Lo aceptable vs. lo responsable: el FMI vuelve a señalar el cabo suelto de las pensiones

Poca sorpresa producen ya a estas alturas del ejercicio los recortes de previsiones sobre el crecimiento de la economía española. La decisión del FMI, conocida este miércoles, de reducir en 1,1 puntos porcentuales su expectativa sobre el PIB nacional es solo una más en la sucesión de proyecciones que han ido dejando en entredicho los números del Gobierno, aferrado a un optimismo que hoy luce como simple cerrazón. Máxime cuando la nueva irrupción del coronavirus apunta a poner un broche nefasto a un año que ha defraudado las altas expectativas con las que fue recibido.

En la nota publicada por el fondo resulta mucho más significativa, no obstante, la llamada de atención que lanza sobre la reciente reforma de las pensiones, manifestando su inquietud por los efectos que puedan derivarse de la misma sobre la sostenibilidad del sistema.

Tras advertir de que el contenido de la reforma supondría un incremento del gasto en pensiones equivalente al 3,5% del PIB para 2050 y señalar, por ende, la necesidad de medidas compensatorias que ayuden a preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y, con ello, de las finanzas públicas españolas, el FMI subraya una dura realidad que ha venido condicionando desde hace años un debate esencial como este para el futuro del país: en la reforma se ha priorizado la aceptabilidad social frente a la sostenibilidad.

El fondo lamenta que en la reforma de Escrivá se haya priorizado la aceptabilidad social

El de las pensiones es uno de esos grandes problemas de la economía nacional, reconocido de forma unánime, pero sobre el que pocos se atreven a actuar con contundencia. Solo en una situación crítica como la de la crisis de la década anterior, el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, se animó a realizar una serie de modificaciones con el fin de adaptar el sistema público de pensiones a una realidad demográfica (creciente envejecimiento de la población y bajas tasas de natalidad) que empujaba hacia un callejón sin salida.

Pero ese mismo Gobierno no dudó en revertir varias de sus propias medidas en cuanto las condiciones económicas escamparon y ha sido ahora el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez el que ha acabado derogando sus partes esenciales, volviendo a ligar los pagos al IPC y eliminando un factor de sostenibilidad llamado a repartir a lo largo del tiempo la carga de hacer sostenible el sistema entre pensionistas y trabajadores. Frente a esto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, que dirige José Luis Escrivá, ha pergeñado una solución denominada Mecanismo de Equidad Intergeneracional que no solo parece insuficiente para compensar los mayores gastos derivados de las restantes medidas, sino que vuelve a volcar todo el peso del sistema sobre las generaciones más jóvenes a costa de mantener la capacidad adquisitiva de la población mayor.

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En el debate de las pensiones pueden aceptarse distintas soluciones siempre que lleven a una misma meta, que no puede ser otra que asegurar la sostenibilidad del sistema, dotándolo de los fondos necesarios para garantizar sus pagos. Si se entiende que las soluciones encaminadas a restar capacidad adquisitiva a los pensionistas son difícilmente digeribles, es necesario aplicar otras medidas correctoras que puedan ayudar a compensar el exceso de gastos al que conduce la indexación de las pensiones al IPC. Pero el rechazo sistemático a toda medida que pueda generar malestar y contestación social en el ámbito de las pensiones no hace sino engordar el problema y pasar la patata caliente a las generaciones venideras.

Es obvio que en el ámbito de las pensiones existen muchas situaciones de fragilidad ante las que un Gobierno no puede cerrar los ojos y responder únicamente con la frialdad de las matemáticas. Y señalar, sin matices, que España paga unas pensiones excesivas puede resultar muy controvertido.

La ausencia de consensos políticos sigue frenando la posibilidad de reformas esenciales

Sin embargo, tampoco puede ignorarse que, tal y como está configurado, el sistema de pensiones español adolece de una serie de desequilibrios que lo hacen extremadamente frágil. Así lo ponía de relieve un reciente informe de la OCDE, en el que, entre otras cuestiones, se resaltaba que los pagos a los mayores de 65 años son en España más altos, en términos relativos que en la mayoría de los países; las condiciones para acceder a una pensión completa son más laxas que en el resto de países (con la única excepción de Italia); se toma en consideración solo una parte de la carrera laboral para el cálculo de la pensión, y, tras la reciente reforma, se carece de mecanismos de ajuste automático.

En sus apreciaciones sobre la reforma, la OCDE advertía de que “el caso español ilustra que una política consistente en el tiempo requiere un amplio consenso político antes de su implementación”. Pero, si algo ha faltado en España a la hora de abordar decisiones difíciles, es precisamente eso, consenso, lo que lleva constantemente a los partidos en el Gobierno a buscar las salidas más aceptables y las que mejores réditos les pueden aportar en términos políticos, posponiendo 'sine die' la adopción de las soluciones efectivas. Y esto resulta especialmente preocupante en un momento como el actual, en el que se confía en que España pueda aprovechar las reformas asociadas al plan de recuperación financiado por Europa para librarse de las ineficiencias que vienen lastrando su economía desde hace varios lustros.

En torno al problema de las pensiones surge con frecuencia la advertencia de que lo que no se solucione a tiempo puede acabar precisando de medidas quirúrgicas bruscas y dolorosas como las que se vieron obligados a asumir Portugal y, sobre todo, Grecia durante la pasada crisis de la deuda. Cuanto más se siga anteponiendo lo aceptable sobre lo responsable, parece inevitable que ese fantasma se vaya haciendo cada vez más presente.