EN LA CÁRCEL DE COMAYAGUA, HONDURAS

Una jornada dentro de la prisión más mortífera del país más violento del mundo

Las prisiones de Honduras, superpobladas, están gestionadas por los propios reos. El Confidencial entra en Comayagua, la más mortífera del país más violento.

Foto: Puerta de entrada de la prisión de Comayagua, en Honduras. El interior del penal está controlado por los reos (Andros Lozano).
Puerta de entrada de la prisión de Comayagua, en Honduras. El interior del penal está controlado por los reos (Andros Lozano).

Las prisiones de Honduras, superpobladas, están gestionadas desde hace años por los propios reos. El autogobierno sustituye al Estado, cuya dejación de funciones provoca corrupción y violencia, y deja un reguero de fallecidos a causa de motines, incendios o luchas internas por el control de los presidios. En el país más violento del mundo parecen haber olvidado las tragedias de la última década, como el incendio de Comayagua, donde en 2012 murieron calcinadas 362 personas. El Confidencial entra en esta prisión, la más mortífera del país más violento. 

Un policía desarmado, chaparro, con pinta de cincuentón y entrado en kilos cruza junto a este periodista la segunda y última reja que separa el patio de la cárcel de Comayagua de su zona administrativa. El custodio lleva el gesto torcido, piensa que no se le ha perdido nada allá dentro. Justo cuando ponemos un pie dentro del perímetro donde campan a sus anchas los reos, otro agente se encarga de asegurarse de echar la llave al grueso portón de barras de hierro que ya no volverá a abrirse hasta transcurridos los 60 minutos que la dirección del presidio, con el beneplácito del jefe de los presos, ha concedido para la visita. A nuestra espalda se escucha el chirrido del mecanismo giratorio de la cerradura.

Ante nosotros se abre un patio a cielo abierto que, en el imaginario colectivo de cualquier europeo, en nada asemeja a una penitenciaría del Viejo Continente. Aquí donde hoy, una mañana de mayo de 2013, la vida parece transcurrir sin sobresaltos mientras un fornido mulato se ducha con una manguera verde en mitad del patio, en una noche de febrero de 2012 murieron calcinados 361 presos y la mujer que pernoctaba con uno de ellos. Katia Gissela Figueroa Franco se llamaba aquella mujer que, siendo libre, ardió en una cárcel hasta morir.

También aquí, donde veo a los reos salir de la iglesia, jugar al billar y a las cartas, hacer pesas en un gimnasio improvisado o beber refrescos americanos, se incendió aquella noche uno de los dos barracones que componen la prisión y que reunía los módulos 6, 7, 8, 9 y 10. Cada uno de ellos podía albergar como máximo a 25 personas. En cambio, la noche del incendio, un 14 de febrero, el módulo con menos presos era el nueve, con 80. El siete tenía 89 y los tres restantes superaban el centenar de reos. Durante veinte minutos el infierno se apoderó de ellos.

‘Fue un verdadero infierno. Pedíamos socorro pero nadie nos ayudaba. Los policías nos disparaban para que no saliéramos. Aún recuerdo el olor a carne quemada...’

Ahora, en esos mismos módulos reconstruidos, idénticos a los que se comió el fuego aquel San Valentín de muerte, hay literas con forma de nicho a ambos lados de un estrecho pasillo. Parecen cajetillas de tabaco de un metro de ancho por otro de alto y con un par de metros de profundidad. Todas se encuentran apiladas en tarimas de cuatro pisos, sin separación entre sí. Los presos apenas tienen intimidad, salvo la que les otorgan las telas que, a modo de cortinas, usan para separar sus camastros. La ventilación es escasa. Los olores, que llegan bien adentro de la garganta, se confunden y dotan al lugar de un ambiente insalubre y claustrofóbico.

