con la energía, la agroindustria y de infraestructuras ya han presentado sus ofertas. Una suerte de Hong Kong en Centroamérica; soberanía por inversión extranjera.

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De los nueve candidatos a la Presidencia, solo tres tienen verdaderas opciones: el presidente, Juan Orlando Hernández, (también conocido por sus iniciales, JOH) al frente del gobernante Partido Nacional; Salvador Nasralla, ingeniero y conocida estrella televisiva y aspirante por la Alianza de Oposición, y Luis Zelaya, hombre cercano a la élite económica y política del país, por el Partido Liberal. Todos son conservadores y vienen de la empresa privada.

Sorprende la cantidad de aspirantes en un país de tradición bipartidista pero que realmente le confiere el adjetivo de atípicas a estas elecciones es el camino sin obstáculos que se plantea para la reelección de Hernández cuando la Constitución no contempla esa posibilidad en ningún caso; y más si tenemos en cuenta que la misma pretensión de perpetuarse en el poder le costó en 2009 al exliberal Manuel Zelaya un golpe de Estado. Una reforma de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2015 dejaba abierta la puerta de la reelección, lo que ha criticado la oposición al considerar que es una decisión que no compete al poder judicial y que resulta de una jugada del presidente, que llegó a la Casa Presidencial en enero de 2014. Manuel Zelaya y su mujer, Xiomara Castro, mantiene su liderazgo al frente del partido LIBRE, que forma parte de la confluencia Alianza de Oposición, liderada por Nasralla.

Todos cerraron sus campañas el pasado domingo, una semana antes de la cita en las urnas. Ante semejante panorama, en Honduras una jornada de reflexión parece no ser suficiente. Desde el martes hasta el domingo está vigente el llamado “silencio electoral”, determinado por ley y por el que los candidatos no podrán hacer propaganda, convocar concentraciones y divulgar sondeos; pero sí comunicar su programa a través de los medios. No hay tiempo que perder porque hay mucho en juego.

Ismael Moreno Coto, más conocido en Honduras como el padre Melo, es el director del centro de acción social jesuita ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) y de Radio Progreso y se ha convertido en uno de los principales opositores al Gobierno de JOH y a su posible segunda legislatura. "La reelección representa la consolidación de un régimen político populista con fuerte acento en el autoritarismo y la fuerza y una alianza firme entre el Estado y el capital privado y transnacional", afirma a este periódico. Y critica que este Gobierno "ha tenido una alta dosis de populismo" a través de "programas de asistencia sin comprometer ninguna política pública que trastoque el actual estado de las cosas basado en la conducción de una reducida élite -unas 17 familias- en asociación con multinacionales. Muchas ayudas a la gente pobre, dejando la misma situación de desempleo, sin acceso a la tierra y con la privatización de todos los servicios y bienes públicos".

"La reelección representa la consolidación de un régimen político populista con fuerte acento en el autoritarismo", explica el padre Melo

De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, el 66,8% de los hogares vive en la pobreza. Un misionero español explica a El Confidencial que es "indignante" tener enfrente "a una madre viviendo en una chabolita al borde del río que no consigue más que una comida al día para sus hijos y que te dice que JOH les va a salvar de la pobreza con esas bolsas de comida o cemento que reparte".

Además de "silencio electoral" también pesa sobre la población un prohibición de porte de armas a partir del jueves 23, porque la violencia, en un país con 79 homicidios por cada 100.000 habitantes, ha estado presente a lo largo del periodo preelectoral. Aunque las investigaciones no establecen si los móviles de cada caso de violencia es estrictamente electoral, lo cierto es que se han visto afectados principalmente activistas oficialistas.

Dudas y acusaciones de fraude

Los principales rivales electorales del presidente, Luis Zelaya y Salvador Nasralla, ya han advertido de que solo van a reconocer los resultados que se den del escrutinio de la mesa, que queda reflejado en las actas. Desconfían del sistema de transmisión de los votos hasta el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las principales suspicacias hacia la transparencia en el proceso electoral se remontan a 2013, ante la ausencia de los nuevos partidos surgidos de la indignación por el golpe de Estado al gobierno liberal de Zelaya en los entes electorales y el censo, dominados por el bipartidismo. Consideraban que era una muestra más de opacidad en un país en el que existe desde 2014 -con JOH en el poder- una Ley de Secretos Oficiales que ampara a 16 instituciones, entre ellas el Registro Nacional de las Personas (RNP), responsable del censo electoral. En los anteriores comicios de hace cuatro años, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea determinó en su informe que no se habían hecho esfuerzos por limpiar el listado de habilitados para votar y el 30% de las entradas eran de fallecidos o emigrantes.

Otro problema electoral detectado en las elecciones de 2013 fue la compra de votos. De acuerdo con el informe del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), basado en una encuesta realizada un día después de las elecciones, un 49% de los consultados admitió haber sido testigo de al menos un intercambio clientelar. Nasralla, que viajó en septiembre a Estados Unidos a denunciar el "fraude sistemático" electoral en Honduras, llegó a acusar al Gobierno de hacer "compra de votos" por "alrededor de 30 dólares" por persona.