Morir en México es cuestión de mala suerte: 35 inocentes asesinados en lo que va de mes

Estar en el lugar inadecuado en el momento inoportuno puede costarte la vida en cualquier parte del mundo; en México, las probabilidades de morir en esas circunstancias son más elevadas. El recrudecimiento de la lucha por el poder entre los cárteles del narcotráfico y de la guerra que el Gobierno mexicano mantiene contra el crimen organizado ha incrementado de forma alarmante la cifra de lo que tristemente se conoce como “daños colaterales”. Y la población está al límite de decir basta.

 

Una de las últimas víctimas ha sido un empresario español, originario de Lérida (noreste de España), que fue asesinado ayer por desconocidos en la ciudad de Chihuahua (norte de México) cuando se encontraba en uno de los aparcamientos de su propiedad. Fuentes de la Embajada de España en México informaron de la muerte de Joan Sarroca Punsonla, de 56 años, víctima de un asalto en el que recibió varios disparos de bala "a bocajarro".

Sólo en este mes se calcula que han muerto en distintos Estados del país al menos unas 35 personas que, simplemente y como cantaba Aute, “pasaban por ahí”. Entre las víctimas hay niños, universitarios y mujeres; para mayor agravio, en muchos casos los dolientes han tenido que soportar que las autoridades calificasen de sicarios a sus familiares muertos o los vinculasen al narcomenudeo.

Así ocurrió con los 15 adolescentes asesinados en enero durante una fiesta en Ciudad Juárez -al parecer por un error de la banda armada Los Aztecas, vinculada al cártel de Juárez- o con dos alumnos del prestigioso Tecnológico de Monterrey, muertos en esas instalaciones en un enfrentamiento armado entre el Ejército y sicarios el viernes. Uno de los cuerpos está mutilado por una granada; el otro tiene balazos. Primero se les presentó como sicarios y, tras las reclamaciones, como estudiantes ejemplares de postgrado. El Gobierno asegura que se encontraban del lado de los militares cuando fallecieron; saber la autoría sería tan fácil como identificar las armas que les causaron la muerte, pero en estos momentos parece que nadie está dispuesto a aclararlo y los reproches entre las instituciones enturbian lo que debía ser una investigación esclarecedora.

El presidente conservador Felipe Calderón ha enviado un mensaje a la institución educativa lamentando el error y asegurando una investigación para aclarar lo ocurrido; también tuvo que hacerlo con los 15 jóvenes de Ciudad Juárez después de afirmar en primera instancia que eran pandilleros dedicados a la venta de drogas.

La falta de transparencia suele rodear estos sucesos. Las autoridades presentan a las víctimas inocentes como personas involucradas en el narcotráfico y sólo sus familias o, en el caso del TEC de Monterrey, la propia entidad docente, se encargan de desvincularlos de la delincuencia y de limpiar su imagen. En los casos más evidentes, las fuerzas de seguridad deben admitir su error; cuando las muertes inopinadas se producen en tiroteos entre las bandas armadas de los cárteles ni siquiera hay disculpas.

Víctimas de balas perdidas

Sólo el pasado fin de semana, según el diario Reforma, catorce personas recibieron disparos al quedar atrapadas en refriegas ocurridas en Nueva León, Sinaloa, Veracruz y Guerrero; diez de ellas fallecieron. Entre ellos, una mujer de un balazo en la cabeza al no poder esquivar su vehículo un enfrentamiento entre militares y unos presuntos secuestradores en Monterrey, dos niños de siete y diez años que participaban en una excursión evangélica y cuyo autobús fue ametrallado en Veracruz o seis comuneros que regresaban de una protesta y quedaron atrapados en el fuego cruzado entre dos grupos de narcotraficantes en Mazatlán.

Balas perdidas o erróneamente dirigidas que asesinan a inocentes en bares, fiestas, paradas de autobús o vehículos. Hay casos aún más escalofriantes, como los seis muertos y cuatro heridos por un comando el 11 de marzo en Ciudad Juárez durante el velatorio de un niño también asesinado o el de una trabajadora de Cruz Roja en Sinaloa que murió cuando un grupo de pistoleros intentó rematar a un herido al que atendía a primeros de mes.

Ni siquiera las operaciones que el Gobierno considera más exitosas, como la desarrollada en diciembre por la Marina que acabó con la muerte del llamado “jefe de jefes” del narco, Arturo Beltrán Leyva, se desarrollan limpiamente. Un vendedor de tortillas murió durante el tiroteo entre los marinos y los sicarios de uno de los tres jefes del narcotráfico más buscados en el mundo. También falleció, en acto de servicio, el marino Melquisedet Angulo. Su familia pagó su dedicación y su madre, dos de sus hijos y una tía fueron asesinados días después por Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, en un crimen que conmocionó al país.

En las guerras, los daños colaterales se consideran un indicativo de la eficacia de las actuaciones. El incremento de las víctimas civiles en la narcoguerra desalienta a los mexicanos y un 60% de ellos cree que el crimen organizado está ganando la lucha contra el Estado, según una encuesta del diario Milenio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), crítica con la estrategia gubernamental contra el narcotráfico, informó a El Confidencial que está elaborando un informe sobre estas víctimas inocentes para exigir una actuación más competente, aunque sus decisiones no son vinculantes. Preocupada por la “grave situación”, señala que la ciudadanía es víctima de delitos y de “abuso de poder”, lo que requiere una “atención inmediata”, así como una “profunda adecuación del sistema jurídico que haga efectivos los derechos que le reconoce la Constitución”.

Violación de los derechos humanos

Además de las víctimas inocentes, esta lucha se cobra con demasiada frecuencia violaciones a los derechos humanos. El domingo fueron detenidos dos hombres acusados de narcomenudeo en Santa Catarina, Nuevo León; uno de ellos apareció muerto el lunes con evidentes signos de tortura y la familia del segundo ha denunciado que las autoridades lo consideran en paradero desconocido al no confirmar las fuerzas policiales que esté bajo su tutela. Nadie ha asumido responsabilidades al respecto y los ciudadanos son espectadores del lamentable ejercicio del paso de la patata caliente entre los distintos niveles de poder.

La CNDH denuncia también la “fabricación de culpables”, como el caso de ocho personas a las que presuntamente torturaron militares para forzarles a confesar delitos de porte ilegal de armas y dedicación al narcotráfico en septiembre de 2009.

Esta situación ha llevado a algunos mandatarios locales a proponer la creación de grupos paramilitares para combatir el narcotráfico y a asociaciones cívicas a pedir la ayuda de los Cascos Azules de Naciones Unidas, a plantear una petición masiva de asilo político en las zonas más peligrosas o que las fronteras se abran para todos los que tienen miedo de vivir el día a día en localidades como Ciudad Juárez, considerada la más peligrosa del mundo en estos momentos.

En México, donde hasta el propio presidente Calderón reconoce que se viven “momentos difíciles”, una población ávida de vivir en paz se cuestiona si la guerra contra los cárteles de la droga aporta al país más perjuicios que réditos.