La conclusión oficial señala que en Comayagua se vivió una tragedia humana a causa un incendio fortuito que pudo ser provocado por una chispa de un calentador eléctrico, o un cigarrillo, o una cerilla… La investigación se cerró sin que se supiera la fuente real de la ignición. En el momento de entrevistarme con los reos, muchos aún sostienen que al Estado hondureño no le importó demasiado que el fuego engullera 362 vidas de un solo bocado.

Tiberio Rodríguez es un preso que aquella noche dormía en condiciones de hacinamiento junto a 104 reclusos más en el módulo 10. El hombre, que en la actualidad ya ha cumplido ocho de los 15 años de su pena por tráfico de drogas, es de los que no se quita de la cabeza la idea de que a muchos presos se les dejó morir entre el fuego. “Tardaron 15 minutos en abrirnos las rejas del módulo”, relata. “Si hubiesen querido salvarnos nos hubieran abierto en un par de minutos, ¿cheque? (¿ok?). Es algo rápido porque sólo hay rejas a ambos lados del módulo, como si fueran puertas laterales”. Dice esto con voz melosa y sosegada, justo antes de despojarse de su camiseta blanca de tirantes y mostrar la cicatriz que le recorre toda la espalda hasta el trasero. Es el recuerdo físico que le quedará de por vida a causa de las quemaduras de tercer grado que sufrió y que le tuvieron dos meses hospitalizado. “Son las señales de aquella pesadilla”, suelta con un desgarro de tristeza en su voz.

A Tiberio no sólo le acompañará siempre esa marca sonrosada que arruga la piel de su espalda. Los recuerdos también le son imborrables. “Fue un verdadero infierno. Pedíamos socorro pero nadie nos ayudaba. Los policías nos disparaban para que no saliéramos. Aún recuerdo el olor a carne quemada...”. Tiberio interrumpe la conversación. Es un hombre que mira a los ojos en todo momento y, sin embargo, en este preciso instante, mientras trae al presente el relato de lo vivido, desvía la mirada porque sus ojos han comenzado a verter lágrimas. Cuando logra retomar el pulso al diálogo, sólo añade un par de palabras: “Fue horrible”.

En la cárcel de Comayagua poco han aprendido de aquella masacre. Cuando este periodista visita la prisión, el único cambio ostensible estipulado tras el incendio ocurrido quince meses atrás es que por las noches, en vez de haber un solo policía con las llaves que abren las puertas de los módulos, ahora son tres agentes los que las poseen. El resto, prácticamente, sigue igual. 

Retirada de cadáveres tras el trágico incendio de Comayagua (Reuters).
Retirada de cadáveres tras el trágico incendio de Comayagua (Reuters).

La tragedia de Comayagua ha sido la mayor de la última década en Honduras, pero no la única. En 2003, en la penitenciaría de El Porvenir, en la caribeña ciudad de La Ceiba, 68 personas fallecieron durante un enfrentamiento entre los 'rondines' de la cárcel (los presos que manejan el poder) y los miembros de la mara Barrio 18. La Policía y el Ejército también acabaron con las manos ensangrentadas. Sólo un año después, un incendio en el sector de la Mara Salvatrucha en el penal de San Pedro Sula dejó 107 muertos más. En total, tres zarpazos mortales con un saldo de 538 decesos. Todo frente a una sociedad, la hondureña, anestesiada y que no pone el grito en el cielo ante la muerte de sus reclusos de una forma tan salvaje. Más bien la consideran una purga sanadora.

La hemeroteca, los testimonios de los reos y algunos informes judiciales y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponen de relieve que el goteo de muertes en las prisiones del país centroamericano es incesante: el 29 de marzo de 2012, a las 11 horas, internos descontentos con su coordinador general, Mario Henríquez, 'Don Mario', asesinaron a éste y a los doce presos de su círculo más cercano. Durante el motín se detonaron armas de fuego. A 'Don Mario' le decapitaron, le mutilaron los genitales y le arrancaron el corazón, que luego se lo dieron a su perro para que se lo comiera. Después también mataron al animal. La cabeza del amo la arrojaron fuera del recinto. Al parecer, este ensañamiento se debió a que el 'señor' de San Pedro Sula abusaba del maltrato físico a los internos y a que, recientemente, había subido los precios de los servicios que él y sus subalternos prestaban dentro del penal, como la comida y el alojamiento.

