Una disputa sobre patentes de telefonía, tras la sentencia contra Ford en Alemania

Para entender mejor lo que ha pasado en Alemania, será bueno remontarnos unos años atrás. Concretamente al 28 de abril de 2015, cuando el Parlamento Europeo aprobó la regulación de la tecnología eCall, que obligaba a que todos los automóviles nuevos vendidos en su territorio equiparan a partir del 1 de abril de 2018 un sistema de llamada automática de emergencia que en caso de accidente grave se pone en contacto con el teléfono 112, común para todos los países de la Unión Europea. El objetivo, agilizar la asistencia médica, pues se calcula que la ayuda llega un 50% por ciento más deprisa con esa tecnología si el accidente se produce en vías interurbanas y un 60% más rápido si es en ciudad, lo que podría salvar cientos o miles de vidas al año, reduciendo también las consecuencias de las lesiones al coordinarse una atención más temprana.

Para que el sistema funcione, el vehículo debe contar con un dispositivo de comunicación móvil, dotado de una tarjeta SIM propia. Así, cuando una serie de sensores, como el de despliegue de los airbag, indican que se ha producido un accidente grave, el eCall realiza una llamada automática al Centro de Emergencias 112, indicando los datos básicos, como la posición exacta del automóvil mediante las coordenadas de GPS, la dirección y sentido de la vía, la hora del accidente o las características del vehículo.

De ahí que los fabricantes de automóviles o de los sistemas como el eCall deban pagar a los titulares de las patentes de telefonía móvil para obtener las licencias necesarias que permitan prestar este servicio obligatorio por ley. En su día ocho empresas demandaron a Ford por este motivo, pero de todas ellas, al parecer, solo la japonesa IP Bridge, dedicada a la explotación de patentes, mantuvo el litigio contra la multinacional del óvalo azul, lo que acaba de desembocar en una sentencia del Tribunal Regional de Múnich que impone la prohibición de la venta y la producción en Alemania de los vehículos de Ford, e incluso contempla la destrucción de los automóviles en stock producidos desde 2018 en adelante.

El fabricante automovilístico reconoció que el origen del caso judicial "es la concesión de licencias de patentes estándar esenciales para redes LTE", y aunque la sentencia es firme, Ford podría recurrir todavía. Además, IP Bridge debe depositar una fianza de 227 millones de euros en el juzgado, lo que según diversas fuentes retrasaría la aplicación de las medidas algunas semanas, dando tiempo para un posible acuerdo entre demandante y demandado, al estilo de otros producidos por causas similares en el pasado, pues IP Bridge también litigó en su día contra el grupo Volkswagen por la misma patente, aunque en aquella ocasión el fabricante de Wolfsburg decidió no esperar a la sentencia judicial y pagar las patentes de telefonía móvil para disponer legalmente de las licencias necesarias para el funcionamiento de los sistemas eCall de sus vehículos.