Pensionistas vs trabajadores: la perversa lógica de la reforma de Escrivá

España ha elegido. En realidad hace tiempo que la decisión, ampliamente compartida por los grandes partidos políticos, estaba tomada. Sea por cuestiones de convicción social o (como no resulta difícil sospechar) por mero interés electoral, lo cierto es que el poder político se muestra decidido a defender sin merma los beneficios del sistema de pensiones, haciendo recaer los sacrificios en cualquier otra parte.

Como observa Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, "puedes decidir destinar más recursos a pensiones, pero eso implica tener menos recursos para otras partidas".

En el discurso del Ejecutivo, se trata de "una medida redistributiva para que aporten más quienes más tienen"

Contra esa visión se han erguido, persistentemente, los defensores de la idea de que para hacer sostenible el sistema (un sistema seriamente comprometido por el imparable envejecimiento de la población) tan solo hace falta activar las palancas adecuadas, con las que se garantizarían los recursos suficientes sin afectar a partidas tan relevantes como la investigación, la educación o la sanidad.

En esencia, esta última es la idea que sustenta la reforma planeada por el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, basada en un incremento sensible de las cotizaciones (los costes que soportan los salarios para financiar el sistema) con el que se evitaría cualquier cambio que, a la postre, pudiera suponer un recorte de la cuantía de las nuevas pensiones. En el discurso del Ejecutivo, se trata de "una medida redistributiva para que aporten más quienes más tienen", tal y como celebraba a través de su cuenta de Twitter la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra.

Cuando se salta, en cambio, de la arena política al terreno académico, las muestras de entusiasmo se diluyen casi de forma universal. En primer lugar, porque lo que se presentaba como un paso clave para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones ha quedado reducido a poco menos que un parche, insuficiente para asegurar su viabilidad sin medidas adicionales. Pero también porque la fórmula elegida para trasladar esos recursos adicionales al sistema es considerada inapropiada en múltiples formas.

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Sin ir más lejos, porque medidas como el destope progresivo de las bases máximas de cotización (sin incremento equitativo de las prestaciones futuras) o la pretendida cuota de solidaridad para rentas altas vienen a pervertir la misma lógica del sistema español de pensiones, basado en la idea de que las cotizaciones de hoy representan una especie de pago en diferido, de tal modo que quienes más contribuyen acaban recibiendo más. "Las pensiones en España tienen un carácter contributivo y alterar eso es viciar el sistema", apunta Devesa

Como ya observaba Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en un informe publicado el pasado diciembre, una medida de este tipo supone llevar los tipos marginales de gravamen efectivo claramente por encima del 50% para salarios brutos entre 45.000 y 70.000 euros, generando posibles desincentivos en un tramo salarial que "corresponde a trabajadores altamente cualificados que juegan un papel importante para el crecimiento de la productividad".

Unos desincentivos que pueden plasmarse de muy diversa manera, ya sea con una menor propensión a extender sus jornadas por parte de estos trabajadores, a través de una fuga de talento (o, incluso, una creciente salida de empresas a lugares donde la captación de ese talento les resultara menos gravosa), y hasta un posible incremento del empleo sumergido para escapar de lo que la CEOE no ha dudado en calificar como "voracidad recaudatoria".

Algunos expertos ven riesgo de que el coste de la reforma salpique a los salarios más bajos

Quienes defienden el planteamiento del Gobierno tienden a considerar que las medidas implementadas representan un paso audaz para hacer pagar más "a quienes más tienen", entendiendo por ello a las grandes empresas y los trabajadores más pudientes (aunque medidas como la del incremento de la vigencia del MEI tienen efecto sobre la práctica totalidad de los asalariados).

Se trata de un planteamiento que peca de una simplicidad preocupante, tanto por ignorar los perjuicios que pueden derivarse para el conjunto de la economía de incrementar las cargas empresariales (menores incentivos para la contratación y la inversión) y limitar el poder adquisitivo de un segmento de los trabajadores (menor consumo y capacidad de emprendimiento), como por obviar, por enésima vez, que existen mecanismos por los que los costes de este tipo de medidas pueden acabar trasladándose y repercutiendo sobre quienes, a priori, pretenden proteger.

En este sentido, Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, detallaba en un artículo escrito en 2018 los distintos caminos por los que las empresas podían lidiar con un incremento de sus costes de contratación como el que representa la reforma planteada por el Gobierno.

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La primera sería, obviamente, una reducción de los salarios de los trabajadores afectados o una menor demanda de los perfiles que pudieran reclamar salarios en el umbral penalizado por este aumento de costes. Pero otra comprendería un traslado de esos costes a los trabajadores menos cualificados, en forma de salarios más bajos. "Esta opción, posible porque estos trabajadores tienen menor poder dentro de la empresa debido al tipo de trabajo que realizan, echaría por tierra el objetivo redistributivo de la medida, consiguiendo el objetivo contrario", indicaba García.

A estas se sumaría un tercer extremo, que pasaría porque el incremento de cotizaciones resultara, definitivamente, en ajustes de plantilla y sustitución de trabajadores por máquinas, reduciendo la mayor recaudación prevista por la medida. No es baladí, en este sentido, que la propia Bruselas hubiera expresado previamente sus recelos a cualquier paso que supusiera gravar adicionalmente la contratación en un país que mantiene una de las tasas de desempleo más elevadas de la región.

Ninguno de estos caminos se encuentra prescrito ni, por tanto, se puede dar por seguro. Pero no deja de resultar significativo que el Gobierno una vez más los deseche, para aferrarse a los usuales eslóganes de solidaridad de los más pudientes, mientras carga nuevamente las rentas del trabajo para preservar unas pensiones que crecen desde hace años de forma muy superior a los salarios.

Sería una manera de hacer más transparente el coste de esta política

Y que lo hace en esta ocasión con un mecanismo insuficiente, ineficiente, poco transparente y que pone en cuestión la propia justicia del sistema, con unas cargas sin contrapartida que recaen sobre una base limitada de trabajadores, cuyas ganancias ya están gravadas en mayor medida por los impuestos sobre la renta y, en su caso, el patrimonio.

"Si hemos decidido como país que queremos mantener unas pensiones más elevadas de las que el propio sistema puede cubrir, habría que hacerlo, al menos, con impuestos más equitativos y eficientes", sostiene De la Fuente, quien plantea como alternativa un recargo sobre el IRPF más generalizado. Sería una manera de hacer más transparente el coste de esta política. Pero difícilmente eso es algo que ni Escrivá ni sus compañeros de Gabinete tengan entre sus intereses.