Habla el ELN: “El Gobierno ha impedido que nos reunamos con las FARC”

La cita es en una hostería a las afueras de Quito. Tres de la tarde. Una imponente cruz de piedra decora el patio de entrada. Los salones están vacíos. Puede escucharse hasta el crujido de los árboles.

Discreción. “Hola. Venimos a hablar con unos señores”. La respuesta de la recepcionista es cómplice y veloz: “Aún no han llegado”. Sabe perfectamente a lo que venimos.

Cinco minutos después, se abre una puerta. Aparece un hombre enjuto, de voz cálida, pañuelo palestino al hombro. Es Israel Ramírez Pineda, ‘alias’ Pablo Beltrán, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Lidera el equipo de negociación de la segunda mayor guerrilla de Colombia, responsable de miles de secuestros y formada por unos 1.300 miembros, frente al grupo del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Los debates entre ambas partes comenzaron el pasado 7 de febrero. El objetivo: llegar a un acuerdo de paz como el firmado con las FARC a finales del pasado año. No será una tarea sencilla. La estructura del ELN es distinta. Su agenda, también.

Beltrán (San Gil, 1953) mira a los ojos. Sabe que sus palabras serán escudriñadas con lupa. El Confidencial es el primer medio español que conversa con el comandante guerrillero.

PREGUNTA. ¿Va el ELN a continuar sus operaciones militares, en su mayor parte secuestro y atentados contra instalaciones energéticas, mientras se celebran las negociaciones?

RESPUESTA. Cuando nos sentamos a negociar el Gobierno puso tres condiciones. Una, diálogo directo. Dos, diálogo fuera de Colombia. Tres, diálogo en medio del conflicto. Nosotros dijimos que preferíamos que el diálogo se hiciese en medio de un cese bilateral. El gobierno no ha querido.

P. ¿Por qué?

R. Porque es su diseño de guerra. Si ellos colocan una presión militar alta eso, según ellos, nos va a debilitar y nos va a llevar debilitados a la mesa. Es un cálculo de guerra.

P. El ELN está menos jerarquizado que las FARC. ¿Entorpecerá la negociación?

R. Hasta ahora no ha afectado al proceso y no lo va a afectar porque acuerdo que hemos hecho, acuerdo que hemos cumplido. Más bien mire del campo contrario a nosotros. Hay sectores del gobierno que no acompañan este proceso. Pero además hay un sector de toda la elite gobernante que está en contra.

P. ¿Hasta qué punto llega la voluntad del ELN para alcanzar un acuerdo?

R. La voluntad se mide en dos partes. Esto es como un baile. Tienen que ser dos. Nosotros queremos y estamos explorando a ver si ellos también quieren. En el medio de este proceso de paz se ha escalado la persecución política contra los líderes sociales y de la oposición. Ese no es el mejor mensaje. Estamos buscando sacar la violencia de la política. Eso se dice en la mesa, pero en los hechos ocurre lo contrario. Eso sí genera muchas dudas en el interior de mi organización.

P. ¿Qué tipo de dudas?

R. Una voluntad política para buscar una solución a esto se mide en hechos, no sólo en palabras. Hay sectores que no quieren que surjan fuerzas políticas alternativas que les cuestionen ese poder que han mantenido muchos años. Ese es el mensaje.

Hay sectores que no quieren que surjan fuerzas políticas alternativas que les cuestionen su poder

P. En Colombia murieron asesinados 116 líderes sociales en 2016. Algunos forman parte de las bases políticas de las FARC. Este año la cifra se acerca a las dos decenas. Expertos de la sociedad civil apuntan a ustedes como autores de ciertos ataques, especialmente en el Cauca ¿Es así?

R. No. Incluso hay un organismo especializado en la Fiscalía que ya ha encontrado que los que hicieron los ataques y se los atribuían al ELN son personas de una banda de delincuentes que está al servicio de mineros privados que querían explotar minas en esos municipios. Los líderes sociales se opusieron y por eso los mataron. Eso ya la Fiscalía lo tiene documentado y comprobado.