A 'Don Mario' le decapitaron, le mutilaron los genitales y le arrancaron el corazón. Este ensañamiento se debió a que el 'señor' de la prisión había subido los precios de los servicios que él y sus subalternos prestaban dentro del penal, como la comida y el alojamientoPero hay más casos: en marzo de 2008 un grupo de expandilleros involucrados en un motín fue trasladado desde la prisión de San Pedro Sula hasta la de Támara, a las afueras de Tegucigalpa, la capital del país. En mitad de la noche, aun sabiendo el riesgo que corrían sus vidas, la dirección de la Penitenciaría Nacional los albergó en un sector de paisas (presos no pandilleros). Al amanecer, con el recuento de presos, se contabilizaron 18 mareros acuchillados.

El Estado y las autoridades hondureñas suelen alegar ante tales hechos que los enfrentamientos en las cárceles del país son inevitables, que las muertes de los presos en las fugas entran dentro de la lógica penitenciaria o que los incendios se producen de manera fortuita. Aunque sostengan lo contrario, de facto asumen su incapacidad para ejercer el control de las prisiones y su vaga voluntad para revertir una situación que acaba generando entre su población reclusa una suerte de pena de muerte no institucionalizada.

Tampoco Estado y autoridades podrán argumentar que nadie les avisó de la realidad del sistema penitenciario de Honduras. No, al menos, en el caso de la Granja Penal de Comayagua. En enero de 2009, tres años antes del incendio, un trabajador social de los Juzgados de Ejecución, Marion Edgardo Zúñiga Briceño, redactó un detallado informe. En él se decía que los reos controlaban la cárcel con un coordinador general y diez coordinadores de hogares, que siete de los diez módulos albergaban ya un promedio de 93 internos y que el hacinamiento estaba produciendo entre los privados de libertad dolores de cabeza, enojo, histeria colectiva, mayor consumo de drogas, incremento de enfermos mentales, depresión o sentimiento de impotencia.

Nada, absolutamente nada, se hizo para cambiar aquello.

Varios reclusos descansan en una zona de la cárcel de Comayagua tras el incendio (Reuters).
Varios reclusos descansan en una zona de la cárcel de Comayagua tras el incendio (Reuters).

La noche prendió en la Granja Penal de Comayagua a las 22.45 horas. Una pequeña deflagración incendió primero el hogar (módulo) número seis. En ese momento, 106 internos estaban dentro con el cerrojo echado en ambas puertas laterales de acceso. Unos dormían; otros escuchaban música; algunos hablaban entre sí, los menos trataban de conciliar el sueño tumbados sobre mantas tiradas en el estrecho pasillo que comunica las dos rejas de salida. El fuego tardó apenas unos segundos en propagarse debido al material altamente inflamable que los presos acumulaban en sus camastros. Fugazmente, los colchones, las cortinas y las maderas fueron devorados por las llamas. También sus neveras, televisores, equipos de sonido o hamacas.

El pánico cundió entre los reclusos y los agentes que estaban de guardia. Puede parecer extraño, pero la llamada de alerta a los bomberos no llegó del interior del penal. Quien los puso en guardia fue un particular que en ese momento se encontraba en una gasolinera cercana a la cárcel. Fue a las 22.56 horas. Aunque el director de Comayagua en ese momento, Wilfred López, declararía semanas después que fue el comandante de guardia el que llamó a los bomberos, el propio jefe de operaciones de Bomberos de Comayagua, el subteniento Jorge Turcios, corroboró que la petición de auxilio se realizó desde el exterior de la penitenciaría.

