LOS VÍNCULOS ENTRE EL CRIMEN Y LAS AUTORIDADES

Matanzas policiales y fosas comunes: la violencia en México va más allá del 'gore'

La masacre de estudiantes es sólo un nuevo ejemplo de impunidad oficial. En México, los cuerpos de policía locales son meras extensiones uniformadas del crimen

Foto: Un agente sale de una zona acotada cerca de dos cadáveres envueltos en plástico en Nezahualcóyotl, estado de México. (Reuters)
Un agente sale de una zona acotada cerca de dos cadáveres envueltos en plástico en Nezahualcóyotl, estado de México. (Reuters)

México lleva varios días preguntándose qué clase de razonamiento lleva a un alcalde a autorizar el secuestro, asesinato y posterior entierro en fosas comunes de al menos 17 estudiantes de Magisterio como represalia por manifestarse en sus calles. Cómo puede el jefe de seguridad de ese alcalde autorizar fuego a discreción contra tres autobuses en los que más de 50 manifestantes iban a abandonar la ciudad, matando en el acto a seis personas, y ordenar luego a los agentes de policía que detengan y entreguen a otros 43 al crimen organizado para que los fusilen al pie de un cerro.

Hasta la fecha han aparecido 28 cadáveres calcinados, once más de los reconocidos por uno de los implicados. Un equipo forense llegado de Argentina identifica los cuerpos a toda prisa, mientras falta por localizar al menos a otros 15 jóvenes para completar el círculo trágico. Unos pocos estudiantes, los más afortunados, consiguieron esconderse entre los matorrales y huir antes de ser secuestrados por la policía. Todavía hoy no se atreven a salir de casa.

Como ya ocurriera en Michoacán, ha tenido que ser el Gobierno federal el que tome las riendas ante la constatación de que los cuerpos de policía locales no son más que extensiones uniformadas del crimen organizado. Sólo en Iguala había al menos 30 agentes trabajando para el grupo Guerreros UnidosLa masacre ocurrida en Iguala, en el estado de Guerrero, a 200 kilómetros de la Ciudad de México, ha fusionado en un único caso los dos grandes males que asuelan al país azteca. El primero, la violencia sin control que ejercen los grupos del crimen organizado, quienes se alimentan de la extorsión ciudadana y se permiten cavar fosas clandestinas a su antojo para deshacerse de sus enemigos. Y el segundo, la estrecha vinculación entre esos cárteles y los funcionarios públicos, quienes andan tan corrompidos e integrados en las bandas criminales que tienen el descaro, como en el caso de Iguala, de unir a agentes de policía y sicarios en un mismo escuadrón para meter en ácido a cualquier ciudadano que incomode el negocio.

Incluso aunque las víctimas sean jóvenes de entre 18 y 25 años de la Escuela Normal de Ayotzinapa, un centro formativo famoso por su ideología socialista y su activismo social. De hecho, los llamados “normalistas” son célebres en la región por las bullas y altercados públicos que arman durante sus protestas para obtener recursos para los profesores y financiar su movimiento indigenista.

Esta masacre se suma a una larga lista de abusos e impunidad oficial, cuyo capítulo más reciente fue la matanza de 22 personas en Tlatlaya, estado de México. Ocurrió a finales del pasado mes de junio, con una patrulla del Ejército como verdugo. Se trataba de un supuesto operativo para liberar a tres secuestrados. Tras un enfrentamiento, los 22 sospechosos (entre ellos una niña) fueron ejecutados a sangre fría después de que se rindieran y salieran con las manos en la nuca, según narró uno de los presuntos secuestrados a la agencia AP. Los soldados los pusieron contra una pared y los asesinaron uno tras otro.

Ciudadanos junto al ataúd de Julio César Ramírez, uno de los estudiantes asesinados en Iguala (Reuters).
Ciudadanos junto al ataúd de Julio César Ramírez, uno de los estudiantes asesinados en Iguala (Reuters).

“Es una sucesión de hechos de extraordinaria preocupación”, indicó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, a Noticias MVS. “Tanto el caso de Tlatlaya como ahora el de Iguala son de extrema emergencia. Es importante que el estado mexicano emita mensajes muy contundentes de que no habrá impunidad, porque en este tipo de casos es donde México se juega el prestigio en las instancias internacionales”, prosiguió Álvarez. El país centroamericano genera el 24% de todas las denuncias que recibe la CIDH, a pesar de que esta corte cuenta con 35 países miembros. “Ojalá este caso signifique un punto de inflexión y cambie la tendencia por la que las cosas que no se están resolviendo en México terminan llegando a las instancias internacionales”, advirtió el secretario.

Cuerpos policiales que son extensiones uniformadas del narco

Consciente de que su Ejecutivo se juega la imagen pública y que la lucha contra el crimen es un punto capital en su programa de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto se ha visto obligado a crear un gabinete de crisis y desplazar hasta Iguala al procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, para encabezar in situ un destacamento de 250 elementos de la Gendarmería. Esta fuerza de élite, creada en agosto precisamente para calmar los nervios de la población ante la escalada de violencia en todo el país, ya está acometiendo las tareas de seguridad en la región junto al Ejército mexicano.

Iguala lleva casi un lustro convertida, por obra y gracia de sus gobernantes, en una narcociudad, sin que ningún organismo estatal o federal haya importunado al crimen hasta que el descaro se les ha ido de las manosUna vez más, como ya ocurriera en Michoacán con la guerra contra el cártel de los Caballeros Templarios (conflicto todavía abierto), ha tenido que ser el Gobierno federal el que tome las riendas de la seguridad, ante la constatación de que los cuerpos de policía locales no son más que extensiones uniformadas del crimen organizado. En Iguala, la policía local ejercía de brazo armado de Guerreros Unidos, un grupo nacido en 2009 tras escindirse del cártel de los Beltrán Leyva. Desde entonces, se ha apoderado de varias regiones de Guerrero a fuerza de comprar la voluntad de los empleados públicos y sembrar el terror ciudadano. Sólo en Iguala había al menos 30 policías locales trabajando para Guerreros Unidos.

