Metrovacesa y HSBC se regatean cien millones de euros por la torre del banco británico

El tiempo corre para la inmobiliaria Metrovacesa, que se encuentra atrapada por la cicatería del mayor banco europeo, el HSBC, que regatea en corto a la española a la hora de renegociar su torre. Por otra parte, sobre la compañía pesa la espada de Damocles de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), toda vez que no ha conseguido ampliar su free float al 25% antes de mañana, día 8, tal y como se comprometió.

 

No es ningún secreto que la compra de la torre de HSBC, adquirida diez minutos antes del estallido de la crisis financiera global, con la inestimable asesoría de Colliers International, no fue un buen negocio. Metrovacesa pagó 1.600 millones de euros por un edificio que hoy se ha depreciado considerablemente. “Cuando se adquirió el inmueble, se pagó una primera parte de 330 millones en cash. Otra segunda parte se hizo a través de un préstamo a corto plazo de 1.015 millones que vence el próximo 27 de noviembre. En estos momentos negociamos la refinanciación del préstamo y se contemplan todos los escenarios”, aseguran desde la inmobiliaria.

La propia Metrovacesa ya ha reconocido sin ambages que estaría dispuesta a vender una parte de la torre en caso de que surgiera un comprador, con el fin último de facilitar el proceso de refinanciación. En el sector inmobiliario circula la especie de que las negociaciones con la entidad británica están siendo muy tensas, especialmente por la cicatería de la entidad británica a la hora de quedarse con su sede: “no quiere devolver más de 150 millones de euros, mientras que la española pide cien millones de euros más”, aseguran.

 

En un principio Metrovacesa tenía previsto financiar este importe a través de una emisión de bonos. No obstante, la empresa tuvo que descartar esta opción el pasado mes de mayo ante las dificultades del mercado financiero. Entonces abrió negociaciones con el HSBC para convertir la deuda en un préstamo sindicado a medio plazo (cinco años) con el fin último de ampliar su plazo de amortización hasta al menos veinte años cuando las condiciones de mercado mejoren, negociaciones que aún continúan.

 

El pago de 300 millones por Walbrook vence a finales de octubre

Precisamente, 250 millones, pero de libras, es la cifra mágica que Metrovacesa ha de pagar a Legal & General antes de fin del presente mes de octubre por la operación también londinense de Walbrook Square. Agentes inmobiliarios británicos citados por timesonline aseguran que el activo también se ha depreciado y que la compañía estaría buscando vender una participación del proyecto. 

Los problemas de la compañía no se limitan a la Gran Bretaña. En el folleto de la OPA de Metrovacesa consta su compromiso de ampliar su free float al 25%. Algo que, hasta la fecha, la inmobiliaria no ha podido anunciar. “Hasta el 8 de octubre no podemos comunicar nada”, han declarado a El Confidencial fuentes de Metrovacesa. La CNMV, en su línea, no sabe o no contesta.

Ayer, Metrovacesa desveló a Europa Press que sopesa solicitar a la CNMV una ampliación del plazo que la propia inmobiliaria se dio para poder ampliar su free float y que vence pasado mañana. La compañía controlada por la familia Sanahuja, que ostenta un 80,62% de su capital, actualmente tiene el 9,66% de su capital social fluctuando en bolsa.

Por ello, la empresa se fijó el objetivo de tomar medidas para elevar su liquidez en el plazo de los seis meses posteriores a la liquidación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) obligatoria que los Sanahuja lanzaron sobre la empresa a comienzos de año. Este plazo concluye el miércoles. Metrovacesa reiteró que hasta el día 8 la empresa no evaluará si se cumple el plazo y dará las oportunas explicaciones al mercado.

En el folleto de la referida OPA la compañía que preside Román Sanahuja mencionó como iniciativas tendentes a aumentar su liquidez la posibilidad de realizar una oferta pública de venta (OPV) o una suscripción de acciones ordinarias. Además, apuntó la intención de los Sanahuja de dar entrada a inversores institucionales en la inmobiliaria rebajando su participación hasta un máximo del 51% del accionariado con el fin de mantener así la mayoría en el capital y el control de la empresa. No obstante, el folleto de la OPA se emitió el pasado mes de marzo cuando las condiciones de los mercados financieros, bursátil e inmobiliario eran distintas a las actuales.