Los jóvenes españoles con baja cualificación serán los más perjudicados por la crisis, según CCOO

Va a ser la guerra y sólo el que mejor se adapte sobrevivirá. No es el reclamo de una película o del último videojuego de moda. La crisis económica abrirá una guerra salarial en los niveles de sueldos más bajos cuyos principales perjudicados serán los jóvenes españoles de baja cualificación, que no podrán competir con la flexibilidad de los inmigrantes a la hora de aceptar rebajas salariales.

La abrupta desaceleración de sectores como la construcción acentuaría una tendencia que ya marcaba la Encuesta de Población Activa (EPA) a finales del pasado año. Según los datos recogidos en un informe publicado por el Real Instituto Elcano, la tasa de ocupación de los españoles de bajo nivel educativo entre 16 y 30 años caía 2,1 puntos entre el cuarto trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2006.

Los inmigrantes aguantan el tirón. Eso sí, cobrando menos. ¿Por qué? Sobre todo porque la realidad choca con la intención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de incentivar que los inmigrantes parados regresen a sus países al cobrar íntegramente la prestación por desempleo que les corresponda: la mayoría “no han cotizado o lo han hecho durante pocos meses”, lo que unido a la falta de apoyo familiar hace que su situación sea más vulnerable y les compense más seguir en el país aun a costa de rebajar sus emolumentos.

Según explica en el documento Carlos Martín Urriza, del gabinete técnico confederal de Comisiones Obreras, el origen del problema estriba en que la mayoría de trabajadores extranjeros ha pasado a engrosar el mercado laboral de forma irregular y no ha generado prestaciones. Los números cantan: entre 2001 y 2006, el número de inmigrantes que entró en el país quintuplicó de media los permisos de trabajo concedidos. Y más datos: a mediados de 2007 se habían acumulado en España 1,1 millones de extranjeros extracomunitarios en edad de trabajar que no podían ejercer sus derechos laborales plenos al no tener permiso de residencia o, en el caso de rumanos y búlgaros, de autorización de trabajo.

¿Dónde están los trabajadores?

Por si fuera poco, el principio de contratación en el país de origen no funciona. Faltan recursos. Cuando una pequeña y mediana empresa acude al Instituto Nacional de Empleo ávida de mano de obra inmigrante, las autorizaciones no faltan. Claro que tampoco la indicación de que debe desplazarse al extranjero para contactar con los posibles candidatos. En tanto la mayoría de empresarios no puede asumir ese coste, “el sistema no puede funcionar a través de la legalidad”, expone Urriza.

¿Soluciones? El informe, titulado El impacto de la inmigración en el mercado de trabajo español, ofrece algunas propuestas. Por ejemplo, que sean embajadas, consulados y delegaciones españolas en el extranjero, y no el INEM, las que se ocupen de “desarrollar la infraestructura necesaria” para casar oferta y demanda de mano de obra. También aboga por “desarrollar nuevas redes de protección social para los inmigrantes con nula o escasa protección por desempleo, que les ayude a soportar los costes del ajuste económico”.