Según avanzaba el fuego hacia los hogares 7, 8, 9 y 10, el miedo se apoderó del penal. Los presos gritaban pidiendo que les abrieran las celdas. Los policías, sin un protocolo estricto de actuación, no supieron actuar de otra manera que disparando a los reos que trataban de escapar por el techo de las bartolinas. En toda la instalación ni siquiera había un solo extintor. El 'llavero', el agente encargado de llevar consigo las llaves, decidió no abrir los módulos. Tampoco ningún superior se lo exigió ni ningún compañero le recriminó su actitud.

Los bomberos llegaron al penal cinco minutos después de la llamada de aviso, pero no pudieron acceder durante los diez minutos posteriores por las continuas ráfagas de disparos procedentes del interior y porque los agentes no les permitieron la entrada. Al entrar, el retén de bomberos se encontró con un escenario dantesco. Los reos y los agentes corrían de un lado a otro despavoridos. Los presos vivos trasladaban los cuerpos calcinados de sus compañeros fuera de las bartolinas incendiadas. Durante los quince minutos entre la llamada y el acceso de los bomberos, el fuego ya había engullido 362 vidas.

Supervivientes del incendio en Comayagua horas después de la tragedia (Reuters).
Supervivientes del incendio en Comayagua horas después de la tragedia (Reuters).

El homicida que fue héroe

La masacre de Comayagua pudo ser aún más trágica sin la intervención crucial de Marco Antonio Bonilla ,'El Chaparro', un preso de 53 años que cumple condena por robo y homicidio, pero que aquella noche salvó la vida de decenas de presos, quizás de centenares. Un año y tres meses después, 'El Chaparro' explica con parsimonia, mientras pasea por el patio junto a mí y un policía desarmado que no se separa un instante, que aquella noche él dormía en la enfermería y no dentro de ningún módulo. Marco Antonio cumplía, como cumple ahora, las funciones de enfermero dentro de la prisión por su buen comportamiento y por los conocimientos básicos de medicina que había adquirido. Cuando vio las llamas, “tomado por el pánico”, acudió raudo a la sala de guardia para que el policía encargado de custodiar las llaves se las entregara.

“Nunca olvidaré lo que pasó la noche del 14 de febrero de 2012.  El 'llavero' no hizo absolutamente nada mientras veía cómo se extendía el incendio. Tuve que insistirle muchas veces para que me diera las llaves. Él, en vez de entregármelas, me las arrojó al suelo”, cuenta.

‘Las prisiones de este país son muy peligrosas. Hay violencia, hay hacinamiento... Aquí dentro mandan los rondines (reos que tienen el control mediante la fuerza y la extorsión). Yo gozo de ciertos privilegios por echar una mano con la enfermería, pero la vida aquí apenas vale nada. Somos muertos vivientes’¿Qué hizo usted luego?, pregunto. “Salí corriendo y empecé a abrir hogar por hogar. Recuerdo vivamente que los barrotes de las bartolinas incendiadas estaban al rojo vivo. Primero abrí esas, las del seis al diez. Luego abrí los módulos que no estaban con fuego, menos la bartolina número uno, que la abrió un compañero con una pesa del gimnasio partiendo la cerradura. La gente gritaba de dolor y de miedo. El humo apenas dejaba ver. Fue la peor experiencia de toda mi vida”.

El día del incendio, en Comayagua había una población reclusa de 852 personas. Murieron 361 presos y 491 sobrevivieron. Las llamas mataron al 42,3% de los reos. En los módulos calcinados, que en teoría sólo podían albergar a 125 presos, las cifras fueron más dramáticas. Los cinco hogares que ardieron (del seis al diez) daban cobijo a 487 reos. Tres cuartas partes de ellos murieron. “Aquí seguimos hacinados. A uno le encierran como a un animal y luego se olvidan de él”, explica 'El Chaparro'.

