El atasco de los rescates de la SEPI y el peligro de las heridas a largo plazo

Uno de los grandes mantras que presidió la primera etapa de la crisis del coronavirus fue salvar el tejido productivo de una crisis que por su propia esencia debía ser temporal —por entonces, se confiaba en un ‘shock’ más efímero de lo que ha acabado resultando— para que las empresas estuvieran en condiciones de liderar una rápida recuperación una vez se pudiera retomar la normalidad.

El Gobierno español no dudó en hacer bandera de aquella política que, junto a las medidas de corte social, fue presentada con boato en infinidad de comparecencias del presidente, Pedro Sánchez, y sus ministros. Sin embargo, han sido constantes los estudios que a lo largo de este tiempo han puesto de relieve que en este campo España ha quedado muy lejos de las cifras de ayuda a sus empresas que pusieron en marcha los países de su entorno.

Pero si el tamaño de las medidas aprobadas ya puede llegar a juzgarse insuficiente, más preocupante es que estas no hayan llegado a implementarse de forma efectiva. Y eso es lo que viene ocurriendo con uno de los programas más relevantes de cuantos se pusieron en pie en aquellas fechas: el fondo de solvencia para empresas estratégicas en apuros, dotado con 10.000 millones de euros y administrado por la SEPI.

Más de 60 empresas aguardan desde hace meses por la resolución de sus solicitudes

A menos de dos meses para que expire su vigencia —aunque se confía en que pueda prorrogarse seis meses más con el visto bueno de Bruselas—, este fondo ha repartido alrededor de 1.350 millones de euros (poco más del 13% del total) en ayudas a siete empresas, mientras más de 60 solicitudes se acumulan desde hace meses en las mesas de sus gestores, incapaces de darles trámite a la velocidad deseable. Nombres como los de Naviera Armas, Abengoa, Celsa, Mediapro, Room Mate, eDreams o Técnicas Reunidas forman parte del nutrido grupo de empresas que esperan como agua de mayo una inyección de capital que les ayude a sobrellevar los daños ocasionados por el coronavirus, mientras que otras como Duro Felguera o Air Europa ya claman por una segunda ronda de ayudas, ante el agravamiento de sus dificultades.

Repartir dinero público entre empresas, aunque sea bajo el compromiso de su devolución, es siempre una tarea sensible, máxime para un Gobierno que hizo del rescate bancario de 2012 un factor de acoso continuo al Ejecutivo de entonces, presidido por Mariano Rajoy. Puede entenderse por tanto que se apliquen las máximas cautelas y garantías a los distintos expedientes, para asegurar que el dinero llegue efectivamente a empresas que lo necesiten y que puedan ser viables en un escenario de normalidad pospandémica. Pero, curiosamente, son varios los casos polémicos entre los pocos rescates aprobados a día de hoy, como el de Duro Felguera o, en mayor medida, el de Plus Ultra.

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La polémica en torno a estos rescates puede explicar en cierta medida el retraso que han sufrido posteriores expedientes, conforme se entiende que los responsables del fondo hayan debido extremar las precauciones para evitar nuevas controversias.

Pero no deja de resultar frustrante y preocupante que medidas levantadas supuestamente para paliar los daños de la crisis hayan dado hasta la fecha unos resultados tan magros, alargando en el tiempo las dificultades de las empresas que han reclamado esas ayudas. Es cierto, como apunta Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, que, a diferencia de las medidas para asegurar la liquidez de las empresas durante la crisis, que sí precisaban de una urgencia inmediata, las necesidades de capital que trata de paliar el fondo de la SEPI ofrecen un margen de actuación algo más amplio. Pero prolongar las incertidumbres a que se enfrentan estas empresas (y con ellas sus trabajadores) no contribuirá, precisamente, a facilitar la recuperación rápida que tanto ha pregonado el Gobierno y que cada vez parece más lejana.

Hasta la fecha, apenas se ha desplegado un 13% de los fondos con que se dotó el fondo

“A las empresas que tienen problemas de solvencia derivados de la crisis hay que ayudarlas. Y sería muy decepcionante que nos quedáramos en las cifras actuales”, observa Carbó.

“La política de ayudas selectivas a empresas que a causa de la pandemia pueden tener problemas específicos tiene bastante sentido”, argumenta también Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, quien admite que pueden entenderse ciertas precauciones que pueden haber alargado el proceso para asegurar que el dinero llega adonde debe llegar. Pero el riesgo es que buena parte de esos fondos no llegue a tiempo para muchas de las empresas que puedan necesitarlos para evitar su colapso. Y este es un peligro que resulta mucho más grave en un momento como el actual, en que la recuperación inicial tras el fin de los confinamientos está perdiendo tracción cuando a España le resta aún un largo trecho para cerrar la brecha generada por el coronavirus.

Como el propio De la Fuente señala, aún queda por comprobar el daño real que la crisis haya dejado en el tejido productivo español, lo que quedará patente una vez venzan varias de las medidas extraordinarias aprobadas en este periodo, como las facilidades crediticias, las moratorias concursales o las restricciones a los ajustes de plantilla. Evitar en la medida de lo posible heridas profundas que lastren durante años la recuperación era la misión de medidas como la aprobación del fondo de solvencia. Pero sin una aplicación efectiva y puntual, su poder de mitigar los daños podría acabar resultando insuficiente y las secuelas de la crisis, mucho más duraderas.