P. ¿Refuta entonces esas aseveraciones?

R. Me baso en la Fiscalía, que ya investigó.

P. Con respecto a los asesinatos de líderes sociales ¿Cree usted que está actuando correctamente el Estado?

R. Hay una cosa que es fuerte. El Ejército, en sus planes de consolidación, tiene el plan Victoria. Si usted mira los mapas de dónde están los énfasis del plan Victoria del Ejército, coinciden con los sitios donde hay paramilitarismo creciente. ¿Eso cómo se explica?

La Fiscalía se ha negado a decir o a tipificar que esas muertes son sistemáticas y tienen una causa común. Pero los muertos demuestran que todos son de fuerzas políticas alternativas que no están de acuerdo con el Gobierno. Todos son líderes sociales comunitarios, de Derechos humanos. Ambientalistas. Afros. Indígenas… Hay una causa común. Aquí no se está muriendo la derecha.

Un dato histórico. Hace 30 años el equivalente a ministro de Interior de aquella época, cuando comenzaron el genocidio de la Unión Patriótica [el partido creado por las FARC y dos frentes del ELN en el proceso de paz de los 80], dijeron que eso no era genocidio. No eran causas comunes, eran causas diversas. Hoy están haciendo lo mismo que hace 30 años, que es negando la sistematización. Lo que sí hay en curso es un nuevo genocidio.

P. ¿Cómo califica usted el acuerdo con las FARC?

R. Cada uno tenemos unas expectativas. Las expectativas de ellos eran esas. Y las nuestras están consignadas de manera distinta. En otro tipo de agenda.

Según ellos, es un buen avance. Falta la implementación. Y resulta que la implementación cuenta con un ambiente adverso que pone en duda que eso se vaya a poder materializar.

En estos momentos hay una situación muy desorganizada de los sitios de concentración de las FARC. Hay una improvisación. Si bien ha habido avances lo que en últimas va a dar la palabra final es cuánto de eso se va a poder concretar. Promesas ya tenemos bastantes. Papeles más aún. Se necesitan hechos de cambio.

En las zonas donde se han retirado las FARC se han extendido mucho las bandas paramilitares

P. ¿Puede servir parte de ese acuerdo para una negociación con ustedes?

R. Le hemos dicho al Gobierno que lo que ellos quieran que nosotros consideremos lo coloquen en la mesa y ahí lo discutimos.

P. En términos de Justicia, parece que el Gobierno no se va a mover de lo acordado con las FARC. En la Justicia Especial de Paz también entran otros actores del conflicto como los militares. Sería darles un trato especial a ustedes.

R. Lo que nosotros hemos observado es que en términos de justicia, cada vez que hay una renegociación del acuerdo con las FARC se rebajan más los compromisos del Estado y del régimen. Va eximiendo más de responsabilidades al régimen de los hechos de guerra. Nosotros no compartimos eso.

P. ¿Cómo están quedando las zonas de donde se han retirado las FARC?

R. Hay zonas de la frontera con Panamá en el Pacífico donde se han extendido mucho las bandas paramilitares. En la frontera con Venezuela igual. Incluso en el sur del Tolima tuvieron el descaro de poner precio por los líderes comunitarios.

P. ¿Está el ELN ocupando las zonas que están dejando las FARC?

R. No necesariamente. De muchas zonas, como están llegando paramilitares, mucha gente sí nos llama. Pero no tenemos las condiciones para estar en todas partes. Sí que vamos a algunas. ¿Y a qué vamos? Pues por lo menos a acudir al llamado de la gente y a poner sistemas de alerta. Sistemas de seguridad, de protección. Que a la gente tampoco la maten sin defenderse o sin protegerse. A eso vamos.