¿Cómo es la vida en una cárcel hondureña? “Las prisiones de este país son muy peligrosas. Hay violencia, hay hacinamiento... Aquí dentro mandan los rondines (o coordinadores, reos que manejan el control de la prisión mediante la fuerza y la extorsión). Yo gozo de ciertos privilegios por echar una mano con la enfermería, pero la vida aquí apenas vale nada. Somos muertos vivientes”.

Walter Omar se salvó por un capricho de la fortuna. Dos días antes del incendio, los policías lo trasladaron desde el módulo 7 hasta el 1, según explica este chico de 21 años que se encuentra recluido en Comayagua por robar y asesinar a balazos a una mujer. El juez le impuso once años de privación de libertad. “Dos amigos míos murieron. Fue una suerte que me cambiaran de bartolina. Si no, ahora no estaría aquí”, cuenta Walter, quien, como Tiberio Rodríguez, coincide en que tardaron “unos 15 minutos en abrir las puertas, quizás más, quizás fueron 20”.

Quien también salvó la vida aquella noche fue Luis Antonio Cárdenas, un señor sesentón de fino bigote rubio, de cuerpo delgado y con gafas que hace de profesor de la escuela de la cárcel de Comayagua, donde pasa sus días por violar a sus dos hijastras. El hombre, cuyo camastro está en el hogar 6, a la hora que se originó el incendio estaba en la clase rellenando matrículas de los reos.

Pese a que en la prisión de El Progreso se registra el mayor nivel de hacinamiento de todo el sistema penitenciario del país, dispone de un módulo, el 7, con aire acondicionado y donde sólo viven 21 personas

Menos suerte tuvo Luis Ambrosio López, que estaba en el módulo 7. Su hijo, Carlos Ambrosio, también recluso de este penal por homicidio, se salvó porque estaba en una de las cinco bartolinas que el fuego no se comió. “No llegué ni a ver el cuerpo carbonizado de mi padre”, cuenta el chico con resignación.

14 meses después de aquel fatídico San Valentín, cuando permiten que acceda a la prisión, los módulos calcinados por las llamas ya han sido reconstruidos. Pero continúa el hacinamiento y la acumulación de enseres dentro y fuera de los hogares. En las bartolinas se siguen amontonando telas, ropa, hamacas, productos de higiene, maderas... En el patio hay colchones tirados sobre el suelo y los presos tienden su ropa en cordeles que lo cruzan de un lado a otro.

Cuando charlo durante cinco minutos con el director del centro penal, Danny Alexander Rodríguez Valladares, explica que este día, a mediados de mayo de 2013, 489 presos viven entre el perímetro que conforman estas cuatro paredes que ahora recorro por sus adentros escuchando el relato de una tragedia que, sin la menor duda, aquí o en cualquier otra de las 23 penitenciarías hondureñas más, puede volver a repetirse.

Un preso de la cárcel de Comayagua muestra sus tatuajes (Reuters).
Un preso de la cárcel de Comayagua muestra sus tatuajes (Reuters).

Tal es la dejación de funciones que realiza el Estado de Honduras en sus prisiones, y tal es el control que ejercen en su interior los propios reos -comandados por sus rondines-, que el espacio en su interior es un bien sumamente cotizado. Más allá de establecerse sus propios y despiadados sistemas de disciplina, los 'señores' de las prisiones buscan ganar dinero de cualquiera de las formas. Y saben que un metro de terreno se paga caro.

