"Todos están implicados": un complot de estado para asesinar a una activista molesta

Gustavo Castro había llegado a Honduras ese mismo día, invitado a dar un curso sobre energías alternativas. Lo que no imaginaba era que aquel, el 2 de marzo de 2016, iba a ser el último día de la vida de su anfitriona, la activista medioambiental Berta Cáceres, y que él mismo sobreviviría por muy poco. “A las doce de la noche, los sicarios irrumpieron en la casa. Uno se dirigió a la habitación de Berta, el otro a mi cuarto”, relata Gustavo, con la falta de dramatismo de quien ha contado ya su historia cientos de veces. El disparo le dio en el cuello, salpicándolo todo de sangre. “Pensaron que estaba muerto”, explica. Eso le salvó la vida. Berta no tuvo tanta suerte.

“No era la primera vez que intentaban matarla. Era cuestión de tiempo y del momento adecuado, porque había muchos intereses en juego”, indica. Tres años antes antes, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) había conseguido paralizar la construcción de una presa en Agua Zarca, obligando a la empresa china Sinohydro y al Banco Mundial a retirarse del proyecto.Berta había denunciado amenazas de muerte en 33 ocasiones. “Tras matar a Berta, esperaban que todo quedase en el olvido. Cuando ven que hubo un testigo, yo, trataron de culpar a uno de los miembros de su propia organización, algo que tampoco lograron”, dice a El Confidencial.

La actividad de Berta Cáceres era muy conocida dentro y fuera de Honduras, lo que le había valido varios galardones internacionales, entre ellos el Premio Goldman, el llamado “Nobel Verde”. Pero a medida que aumentaba su fama, también lo hacía la hostilidad hacia ella. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido medidas cautelares de protección para ella. Pero no había mucho que hacer cuando los que la amenazaban eran, en muchas ocasiones, los mismos que debían garantizar su seguridad.

Castro es el director de la organización Otros Mundos Chiapas, por lo que su contacto con Cáceres venía de lejos: ambos se conocían desde 1999. A medida que desgrana su relato, va quedando claro que detrás del asesinato de la activista había razones que iban más allá del beneficio privado de unos pocos actores. “Incluso cuando yo describí al asesino para el retrato robot, el dibujante estaba ya pintando el rostro del miembro del COPINH a quien querían inculpar. Como tampoco pudieron, entonces el tercer plan fue intentar inculpar al mexicano”, dice. Es decir, él mismo.

Las autoridades hondureñas lo intentaron todo para tratar de incriminarle: le incautaron la maleta (“para intentar sembrarme algo”, afirma), le negaron el 'habeas corpus', le retuvieron de forma irregular en Honduras durante más de un mes, y le pusieron todas las trabas posibles a su abogada, incluyendo su inhabilitación temporal. “La idea era dejarme indefenso para poder inventarse unas pruebas”, dice Castro. En un momento dado, la policía hondureña incluso se presentó en la embajada mexicana, donde él se alojaba, pidiendo sus botas, “para ver si coincidían con las huellas en el lugar del asesinato”. “La razón es muy sencilla: todos están implicados”, afirma.

La gota que colmó el vaso

Según se desprende de su testimonio, en la conspiración para matar a Berta participaron altos funcionarios, jueces, policías y militares, además de algunos políticos importantes. En junio, el sargento Rodrigo Cruz, un miembro de las fuerzas especiales del ejército hondureño, desertó y denunció públicamente que el nombre de Cáceres aparecía en una lista de objetivos a eliminar distribuida a los miembros de su unidad, según explicó al diario británico “The Guardian”. “No conocí en persona a Cruz, pero supe de este caso a través de gente cercana que le tenía resguardado”, comenta Castro. “No es de extrañar: en Honduras hay una persecución contra líderes indígenas y sindicales para evitar que la movilización prospere”. Él no tiene dudas: “Fue un asesinato de estado”.

“Yo creo que el proyecto de Agua Zarca fue la gota que colma el vaso, el clímax de una campaña de movilización en la que ya había habido muchas amenazas y asesinatos”, indica. Los mismos grupos ya se habían movilizado contra la base militar estadounidense de Palmerola, la más importante de Centroamérica, y contra el golpe de estado en 2009 que tumbó al presidente Manuel Zelaya. “Tras el golpe, el nuevo gobierno acelera los programas de privatizaciones y las concesiones extranjeras”, señala Castro, por lo que “las movilizaciones del COPINH y otros grupos eran un estorbo muy grande a las inversiones. En el caso de Agua Zarca, se enfrentaron directamente a la empresa para evitar un proyecto, y lo consiguieron. Pero lo que llevó a la muerte de Berta es el conjunto de todas esas luchas”.

El escándalo internacional desatado por el asesinato de Cáceres, y la imposibilidad de incriminar a ninguno de sus compañeros activistas, llevó a las autoridades a detener a varios de los presuntos responsables reales del crímen: un gerente de la empresa responsable de la presa, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA); varios miembros del ejército; y un sicario. “Están presos y en proceso de audiencia. Pero sabemos que no son los únicos”, afirma Castro. El proyecto de la presa se encuentra paralizado, pero no suspendido, puesto que no todos los fondos internacionales han sido retirados.

El activista, además, señala la responsabilidad tangencial de EEUU en este y otros crímenes, al haber entrenado a las fuerzas especiales que ahora funcionan en ocasiones como escuadrones de la muerte. El propio Departamento de Estado de EEUU denuncia en su informe anual de 2014 “los asesinatos ilegales y arbitrarios y otras actividades criminales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad”, a pesar de lo que cual Washington ha proporcionado unos 200 millones de dólares desde 2010 en ayuda militar y policial.

“Estos asesinatos son un mensaje del poder económico: no nos importa nada, vamos a por todo el mundo, aunque sean mujeres”, concluye Castro. “Antes, aunque se llevaran a los hombres, se veía a las mujeres como aquellas que proveían para sus familias, por lo que tenían más reparos en ir contra ellas. Ahora ya les da igual. Ni premios Goldman ni medidas cautelares garantizan la vida”.