P. ¿Por qué llaman al ELN las comunidades?

R. En últimas el Estado no está allá. Si eran zonas que tenían alguna cercanía con las FARC, ya las FARC no están. El Ejército está pero no le interesa. Tiene otras prioridades. Dos tercios del ejército colombiano están destinado a cuidar los intereses de las multinacionales. La protección de esas comunidades no es una prioridad para el Estado.

P. ¿Toma territorio el ELN para ganar fuerza de cara a la negociación?

R. No. Colombia es muy grande y uno no puede ir a todas partes. Va a unas sí y a otras no.

Dos tercios del ejército colombiano están destinados a cuidar los intereses de las multinacionales

P. También se ha dicho que ustedes estarían reclutando a disidentes de las FARC. ¿Es verdad?

R. No. Ni ellos nos han pedido ni nosotros los hemos invitado. No va a ocurrir. Pensamos que si hay personas disidentes tendrán sus razones, su forma de organizarse, y de expresarse y nosotros no tenemos nada que ver con eso y no queremos decir que es que vamos a invitarlos a que se ingresen al ELN. Eso no va a ocurrir.

P. ¿Esperan ustedes disidencias dentro de sus propios rangos?

R. Hasta ahora la unidad interna es plena. Eso no está a la vista.

P. ¿Se ha creado algún contacto con las FARC para hablar de temas de negociación con el Gobierno?

R. Claro. Inclusive tenemos una cláusula en los acuerdos que dice que vamos a buscar la sincronía de los procesos. Llevamos dos años seguidos tratando de hacer reuniones para la sincronía y el Gobierno lo ha impedido.

P. ¿Cómo?

R. No les ha dejado venir. Por ejemplo, nosotros les invitamos a la instalación [de las negociaciones] aquí en Quito, y no les dejaron venir.

P. Las FARC deben mantener algún contacto en las zonas de donde se han retirado ¿Se han comunicado ustedes con ellos?

R. Incluso nosotros mantenemos contactos en todas partes. Pero nosotros lo que necesitamos es contacto a nivel superior, de las dos direcciones, de las dos delegaciones de diálogo.

P. El narcotráfico está considerado como una de las actividades de financiación del ELN ¿Cuándo ustedes se retiren qué piensan hacer para que no entren bandas criminales en el negocio que dejan?

R. En muchas zonas campesinas la gente sí cultiva coca. Nosotros tratamos de hacer procesos propios de sustitución de cultivos. Hay que darle valor a la agricultura campesina. Volver a tener producción de alimentos propios para que la gente deje de ir a cultivos de uso ilícito.

Cobramos a los comerciantes que entran a comprar la pasta de coca. Esos son nuestros ingresos

P. Pero ustedes también se han lucrado con el narcotráfico…

R. Pero eso son cosas mínimas. Nosotros no estamos vinculados con los procesos del narcotráfico más rentables, que son los de producción y exportación. Cobramos a los comerciantes que entran a comprar la pasta de coca. Esos son los ingresos nuestros. Se hace con todas las actividades económicas que hay en las zonas donde nosotros estamos.

P. Ustedes son conocidos por haber recurrido al secuestro para cumplir sus objetivos. ¿Por qué?

R. Tenemos congresos nacionales internos cada 10 años. Desde los años 80 adoptamos una política: deslinde categórico con el narcotráfico. Entonces el grueso de los ingresos es cobrar impuestos. En las zonas. A las empresas.

Cuando hay incumplimiento de esos acuerdos de impuestos es que nosotros hacemos las retenciones. En Colombia acaban de aprobar que quien no paga impuestos va a la cárcel. Y son retenciones temporales. Lo mismo que nosotros hacemos, ¿Cierto? Porque esto cuesta, mantener una organización de este tamaño cuesta. Entonces esos son los ingresos.

P. ¿Cómo es el trato que se le da luego a los secuestrados?

R. Yo preferiría que les pregunte porque nosotros por lo general hacemos un trato humanitario. Si se enferman, hay un médico. Tratamos de que coman mejor que nosotros. De no someterlos a grandes jornadas de esfuerzo físico. Hay un trato considerado con ellos.