La Justicia desbloquea los 34 millones restantes del rescate a Plus Ultra

El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha desbloqueado el pago de 34 millones a Plus Ultra como parte del rescate aprobado por el Gobierno. El 22 de julio, se suspendió la entrega de este dinero de forma cautelar para pedir a Plus Ultra que justificara "su pertinencia", pero, tras analizar las alegaciones de la compañía, se da luz verde a la misma: "En el caso de que se suspenda definitivamente la entrega del préstamo participativo de 34.000.000 euros, puede suponer el riesgo de insolvencia definitiva de Plus Ultra, obligándola a dejar de operar y creando un perjuicio a los pasajeros que han pagado por anticipado", argumenta el auto.

El 2 de marzo, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó un rescate a la aerolínea que consistía en la entrega de 53 millones en dos pasos: por un lado, 19 millones que ya han sido desembolsados como préstamo ordinario con un vencimiento a cinco años y, por otro, los 34 millones que iba a recibir el pasado 28 de julio como préstamo participativo con vencimiento a siete años y cuya entrega se desbloquea ahora.

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El auto, firmado por el juez en funciones de sustitución Jaime Serret, apunta para ello a que "el plan de viabilidad aprobado por el FASEE y ahora corroborado por un nuevo auditor contratado por Plus Ultra permitiría la viabilidad de la empresa (de hecho, esta es la razón por la que se le ha otorgado la ayuda investigada) y la consiguiente devolución de los préstamos a la administración". También incide en que en "el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al FASEE se ha incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones y un acuerdo de gestión con la compañía", por lo que existen "medidas de control y supervisión de la administración".

En cuanto a los posibles delitos que señalan las acusaciones populares personadas en el caso, entre ellas Vox o el PP, el juez considera que se limitan "a transcribir artículos del Código Penal y su jurisprudencia, sin engarzarlo con los hechos denunciados". Apoyándose en este razonamiento, Serret concluye que "por ahora no aparece delito de cohecho alguno ante la absoluta falta de referencia a la dádiva o contraprestación por el presunto otorgamiento fraudulento de la ayuda financiera a Plus Ultra, y otro tanto ocurre en relación con el delito de tráfico de influencias, pues tampoco hay referencia alguna".

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El juez atiende así el recurso de la compañía, a cuyos argumentos se sumaron tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía: "En ausencia de apoyo estatal la compañía no podría atender sus obligaciones operativas y retornar a la actividad, teniendo graves dificultades para seguir en funcionamiento", sostenía esta última en un informe del 30 de julio. Para reforzar esta idea, apuntaba además a que su cierre conllevaría "una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y afectaría de forma indirecta al empleo de 2700 trabajadores", con un impacto "de 365 millones de euros en términos de facturación".

El desbloqueo de la ayuda de 34 millones llega después de que el Tribunal de Cuentas archivara a finales de julio la causa que mantenía abierta sobre el rescate Plus Ultra. El órgano fiscalizador consideró que no existen indicios suficientes de que la concesión de las ayudas públicas a la aerolínea haya provocado daños para los fondos públicos, postura que por el momento también da por buena Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

En cualquier caso, por mucho que ahora se apruebe la entrega de 34 millones de euros, la investigación se mantiene abierta: "Obviamente si no se realiza una investigación penal, nunca existe indicio de delito. La instrucción está en un estado embrionario para determinar si existe o no el delito denunciado; toda vez que se han puesto de manifiesto una serie de hechos que pudieran tener relevancia penal y se están acordando diligencias de comprobación sobre estos hechos", advierte el auto.