París ya multa a los pisos de Airbnb y anima a unirse a Madrid y Barcelona

París es el mercado más jugoso de Airbnb. La plataforma de alquiler vacacional hace más dinero en la capital francesa que en ningún otro destino gracias, en gran parte, a los propietarios que alquilan de forma ilegal sus alojamientos. Hasta ahora. Una nueva ley aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional va a permitir responsabilizar a estas plataformas de todos esos anuncios ilegales. Y las multas prometen ser millonarias.

La guerra sin cuartel que París ha abierto contra Airbnb tiene un rostro, el del comunista Ian Brossat. El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de la capital francesa se ha convertido en la auténtica bestia negra de la plataforma estadounidense en Francia, a la que acusa de contribuir a la despoblación del centro y a transformar París en una ciudad-museo sin vida ni alma. Desde enero de este año, las multas por alquiler ilegal de viviendas en París se han disparado hasta superar los 1,3 millones de euros, aunque hasta ahora sólo se podía penalizar a los propietarios.

“Las plataformas se llevan una comisión por cada anuncio, también con los ilícitos, así que son cómplices de la ilegalidad”, denuncia Brossat en una entrevista con El Confidencial, donde celebra los avances de la nueva Ley sobre la Evolución del Alojamiento, la Planificación y la Tecnología Digital (ELAN, según sus siglas en francés) que, entre otras cosas, permitirá sancionar a las plataformas que no retiren los anuncios ilegales.

Pero el objetivo último de Brossat, que cuenta con el apoyo de la alcaldesa Anne Hidalgo, va más allá. El concejal propone prohibir el alquiler turístico en el centro histórico de la capital e incluso vetar la compra de segundas residencias para hacer frente a la escalada de precios y a la falta de alojamientos para los parisinos. La ley aún no se lo permite, pero él quiere hacer de esta propuesta una bandera para las próximas elecciones municipales y europeas, donde Brossat, de 38 años, es cabeza de lista del Partido Comunista francés.

Lo que está en juego bien merece el esfuerzo. “En los barrios del centro, uno de cada cuatro alojamientos ya no está habitado por parisinos sino que se destina al turismo. Eso tiene consecuencias muy importantes, como la desaparición de comercios útiles por tiendas de souvenirs, o el cierre de clases en los colegios. Esos barrios pierden completamente su identidad, su alma, y eso es lo que queremos evitar”, advierte el concejal.

En la “rentrée” de este año, el inicio del curso escolar, el colegio de infantil Brantôme, cerca del centro cultural Pompidou, no ha abierto sus puertas. Cada vez hay menos niños en el centro porque, entre otras cosas, sus padres no pueden permitirse pagar esos alquileres desorbitados. El centro de París sufre, paradójicamente, el mismo mal que las zonas rurales: no hay suficientes niños. Se han perdido 3.000 alumnos por curso en los últimos tres años. Para el curso que viene hay otro cierre previsto.

La proliferación de los alquileres turísticos ha sido vertiginosa en los últimos 5 años en la capital, “lo que ha hecho que perdamos 20.000 alojamientos en París en los que ya no viven vecinos sino únicamente turistas”, asegura el concejal. La dinámica es comprensible ya que los propietarios pueden ganar en una semana alquilando en Airbnb, Booking, Abritel o HomeAway casi lo mismo que en un mes de alquiler convencional. Pero París no se lo puede permitir.

El precio medio de alquiler mensual en la capital gala es de 26,6 euros el m2 (de una horquilla de entre 20 y 32 euros/m2), “la demanda es fuerte y la oferta no es suficiente, por eso Airbnb plantea un problema, porque muchos alojamientos se retiran del mercado clásico para ser transformados en alquileres turísticos que no permiten alojar a los parisinos”, señala Brossat, que acaba de publicar un libro, “París, la ville ubérisée” (París, la ciudad uberizada), donde denuncia la “economía de la depredación”, en la que “la riqueza se crea como resultado de un proceso especulativo”.

Desde diciembre de 2017, los propietarios que quieran anunciarse en las plataformas deberán inscribirse en el Ayuntamiento y recibir un número de registro. Sólo las residencias principales pueden ser alquiladas y con un límite de 120 días al año. Brossat denuncia que Airbnb y el resto de portales ya no son un lugar donde la gente saca un dinerillo extra alquilando una habitación o albergando a turistas cuando ellos mismo están de vacaciones, sino que se ha convertido en un una actividad para los profesionales. Un 80% de los 50.000 anuncios disponibles en Airbnb en París no tienen número de registro, según cifras del ayuntamiento. Los portales de alquiler están obligados a retirar esos anuncios, cosa que rara vez sucede, por lo que el consistorio denunció en abril a dos plataformas, Airbnb y Wimdu ante la Justicia para que exigirle responsabilidades.

Las multas -hasta ahora sólo a propietarios- se elevan a 5.000 euros por anuncio ilegal, con posibilidad de 1.000 euros más de multa coercitiva por día y metro cuadrado en caso de retraso de la regularización. Desde enero de 2018, con más de 1,38 millones de euros, las multas ya superan a todas las del año pasado. Un pequeño ejército de 25 personas, la “policía anti-Airbnb”, se encarga de rastrear las redes y visitar los alojamientos para detectar los que no cumplen con la normativa. En los ocho primeros meses de este año ha habido 111 condenas por otros tantos anuncios, la mayoría a profesionales que cuentan con varios alojamientos. La sanción media ha sido de 12.468 euros, con picos de hasta 50.000 euros.

Gracias a la ley ELAN, las plataformas se podrán enfrentar a partir de ahora a multas de entre 10.000 y 50.000 euros por cada anuncio que no respete las normas. “Creemos que hay decenas de miles de anuncios ilegales así que, a razón de 10.000 euros por cada uno, al final serán multas extremadamente elevadas”, prevé Brossat, quien espera que la Justicia y el miedo a las sanciones obligue a las plataformas “a hacer limpieza y a retirar esos anuncios ilícitos”.

Pero el reto que suponen Airbnb y el resto de las plataformas no se puede solucionar haciendo una guerra de guerrillas, estima Ian Brossat. “La unión hace la fuerza, por eso hemos decidido construir una coalición de ciudades afectadas por esta situación, como Madrid, Barcelona, Nueva York o San Francisco, para buscar juntos herramientas de regulación”, afirma el concejal comunista. El objetivo es convencer a la Comisión Europea “de los riesgos que entrañan estas plataformas para el futuro de las ciudades” y hacer frente “al lobby que Airbnb y otros portales también han desarrollado” en el corazón político de Europa. Y resume la importancia de la coalición: “es necesario que se escuche la voz de las ciudades”.