Cargadores como setas: así se multiplicarán las tomas para los eléctricos hasta fin de año

En España la red de cargadores públicos para vehículos eléctricos crece a un ritmo lento, muy lento. Así lo denuncia desde hace tiempo el 'barómetro sobre la electromovilidad' que cada tres meses pública Anfac, la principal patronal del automóvil en nuestro país, y que en su último informe, sobre datos a 31 de marzo del presente año, cifraba exactamente en 14.244 puntos de acceso público la infraestructura de recarga en España, solo 833 por encima de los que había a 31 de diciembre de 2021 y lejísimos de los 45.000 que, según un calendario de la propia Anfac, debería haber cuando finalice este 2022 si queremos cumplir los ambiciosos objetivos recogidos en el PNIEC 2030 (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).

Una sencilla regla de tres nos confirmará que si en los primeros tres meses del año la red creció en 833 puntos, a finales del presente ejercicio deberíamos llegar, calculadora en mano, con 3.332 puntos más de los que había el pasado 31 de diciembre; o lo que es igual: 16.743 puntos públicos para cargar vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables. Y, sin embargo, los planes apuntan a que habrá más de 100.000 repartidos por el país cuando nos estemos comiendo las doce uvas de la suerte. ¿Objetivo utópico, auténtico delirio o es que tenemos un plan? Por lo que parece, se trata más bien de la tercera alternativa, y los fabricantes de vehículos eléctricos llevan meses avisando de que tras el verano veremos una llamativa proliferación de instalaciones de recarga porque la ley obliga a ello.

En concreto, se refieren al Real Decreto Ley 29/2021 para el fomento de la Movilidad Eléctrica, donde el Gobierno establece la obligatoriedad de instalar puntos de recarga de baterías de vehículos eléctricos de acceso público antes del 1 de enero de 2023, de manera que ya no encontremos solo estaciones públicas de carga en gasolineras y estaciones de suministro específicas (Ionity, Supercharger de Tesla, Endesa X, Iberdrola o Zunder, entre otras), sino también en todo tipo de establecimientos, oficinas o edificios públicos, lo que ha permitido calcular cuántos puntos podría haber a final de año: 100.000 como mínimo. Para alentar a las empresas en ese proceso, la norma recoge también una serie de ayudas, en forma de beneficios fiscales, para quienes instalen dicha infraestructura, como una bonificación de hasta el 50% en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) o en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), y hasta el 90% del ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) correspondiente a las obras necesarias para la instalación de puntos de recarga.

Un punto por cada 20 o 40 plazas

Y la obligatoriedad afecta a todos los edificios no residenciales y a los establecimientos que tengan un aparcamiento con más de 20 plazas, pues antes del 1 de enero de 2023 deberán contar con una estación pública de carga por cada 40 plazas o fracción. Es decir, si hay 21 plazas deberá haber al menos un punto para vehículos enchufables, si hay 40 plazas también deberá haber un punto como mínimo y si son 41 plazas ya pasamos a dos puntos, como mínimo. Hablamos de cualquier centro de trabajo con hasta 1.000 plazas de aparcamiento, como oficinas, almacenes o fábricas, pero también de centros abiertos al público, como hospitales, ambulatorios, colegios y universidades, o cualquier establecimiento o lugar de ocio: supermercados, centros comerciales, restaurantes, hoteles, estadios, pabellones deportivos, recintos feriales... Y en el caso de los estacionamientos más pequeños, que tengan entre 10 y 20 plazas, se pedirá al menos una preinstalación que permita instalar puntos de carga en un mínimo del 20% de las plazas.

Además, el Real Decreto Ley 29/2021 es aún más exigente con los estacionamientos en centros de la Administración General del Estado, pues en ese caso deberán tener antes de fin de año un punto de carga eléctrica de acceso público por cada 20 plazas si el aparcamiento tiene hasta 500 plazas en total. A partir de ahí, se les exigirá un punto de carga más por cada 100 plazas o fracción.

La nueva norma recoge también que la instalación de puntos de carga queda eximida de la obtención previa de una licencia de obras, funcionamiento o actividad medioambiental, pues para agilizar el proceso será suficiente una declaración responsable del titular, eliminándose así el riesgo de uno de los posibles cuellos de botella: la burocracia, que hasta la fecha mantenía inoperativos en muchas ocasiones puntos de recarga instalados desde hace meses e incluso años. En ese sentido, el real decreto ley simplifica especialmente la implantación de estaciones de recarga de acceso público en los terrenos contiguos a la red de carreteras del Estado, lo que podría traducirse en una visible proliferación de cargadores junto a carreteras y autovías, una de las principales carencias en nuestro país hasta ahora y un freno importante, aunque haya otros como su elevado precio, a la expansión del vehículo eléctrico en España.

Adicionalmente, los operadores y los proveedores deberán remitir al MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla la información necesaria para publicar un mapa oficial actualizado de puntos de recarga que indique su localización exacta, las características técnicas de la estación y el precio de la recarga, entre otros datos, y que estará disponible a través del Geoportal de Gasolineras del MITECO.

¿Y en los edificios de viviendas?

En paralelo con esa carrera contrarreloj de los estacionamientos públicos para cumplir la norma el 1 de enero de 2023, el Gobierno acaba de aprobar también el decreto sobre instalación de cargadores para vehículos eléctricos en los nuevos edificios residenciales, modificando el Código Técnico de la Edificación en lo relativo a la mínima infraestructura de recarga eléctrica exigible. Así, en aparcamientos de edificios de viviendas o urbanizaciones con más de 20 plazas, siempre que sean de carácter residencial privado, el real decreto exige canalizaciones de preinstalación para todas las plazas.

Asimismo, el real decreto aprobado esta semana por el Gobierno extiende la obligación de instalar sistemas de generación de energía procedente de fuentes renovables, como la solar fotovoltaica, en los edificios de uso residencial privado con más de 1.000 metros cuadrados contruidos, mientras que para los edificios destinados a otros usos como oficinas o centros comerciales, que hasta ahora estaban obligados a contar con generación de energía renovable a partir de los 3.000 metros cuadrados construidos, a partir de ahora el umbral se sitúa también en los 1.000 metros construidos.