En la cárcel de Comayagua, uno de los negocios más productivos económicamente es el de los encuentros conyugales. En dicho penal hay diez cuartos destinados para las visitas conyugales, los cuales están controlados por dos reclusos. El alquiler de una habitación durante una hora cuesta cincuenta lempiras. Por la noche, el precio sube. Entre cincuenta y doscientas lempiras. Un promedio de cuarenta parejas ingresan en los cuartos conyugales durante los días de visitas. En fines de semanas esta cifra puede incluso doblarse. En fechas festivas de fin de año, las habitaciones se abarrotan de parejas; el 24 de diciembre de 2008 fueron utilizadas por 92 parejas, y el 31 de diciembre, por 94. Los cuartos conyugales podrían estar generando mensualmente en Comayagua, a un precio de cincuenta lempiras, un promedio de 40.000 lempiras, unos 1.800 euros. Mucho dinero en el segundo país más pobre del continente americano, tras Haití, según la ONU.

La entrada de Comayagua el día siguiente a la tragedia (Reuters).
La entrada de Comayagua el día siguiente a la tragedia (Reuters).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los organismos más activos en la denuncia de las pésimas condiciones de las 24 cárceles de Honduras. En 2013 redactó un informe devastador para el Estado y sus autoridades. En él se refleja la realidad penitenciaria de un país que no concibe sus prisiones como un lugar donde los reos puedan redirigir sus vidas. La CIDH señala que se trata de “un sistema colapsado (…) en el que se violan sistemáticamente los derechos fundamentales” de la población reclusa. En su informe, la Comisión Interamericana subraya que los principales problemas de las cárceles de Honduras son la delegación del control interno de los centros penitenciarios en los propios en presos, el hacinamiento, la falta de presupuesto y de un marco normativo adecuado, así como la mala formación del personal penitenciario.

En Honduras, donde en 2013 existía una población de presos cercana a las 12.000 personas -de ellas, en torno a 450 son mujeres-, su capacidad máxima es para 8.120 internos. Este nivel de hacinamiento se debe a que existe un déficit de unas 3.800 plazas, un 47% del total de la cifra actual. Esta situación se agrava en penales como el de El Progreso (donde hay una sobrepoblación del 230%), La Esperanza (212%), La Ceiba (180%) o San Pedro Sula (178%).

En Comayagua, uno de los negocios más rentables es el de los encuentros conyugales. Hay diez cuartos destinados para las visitas que están controlados por dos reclusos. Su alquiler podría estar generando unos 1.800 euros mensuales Pese a que en la prisión de El Progreso se registra el mayor nivel de hacinamiento de todo el sistema penitenciario del país, dispone de un módulo, el 7, con aire acondicionado y donde sólo viven 21 personas.

La CIDH señala que el hacinamiento provoca fricciones constantes entre los reclusos, dificulta que éstos dispongan de privacidad, facilita la propagación de enfermedades debido a la insalubridad, constituye un factor de riesgo de incendios y, entre otras consecuencias, obstaculiza la clasificación de los internos por categorías.

Otra de las mayores deficiencias que tiene el sistema penitenciario hondureño es el bajísimo presupuesto de que dispone. Según los datos de 2012, los últimos a los que se ha podido tener acceso, el gobierno del país destinó 364,5 millones de lempiras a la gestión de sus cárceles (13,5 millones de euros). De esta cantidad, el 83% se destinó a sueldos de personal, el 15% a alimentación de los reclusos y el 2% a gastos operativos. Al día, cada preso disfruta de tres comidas que, en su conjunto, cuestan 13 lempiras (47 céntimos de euro). El arroz y los frijoles son su base alimenticia.

Si el año de su última masacre carcelaria, 2012, Honduras fue catalogado por la ONU como el país más violento del mundo, no resulta extraño que, dentro de sus fronteras, en sus cárceles se dieran los registros más altos de muertes de forma violenta. Entre 2003 y 2012, el promedio de decesos en las prisiones hondureñas fue de 106. Así, la tasa de mortalidad se situó en 7,8 por cada 1.000 habitantes. En todo el territorio hondureño dicha tasa se situó en 4,78 por cada millar de personas.

Honduras, el lugar más violento del planeta, alberga en su seno las cárceles más mortíferas.

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