Tras el interrogatorio de varios agentes sospechosos, el fiscal del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, confirmó la participación policial en la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa: “Aceptaron haber participado en tráfico de drogas, secuestro y homicidios. (Dos de los detenidos) manifestaron haber participado directamente en el homicidio de estudiantes ‘normalistas’ de Ayotzinapa, para lo cual les dieron seguimiento desde que llegaron a Iguala a bordo de sus camionetas. Cuando accionaron sus armas contra los estudiantes, lograron que descendieran del autobús en el que se desplazaban algunos de ellos, procediendo a asegurar a 17, trasladándolos a la parte alta de un cerro de Pueblo Viejo, donde tienen fosas clandestinas, en donde indican que los ultimaron”. Según el fiscal, uno de los cabecillas de los Guerreros Unidos, apodado el Chucky, es quien dio la orden de asesinar a los estudiantes para luego desmembrarlos, rociarlos con gasolina y arrojarlos a varias fosas comunes.

Agentes de policía en la zona donde fue descubierta la fosa común, en las afueras de Iguala (Reuters).
Agentes de policía en la zona donde fue descubierta la fosa común, en las afueras de Iguala (Reuters).

¿Un alcalde ejecutor para una narco-ciudad?

Guerrero es el cuarto estado mexicano que en cuestión de meses se asoma al derrumbe institucional después de Tamaulipas, Estado de México y Michoacán. Peña Nieto sabe que necesita encarcelar a funcionarios corruptos cuanto antes para aplacar la indignación popular. El problema es que tanto el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como su lugarteniente, el secretario de Seguridad Pública Felipe Flores, están en paradero desconocido desde el momento en que estalló el escándalo. Sobre Abarca ya pesaba desde 2013 el manto de la infamia, después de que un superviviente lo acusase de haber disparado la bala que mató a su compañero de partido (PRD) en la ciudad, Arturo Hernández. Él y otros siete activistas fueron asesinados en unos matorrales, crimen denunciado en su momento por varias organizaciones internacionales. Fueron secuestrados por sicarios y llevados al monte ante la presencia del alcalde de Iguala, quien presuntamente se encargó de ejecutar a uno de ellos. Puro cine de terror.

Las fosas comunes, las desapariciones y las extorsiones masivas son parte de la vida de los ciudadanos en los puntos calientes de México, amplias regiones en disputa por dos o más cárteles debido a su valor logístico o estratégico. Iguala no es una excepción. La ciudad, de 130.000 habitantes, es el tablero sobre el que luchan los cárteles de Guerreros Unidos y Los Rojos, quienes tratan de hacerse con una tierra rica en el cultivo de marihuana y laboratorios clandestinos de droga. Antigua plaza fuerte del clan de los Beltrán Leyva, Iguala lleva casi un lustro convertida, por obra y gracia de sus gobernantes, en una narcociudad, sin que ningún organismo estatal o federal haya importunado al crimen organizado hasta que el descaro se les ha ido de las manos.

Lo mismo ocurre en Michoacán y en todo el norte de México: son casillas de un tablero que decenas de bandas criminales, hijas de la atomización de los siete grandes cárteles de la droga en México, tratan de conquistar. En la mayoría de casos, con la colaboración de las estructuras locales de poder.

Estudiantes de la Escuela de Magisterio de Ayotzinapa se manifiestan en Chilpancingo, Guerrero (Reuters).
Estudiantes de la Escuela de Magisterio de Ayotzinapa se manifiestan en Chilpancingo, Guerrero (Reuters).

La macabra tendencia de las fosas

La atomización de los cárteles y la impunidad con que operan los nuevos grupos criminales ha convertido el cavar fosas clandestinas en una macabra tendencia. Aparecen por todo el territorio, si bien en la región del golfo de México son una auténtica plaga. Estados como Tamaulipas y Veracruz encuentran periódicamente fosas con decenas de cadáveres, generalmente inmigrantes centroamericanos de camino hacia Estados Unidos que fallaron en pagar la cuota de la extorsión a cargo de Los Zetas o el Cártel del Golfo. O que la pagaron y aun así fueron ejecutados.

En los estados de frontera como Chihuahua y Coahuila, las fosas se abren para enterrar allí los despojos de sicarios y correos de la droga rivales, previo paso de los cuerpos por ácido o gasolina para dificultar su identificación. Y es ahora en Michoacán y Guerrero donde la sociedad mexicana ve cómo ciudadanos que nada tienen que ver con asuntos ilegales terminan también metidos en un agujero por asuntos menores como no pagar el derecho de piso (cobros ilícitos a modo de cuota al crimen organizado), entorpecer la relación de negocio entre políticos locales y narcos, o manifestarse en la calle a favor de los derechos de los maestros rurales, como hicieron los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

Un clima que en nada ayuda a reducir las cifras recogidas por el Observatorio de la Violencia en México, que indica que un tercio de los hogares mexicanos tiene integrantes que sufrieron algún tipo de delito en el último año, lo que se traduce en más de 22 millones de víctimas y 33 millones de incidentes. El 90% de todos ellos no fueron denunciados ante las autoridades debido a la desconfianza total de los mexicanos hacia sus cuerpos policiales y el aparato de justicia.

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